“Los involucrados deberán asumir la responsabilidad”

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, buscó despegarse de las denuncias por una licitación en la compra del edificio de la sede del organismo y aseguró que “si se comprobaran” las irregularidades “los involucrados deberán asumir las responsabilidades que correspondan”. Así lo sostuvo en declaraciones a PERFIL, ante la consulta de este medio sobre su posición frente a las denuncias.

La jefa de los fiscales quedó imputada luego de que la Justicia accediera a documentación que involucra a uno de los funcionarios de la Procuración, Guillermo Bellingi, quien a principios de 2013 era subdirector general del organismo e intervino en una licitación ordenada por Gils Carbó para adquirir el edificio de Perón 667.

Bellingi está en la mira del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano porque su medio hermano, Juan Carlos Thill, cobró una comisión de $ 3 millones por supuestamente haber asesorado a la inmobiliaria que intervino en la venta del edificio, como reveló Infobae. La propiedad era de la familia Bemberg y se pagó $ 43.850.000.

Gils Carbó sigue defendiendo la decisión de comprar el edificio. “De las ofertas disponibles, el edificio comprado era el de menor precio por metro cuadrado. Inclusive se pagó un valor inferior al tasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Sin embargo, todas estas previsiones no permiten constatar si existió un presunto uso indebido de información privilegiada en beneficio personal por parte de un funcionario, en desmedro de la transparencia de todo el proceso”, dijo. “Si se comprobara que esto ocurrió, los involucrados deberán asumir las responsabilidades que correspondan”, agregó en referencia a Bellingi.

Según Infobae, “los contratos entre los que cobraron las comisiones millonarias se firmaron antes de que la licitación se hiciera pública” y Bellingi favoreció con dos decisiones al edificio que finalmente fue elegido: firmó una sugerencia para que los oferentes pudieran presentarse sin la necesidad de haber obtenido el “certificado fiscal” para contratar con el Estado y redujo la superficie mínima requerida del edificio que iba a comprar la Procuración.

En el entorno de Gils Carbó aseguran que se enteró de la conexión de Bellingi con el cobrador de la comisión millonaria a través de los medios. “Tras el primer indicio de estos hechos, tomé todas las medidas para esclarecer lo más rápido y eficazmente posible lo sucedido. De hecho, dispuse la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo con el objetivo de establecer su responsabilidad y ordené estudiar integralmente toda la licitación”. También instruyó al fiscal Sergio Rodríguez para que investigue la denuncia.