La delegación argentina que llegó a París este lunes para participar del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no es una más. Allí, la presencia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del juez federal Ariel Lijo en la sede de la OCDE generó un ruido político inevitable, dadas las circunstancias que atraviesa el país: Lijo es, precisamente, el magistrado que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos irregulares con proveedores del Estado.
A la espera del veredicto de los evaluadores internacionales, el GAFI se reúne esta semana para analizar si Argentina cumple con los estándares exigidos en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y control judicial.
Dicha comitiva tiene el difícil desafío de explicar por qué, a pesar de las recomendaciones internacionales, el país mantiene condenas por lavado y una investigación que, bajo la lupa del GAFI, es vista con escepticismo.
Según explicaron desde la comitiva, Lijo no fue invitado por el Gobierno argentino sino por la propia organización internacional en su condición de juez federal. Junto a él y a Mahiques también viajó Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y uno de los candidatos que aparecen en las conversaciones para cubrir vacantes en la Justicia Federal.
La reunión del GAFI se desarrolla en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y reúne a representantes de más de 200 jurisdicciones. Allí, Argentina deberá exponer los avances realizados para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras operaciones financieras ilegales.
A este punto, adquiere una relevancia especial porque el país fue sometido a una evaluación integral a fines de 2024 y ahora deberá demostrar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el organismo internacional.
Dentro de las observaciones realizadas por el GAFI figura la necesidad de fortalecer las investigaciones vinculadas al lavado de activos, especialmente aquellas relacionadas con hechos de corrupción, movimientos financieros informales y operaciones sospechosas en el mercado inmobiliario.
También se señaló la baja cantidad de condenas obtenidas en comparación con los riesgos detectados.
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Respecto del financiamiento del terrorismo, reconoció que Argentina cuenta con un marco normativo adecuado, aunque advirtió limitaciones en las investigaciones, escasez de fiscales especializados y una cantidad reducida de condenas.
Qué es el GAFI, el organismo que evalúa a Argentina por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
La Argentina enfrenta esta semana una nueva instancia de revisión internacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que fija los estándares globales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas. Ahora, la evaluación se desarrolla en París, donde representantes de más de 200 jurisdicciones analizan los avances y desafíos de cada país en materia de control financiero.
Así, el GAFI fue creado en 1989 por los países integrantes del G7 con el objetivo de coordinar acciones contra el lavado de activos. Un año después publicó sus 40 recomendaciones, consideradas actualmente la principal guía internacional para combatir los delitos económicos y financieros.
Dicha reunión que se desarrolla esta semana corresponde al último plenario bajo la presidencia de la mexicana Elisa de Anda Madrazo. A lo largo de varios días, delegados de todo el mundo debaten nuevas amenazas para la integridad financiera global, intercambian información y revisan el grado de cumplimiento de los estándares internacionales.
Por decreto, el Gobierno flexibiliza los requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema
El presidente Javier Milei firmó un nuevo decreto que modifica sustancialmente el proceso de selección y designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquella medida, que será publicada en las próximas horas, altera las reglas de juego establecidas por el Decreto 222/03 —conocido como de "autolimitación presidencial"—, reduciendo plazos y eliminando instancias de control administrativo previas al envío de los pliegos al Senado.
Sin más, entre los principales cambios, el decreto elimina el mecanismo que permitía a organizaciones civiles, colegios profesionales y ciudadanos presentar observaciones o impugnaciones sobre los candidatos ante el Ministerio de Justicia. A partir de lo dicho por el Gobierno, esa instancia representaba una duplicación de procedimientos debido a que el Senado ya realiza su propia evaluación durante el tratamiento de los pliegos.
A su vez, la norma reduce los requisitos de publicidad de las postulaciones. A partir de ahora ya no será obligatorio publicar durante tres días consecutivos los antecedentes de los candidatos en diarios de circulación nacional, ya que toda la información quedará centralizada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia.
Otro de los cambios elimina las recomendaciones incorporadas en 2003 que sugerían contemplar la diversidad de género, la especialización técnica y la representación regional al momento de realizar las designaciones. Además, el Gobierno estableció un procedimiento más breve y uniforme, con plazos más acotados para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emita los informes correspondientes sobre los postulantes.
Este cambio normativo ocurre en un contexto de alta actividad en el Congreso, donde el oficialismo ha logrado avanzar con más de 70 pliegos judiciales. La Corte Suprema, actualmente integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mantiene dos vacantes que han sido objeto de intensas disputas políticas.
MV
