En el tablero judicial, los últimos movimientos de piezas se hicieron a la velocidad de la luz. Así, en menos de 15 días, se pasó de la detención del presunto abogado Marcelo D’Alessio, acusado de extorsión, al llamado a indagatoria del fiscal Carlos Stornelli, por presunto espionaje ilegal. Una situación impensada apenas semanas atrás.
El fiscal lleva adelante la causa de corrupción más importante de la historia local: la de los cuadernos de las coimas. La que dejó al descubierto el circuito que operó en torno de la obra pública entre 2003 y 2015, es decir todas las gestiones kirchneristas, y puso contra las cuerdas tanto a ex funcionarios de esos gobiernos como a los empresarios más renombrados de la escena local. Desde Carlos Wagner y Paolo Rocca hasta Aldo Roggio y Angelo Calcaterra son algunos de ellos. Del otro lado, la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios como Julio De Vido y Roberto Baratta hasta Nelson Lazarte, un ladero fiel que se convirtió en una pieza central de la recaudación de sobornos, pasando por el ex secretario José María Olazagasti, hasta entonces un intocable.
En torno de ese expediente por estas horas, todos son rumores y especulaciones, por el golpe que significa la acusación contra Stornelli. Y varios son los defensores que se relamen con lo que vendrá. Ya se presentaron al menos dos recusaciones en su contra –una ya fue rechazada– y otros especulan con pedir nulidades a la hora del juicio oral y público, en lo vinculado a las pruebas del caso, que desde que comenzó buscan derribar. Es que parte de los penalistas que representan a los distintos involucrados en el caso, en especial los que defienden a los ex funcionarios, están convencidos de que lo que sucede con Stornelli tendrá indefectiblemente su capítulo en cuadernos y ellos estarán detrás. “Cómo se sostiene una causa en la que el fiscal está acusado, de mínima de espionaje ilegal, que se juntó con un tipo que pedía dinero en su nombre y que encima había declarado en la causa de Gas Natural Licuado como testigo”, desplegó una fuente ante PERFIL.
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Plazos. El tema del tiempo no es menor. Hay una impresión extendida, que se sostiene en base a información que circula alrededor del escándalo que salpica a Stornelli. Y es también la que hace que haya mucha cautela tanto en sectores del Poder Ejecutivo como al interior del propio edificio de Comodoro Py. Varias voces coinciden en que hay más material que puede comprometer a distintas personalidades tanto en distintos registros, como fotos, videos o audios, y que la estrategia detrás de las filtraciones que pueda haber será que todo irá saliendo a “cuentagotas” y complicando cada vez más el escenario.
“Eso explica por qué nadie salió demasiado a embanderarse con Stornelli, salvo (la diputada, Elisa) Carrió. Hay mucha precaución por lo que pueda seguir apareciendo”, completaron. El fiscal cuenta con otros apoyos, pero silenciosos.
Carrió denunció que hubo una operación contra Stornelli y señaló a los ex funcionarios kirchneristas detenidos en Ezeiza, como Baratta, afectado por el caso de los cuadernos, como quienes estaban detrás de las maniobras. En las últimas horas anunció que iría contra Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura. El miércoles anticipó que ampliará su denuncia contra el magistrado de Dolores “por querer ensuciar a Stornelli”.
Argumentos. “Vienen insistiendo con las nulidades y recusaciones desde que empezó el caso: desde que si las fotocopias o no las fotocopias, o que por cómo y dónde empezó el caso o por si hay o no registros del momento en que se arrepintieron los imputados colaboradores, mirá si no van a ir a la carga con esto de Stornelli”, describió otra fuente de los tribunales de Retiro ante este medio.
En Comodoro Py, la mayoría cree que el caso de los cuadernos seguirá su curso normalmente pasado el escándalo. Allí la mira está puesta en que el expediente que involucra al fiscal vendrá eventualmente desde Dolores a Buenos Aires, tras la discusión por la cuestión de competencia territorial que ya fue planteada en dos oportunidades. Primero por el juez Julián Ercolini, que lleva adelante el caso que se inició tras la denuncia de Stornelli contra D’Alessio y luego por la propia inhibitoria que presentó la defensa del fiscal, encabezada por Roberto Ribas, tras conocerse la citación a indagatoria prevista para este jueves a las 11 de la mañana en Dolores.
Desde el comienzo del caso que involucra a Stornelli, que se conoció poco después de que trascendiera una denuncia por presunto soborno contra el juez federal Luis Rodríguez, tras la declaración de la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, se habla de una pelea de bandos y del descontrol en torno de los servicios de inteligencia y los operadores judiciales. En ese entramado de sospechas, el viernes Ramos Padilla envió un oficio al Congreso con información sobre D’Alessio y sus vínculos con la DEA. Todo en un año electoral en el que la causa de los cuadernos parece erigirse como una especie de estandarte de campaña tanto para el macrismo como para el
kirchnerismo.
Todo en un año electoral en el que la causa de los cuadernos parece erigirse como una especie de estandarte de campaña tanto para el macrismo como para el kirchnerismo.
Los fueros que tiene el fiscal. El fiscal Federal Carlos Stornelli se enfrenta por estas horas a la indagatoria a la que fue citado para este jueves 7, a las 11. Es por su presunta participación en “maniobras de inteligencia y espionaje ilegales”. La indagatoria será en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, ante quien ya se presentó el viernes por la mañana su defensor Roberto Ribas, para presentar el pedido de incompetencia del juzgado. Entienden que los hechos investigados presuntamente ocurrieron en Buenos Aires y que allí debe tramitar la causa. El juez federal Julián Ercolini le pidió a Ramos Padilla hace casi dos semanas que se inhiba de seguir participando del caso.
Por ser fiscal, Stornelli está alcanzado por sus fueros, al igual que los legisladores y magistrados, por lo que si bien eventualmente podría llegar a ser procesado por el caso, lo que no se podría es ordenar su detención o allanar su despacho o domicilio sin previa autorización del Parlamento. Tampoco es posible que un magistrado ordene interceptar sus comunicaciones telefónicas, chats o correos electrónicos, sin previa autorización de la Cámara.
