Las disputas internas en la Corte Suprema siguen a la orden del día y esta semana se conocieron nuevos ingredientes sobre una vieja riña acerca del manejo de la obra social judicial, que a su vez formará parte del proceso de juicio político que se les sigue a sus integrantes en el Congreso.
A través de una carta enviada al directorio de la Ospjn que preside Mariano Althabe, Ricardo Lorenzetti buscó dejar expuestas irregularidades en el manejo de la institución que se vienen arrastrando hace ya varios años y que fueron foco de enfrentamientos con sus colegas cortesanos.
En la misiva, el juez buscó tomar distancia y apuntó contra sus autoridades por no corregir los “incumplimientos que se denunciaron en la auditoría”.
También cuestionó a Althabe que “los únicos balances que no están presentados son los del año 2021 y 2022, que corresponden a su gestión”.
La carta de Lorenzetti que se publicó en el Centro de Información Judicial el martes pasado da cuenta de un largo enfrentamiento interno por la administración de la obra social, sobre todo con Juan Carlos Maqueda, que se ocupaba de la supervisión del organismo aunque sin un nombramiento formal. Por esta situación, Lorenzetti recibió un pedido de juicio político de parte de la Coalición Cívica en 2017, cuando presidía el Tribunal y es por eso que busca defenderse.
La agenda judicial copa el Senado, que dio indicios de un primer acuerdo
En simultáneo a estos cruces, la Comisión de Juicio Político de Diputados lleva adelante el procesamiento contra los cuatro integrantes de la Corte y según confirmaron a PERFIL integrantes de la misma, el Frente de Todos está evaluando avanzar con la citación de una serie de testigos para abarcar los manejos irregulares en la obra social, incluso antes del análisis de las decisiones de la Corte en torno al fallo de Coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.
Como parte del proceso contra los cortesanos, el FdT realizó un requerimiento a la Corte para que aporte documentación respaldatoria a la Comisión, en especial un correo electrónico enviado por Maqueda a sus colegas en el que anuncia su “retiro de la supervisión de la obra social”. Para sorpresa de los oficialistas, el pedido a la Corte tuvo respuesta positiva y en los últimos días recibieron los textos, incluido el mail de Maqueda en el que admite complicaciones en la administración de la obra social que busca ser tomado como prueba.
“Desde el día de mañana, 31 de agosto del año 2021, dejo de actuar en la Supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, tal como se los adelantara a Uds. por zoom en reiteradas oportunidades”, dice Maqueda.
Si bien menciona una serie de hitos en la gestión, el juez indica que “las tareas pendientes en momentos de pandemia tapan los logros y las realizaciones. La Obra Social es muy codiciada por grupos de presión y sectores de poder por su solvencia económica actual. Todos elevan críticas pero no propuestas de soluciones reales para sus problemas que, básicamente, es una mejor atención a los afiliados”, detalla el magistrado, que indicó que se trataba de “un ciclo cumplido, terminado con luces y sombras”, de acuerdo al documento al que tuvo acceso PERFIL.
“Las pruebas de corrupción en la obra social del Poder Judicial son tan contundentes, que en la Corte ya piensan en entregar a uno para que no arrastre a todos. Son cuatro barrabravas”, sostuvo el diputado Rodolfo Tailhade, uno de los integrantes de la Comisión de Juicio Político e integrante del Consejo de la Magistratura.
El exministro macrista Garavano, citado a la Comisión
Germán Garavano, exministro de Justicia durante la gestión de Mauricio Macri, encabeza la lista de testigos citados para el próximo martes por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Se agregan a la nómina los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Ignacio Miri y Silvana Boschi, a quienes se les consultará sobre una serie de artículos que publicaron sobre el fallo Muiña, en el que se concedió el beneficio de 2x1 de los años que pasó en prisión sin condena firme, en un caso por un crimen de lesa humanidad. Por el mismo asunto ya habían sido citados el senador José María Torello, exasesor de Macri y mencionado como integrante de la “mesa judicial” que se escudó en sus fueros parlamentarios para no concurrir, y otro colaborador del expresidente Fabián “Pepín” Rodríguez Simón que se encuentra prófugo de la Justicia en Uruguay y que además agregó que no tiene “nada para aportar” a la causa que se investiga.
Según confirmaron a PERFIL desde el oficialismo, lo que se busca probar aquí es que hubo un supuesto acuerdo entre la exintegrante de la Corte Elena Highton de Nolasco, a partir del cual Garavano avaló su continuidad en el cuerpo después de cumplir sus 75 años, a cambio de un cambio de voto en el caso Muiña, en el que se había manifestado de manera negativa en una primera decisión.
En principio, la intención de los integrantes de la Comisión es focalizarse en el bloque temático que se tratará el próximo martes desde el mediodía, pero en las últimas cinco reuniones con invitados el debate se fue recalentando con el correr de las horas y en la mayoría de las ocasiones abrió otros interrogantes para los citados. Esta situación es esperada sobre todo en el caso de Garavano en el que no se descartan las preguntas sobre otros ejes que involucran a la Corte.
