Las organizaciones sociales pasaron 48 horas en la 9 de Julio, pero no obtuvieron respuesta. La pelea por el control de los planes sociales se mete en la discusión. Las organizaciones volverán a movilizarse el 13 de abril.
Principio y fin. El miércoles los movimientos sociales se instalaron frente al Ministerio de Desarrollo Social y se fueron el viernes. |
Pablo Cuarterolo
En enero pasado, el Gobierno emitió una resolución para que los beneficiarios del Potenciar Trabajo puedan cambiar de unidad de gestión. Un trámite online para que las personas que forman parte del programa tengan la libertad de elegir en qué actividad desean trabajar y bajo qué área (ya sea gobiernos provinciales, municipales, movimientos sociales con cooperativas o iglesias). Siempre tras una evaluación por parte del ministerio que hoy conduce el ex intendente de Hurlingham.
Según números oficiales, en cuestión de meses se anotaron 123.300 personas, lo que generó resquemor en los referentes sociales, que plantearon su rechazo a esta resolución que el beneficiario completa por internet. Así lo plasmaron en las últimas dos reuniones que mantuvieron con Zabaleta, de acuerdo con lo que indicaron desde Desarrollo Social ante PERFIL.
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La versión, para Unidad Piquetera, dista de la realidad. Según Silvia Saravia, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie-Libres del Sur, “con Desarrollo Social hay dos grandes ejes: uno tiene que ver con los alimentos, que están demorados en la entrega. Lo que tenía que llegar en marzo está llegando ahora con fecha de abril. Y con Potenciar Trabajo planteamos una apertura, la necesidad de incrementar el monto”, determinó.
Y precisó que “hay muchas dificultades para que lleguen las herramientas y los insumos para los emprendimientos productivos. En nuestro caso, esperamos hace nueve meses el desembolso, por lo cual el dinero que se nos otorgó vale para comprar la mitad de las cosas”. Desde el Polo Obrero también negaron una polémica con respecto a las modificaciones en la unidad de gestión del Potenciar Trabajo.
Continuidad del conflicto. Detrás de las protestas se encuentran Libres del Sur, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el MTR y el Polo Obrero, entre otras agrupaciones, que el último 13 de marzo votaron, en un plenario de 3.500 delegados, un cronograma de movilizaciones “frente al ajuste, el avance de la miseria en los barrios y el pacto entre el Gobierno y el FMI”.
El siguiente paso, según la planificación acordada, es una convocatoria para el próximo 13 de abril con marchas y cortes en todo el país, en rechazo al entendimiento que alcanzó el Poder Ejecutivo con el organismo internacional de crédito: consideran que “será un golpe a los trabajadores, tarifazos, aumento de transporte, salarios, jubilaciones y programas sociales de miseria y que seguirán cayendo por la inflación y una revisión trimestral del FMI, que constituye un cogobierno de hecho con el Fondo”.
Para la cartera de Zabaleta, la apuesta pasa por el diálogo y acuerdos para avanzar “en la solución de los problemas pendientes”. “Yo no tengo dudas de que vamos a salir adelante, siguiendo este camino trazado por el Gobierno y este Ministerio (de Desarrollo Social) para recuperar lo que perdieron los argentinos, en un camino concreto: generar nuevo trabajo en todo el país”, indicó esta semana el viceministro, Juan Aguilera, en declaraciones a la agencia Télam.
985 mil personas fueron afectadas
Ramiro Marra, el diputado porteño de La Libertad Avanza, creó el Movimiento Antipiquetero Argentino, que ya mostró su primer trabajo: estimó cuánta gente se vio afectada por la manifestación de las organizaciones sociales de esta semana, con un número aproximado de 985 mil personas.
“En primer lugar, calculamos que, en promedio, se vieron afectados 232.183 vehículos entre las 11 del miércoles 30 de marzo y las 13 del viernes 1º de abril, sin contar el Metrobus. Los usuarios de colectivos afectados son 637 mil. Si estimamos que en cada auto viajan, en promedio, 1,5 personas, el total de afectados por la manifestación orilla los 985 mil ciudadanos”, precisó Ramiro Marra.
Además, el legislador reclamó “cárcel” para los dirigentes implicados.
Otro estudio que realizaron desde la organización fue el costo laboral perdido por la manifestación. Se llegó a la conclusión de que el costo sería de $ 40.366.000.
