Todo salió a la vista el miércoles, cuando la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, criticó: “Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada”.
Para deslindar su responsabilidad en la gestión de su gobierno, Fernández de Kirchner reveló: “Oportuna y reservadamente, manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava al proceso inflacionario”.
Lo cierto es que los motivos de su ira duraron apenas un par de horas. El dueño presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, le recordó que desde que ella asumió la vicepresidencia, y Alberto Fernández la primera magistratura, y hasta agosto de este año, “la cuota de la medicina prepaga aumentó el 173,9% y la inflación fue del 221,5%”.
Los precios “regulados”, como la energía o el transporte, subieron 62,1%
Además “durante todo 2021 las empresas de medicina prepaga dieron pérdida”, dijo el titular de Swiss Medical a diversos medios.
Lo cierto es que esta situación refleja un proceso más profundo y que es que, cuando un país sufre un período tan prolongado de inflación, comienza a haber un problema adicional que es el de “los precios relativos”, es decir, algunos bienes o servicios aumentan de manera más rápida que otros.
Si bien la inflación entre septiembre de este año e igual mes del año pasado subió 83%, lo cierto es que ese promedio en la medición del Indec “esconde” grandes diferencias. Así, mientras los productos “estacionales” como Alimentos y Bebidas, o Indumentaria y Turismo, aumentaron en promedio 122,2%, los “regulados”, como la energía o el transporte, solo lo hicieron en un 62,1%.
Todos los meses seguimos casi duplicando la inflación de un año atrás. Un factor importante de la leve baja (de septiembre respecto a la de agosto, 6,2% frente a 7%) es que se demoró la segmentación de tarifas”, explicó la economista María Castiglioni.
La integrante de la consultora CyT consideró que “la baja de inflación (de septiembre) no parece un cambio de tendencia” porque la suba de las tarifas “te va a pegar en octubre y en noviembre”, que se sumarán a otros aumentos. Castiglioni en declaraciones a Radio Milenium puso como ejemplo de la espiral inflacionaria la implementación del “dólar Qatar”, ya que “terminará impactando en los precios de turismo, poniéndoles un piso más alto a los precios domésticos”.
En el mismo sentido, otra economista, Marina dal Poggeto, advirtió que “existen varios precios que tienen que actualizarse”, como los de la energía, los combustibles “y otros que siguen rezagados”.
Los números del Indec parecen darle la razón a la titular de la consultora EcoGo. Solo tomando los últimos doce meses –en plazos más largos, la brecha se amplía– puede observarse que la indumentaria aumentó el triple que el rubro Electricidad, gas y otros combustibles y que Verduras, tubérculos y legumbres subió 3,5 veces más que Servicios de telefonía e internet.
Para tomar una referencia, en la zona de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el rubro Prendas de vestir y Calzado aumentó 120,5% en 12 meses, pero Combustibles y lubricantes, menos de la mitad, solo el 58,6%.
Las verduras y legumbres el 125 %, la carne el 77% (por debajo de la inflación general), pero los servicios de telefonía e internet, el 36,4%.
Los precios en los bares y restaurante lograron superar la barrera del 100%, pero la Electricidad, gas y agua para la vivienda el 42%, solo por tomar algunos casos.
Para EcoGo, la baja en los precios no es posible en un contexto donde "el ajuste fiscal lo hace la inflación, y donde el aumento en el crawling peg (ritmo de devaluación), la tasa de interés y las tarifas te pone un ritmo de inflación en torno al 6/7% mensual”.
Una sorpresa en el presupuesto. La necesidad de reducir el gasto en subsidios para cumplir las metas de déficit primario del 1,9% del PBI el año próximo obliga a un aumento de tarifas y, a su vez, implicará un traslado a precios que cada vez cuesta más postergar.
En el proyecto de Ley de Presupuesto, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, se incorporó un plan de pagos a ocho años (sí, 96 meses) para que las distribuidoras de electricidad paguen sus deudas que ascienden a unos $ 500 mil millones.
Pero además, le habilita a empresas como Edenor y Edesur, que deben unos $ 200 mil millones, a establecer un aumento adicional a partir de marzo, cuando en teoría, ya esté terminado el proceso de segmentación tarifaria, que también implica un incremento para varios hogares.
Ahora la iniciativa deberá ser abordada por el Senado y en caso de recibir la aprobación, tramitarse ante el ENRE.
