Tras la declaración indagatoria que le realizó anoche, la jueza María Eugenia Capuchetti se prepara ahora para analizar la situación procesal de Fernando André Sabag Montiel, el hombre de 35 años quien durante la noche del jueves gatilló al menos dos veces con una pistola bersa calibre 32 cuando llegaba a su domicilio. Mientras tanto, en fuentes judiciales descuentan que se le dictará la prisión preventiva por la gravedad del hecho.
El informe médico y psicológico de Montiel establece que el hombre estaba apto para declarar. Sin embargo, el agresor de Cristina tomó la decisión de negarse a declarar, una de las opciones que le brinda el Código Procesal Penal. Ahora, la jueza tendrá un plazo de diez días hábiles para dictar su procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito.
Antes de recibir a Capuchetti y Rívolo, Sabag Montiel estuvo reunido con su abogado, un defensor oficial, durante 45 minutos. Allí, al parecer, definió la estrategia jurídica a seguir. Por su parte, el acusado manifestó que recibió un golpe, no de la Policía, sino de los civiles que estaban presentes en la esquina donde ocurrió el atentado.
Los magistrados quisieron primero recabar más pruebas antes de indagarlo
Durante la jornada hubo idas y vueltas respecto a cuándo Capuchetti le iba a tomar la declaración indagatoria. Es que, según precisaron fuentes judiciales, la jueza y el fiscal querían primero recabar varios elementos de prueba.
Además, se buscó definir durante horas si iba a ser indagado en la sede de Cavia (donde está detenido) o en Comodoro Py. En el medio de ese debate, el presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, le pidió al Ministerio de Seguridad reforzar la seguridad en esos tribunales.
A instancia del fiscal Carlos Rívolo, la magistrada ordenó una batería de medidas donde apunta a determinar si Sabag Montiel actúa solo o con más personas. Los funcionarios trabajan con un equipo multidisciplinario encargado de analizar en principio, cual fue la ruta por donde llegó el brasileño nacionalizado argentino a la concentración de militantes en la esquina de Juncal y Uruguay.
Durante la madrugada del viernes, los equipos de la jueza y la fiscal estuvieron analizando las cámaras de seguridad de varios edificios de Recoleta, los registros de la Ciudad de Buenos Aires, así como también las grabaciones de distintos teléfonos celulares que grabaron el momento donde aparentemente hubo una falencia en la custodia de la vicepresidenta.
La causa, que en 24 horas tiene 10 cuerpos, está caratulada como “homicidio calificado en grado de tentativa”, delito que prevé una pena en expectativa de entre 15 y 22 años de prisión. Los investigadores apuntan a diversas hipótesis mientras, mediante otros elementos recabados, trazan el armado de un perfilado económico y social de Sabag Montiel para comprobar o descartar si tuvo o no conexiones.
Desde la madrugada del viernes, el tercer piso de Comodoro Py, lugar donde está el juzgado de Capuchetti, estuvo colmado por 24 personas que declararon como testigos hasta media mañana. Se trata de los militantes que estaban más cerca de la vicepresidenta cuando Sabag Montiel empuño el arma con su mano izquierda a escasos metros de Cristina.
Hubo dudas sobre si era conveniente hacerlo en Comodoro Py o ir ellos a Cavia
La reacción de los militantes fue casi inmediata, para los investigadores no hay dudas que Sabag Montiel tuvo la intención de matar. Asimismo, se comprobó que el arma había sido disparada recientemente y no había proyectil en la recámara.
Cristina se acercó a Javier, uno de los seguidores que era parte del grupo de civiles más próximo a ella, según contó en su testimonio ante la Justicia la vicepresidenta se le acercó y le acarició el rostro, en ese momento el joven advirtió el arma por encima de su hombro derecho a lo que como un reflejo reaccionó y se abalanzó sobre el agresor.
La pistola quedó tendida en el piso de lo cual varios de sus compañeros formaron una suerte de cordón para que la custodia de la Policía federal pudiera levantarla. Para Javier, Sabag Montiel gatilló en dos oportunidades.
Actualmente se examina el desarrollo de los hechos en video hacia atrás: desde la esquina de la casa de Cristina Kirchner hacia el lugar de origen desde donde partió el atacante.
Otro elemento que analiza la justicia es el teléfono celular del agresor. El contenido del dispositivo fue extraído en el juzgado de Capuchetti para evitar irregularidades en la cadena de custodia. Del procedimiento intervino el fiscal especializado en Delitos Informáticos, Horacio Azzolin.
Horas más tarde, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo se apersonaron al domicilio de la vicepresidenta para tomarle declaración testimonial. Los dichos de Cristina ante los funcionarios se mantienen bajo reserva aunque trascendió que hasta el momento no pidió ser querellante en la causa.
Otra cosa que se evalúa en el marco de la imputación es si el hombre estaba o no consciente de sus actos, es por ello que no se descarta que se ordene una pericia psicológica para comprobarlo. Sabag ya fue revisado por un médico legista luego de su traslado a la sede policial de la calle Cavia.