Rechazo de empresarios y piqueteros al “Puente al empleo”

A partir de su anuncio, el programa “Puente al Empleo”, que busca transformar de forma gradual planes sociales en empleo formal, tuvo la capacidad de generar críticas de todo tipo y color por parte de distintos sectores. Desde el empresariado, que no ve grandes beneficios, hasta los movimientos sociales, tanto oficialistas como opositores.

Los distintos actores involucrados en la iniciativa, que tendrá vigencia a partir del 1° de octubre, coinciden en que es “un parche” y que no resolverá la cuestión de fondo, que es la escasa creación de trabajo genuino que existe en el país en los últimos años. Por parte de un referente de una de las agrupaciones más críticas de las políticas de la Casa Rosada, se muestran números: el proyecto apunta a convertir 200 mil planes sociales en empleo, un número menor si se tiene en cuenta que el Potenciar Trabajo lo cobran más de un 1.200.000 y que la informalidad alcanza a casi cuatro de cada diez (37,8%) asalariados, según el Indec.

“Claramente, con estos números en la mano, el Puente Empleo no soluciona casi nada, es puro maquillaje, con un discurso dedicado a la clase media, que no nos quiere ver más en las calles”, apunta ante PERFIL uno de los dirigentes que protagonizó divergentes protestas en contra del oficialismo nacional a lo largo de este año.

En la misma vereda se encuentra Norma Morales, secretaria adjunta en el Sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, y dirigente nacional de Somos Barrios de Pie, el colectivo social que tiene como figura a Daniel Menéndez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Ante la consulta de este medio, no duda en responder en que es necesario que las asistencias den paso al trabajo “con todas las de la ley”, ya que desde su visión las organizaciones “no pueden seguir viviendo del Estado”. Pero subraya que cada vez que se colocaron en práctica programas similares, los resultados no fueron los esperados.

Morales da una explicación: “Los empresarios no quieren tomar gente de los movimientos sociales porque dicen que no tienen capacidad, por la edad y también por la ideología. Ellos no desean contar con personal sindicalizado”, lamenta.

Estos conceptos llegan a oídos de un empresario industrial que forma parte de la UIA, que reconoce que lo anunciado por el Frente de Todos no implica una solución definitiva a la problemática y pone en marcha distintos argumentos. Uno, pasa por la escasez de incentivos fiscales para tomar personal, otro por los riesgos de juicio laboral latentes durante todo el proceso y, además, menciona a la capacitación.

“Es clave capacitar a los trabajadores en un lapso de tiempo que permita la adaptación a la empresa, en este sentido el Estado tiene un rol clave, debería brindar  mayores herramientas”, aseveró.