POLITICA
Abuso de autoridad

"Vacunatorio vip": se reactiva la causa y citan a declarar a Ginés González García por presunto peculado

El exministro de Salud de la gestión de Alberto Fernández fue convocado para brindar testimonio el 16 de abril. También están involucrados otros exfuncionarios del ministerio, que participaron de la aplicación de vacunas contra el covid-19 con criterios discrecionales.

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Exministro. El responsable de Salud en el inicio de la pandemia. | twitter

La causa por el llamado “Vacunatorio vip” vuelve a reactivarse con la indagatoria de Ginés González García. El exministro de Salud de Alberto Fernández fue citado el próximo 16 de abril en la mañana para declarar en calidad de imputado en el expediente que encabeza la jueza Maria Eugenia Capuchetti donde está acusado de abuso de autoridad y peculado.

Si bien la indagatoria de González García en un principio estaba prevista para mediados de agosto del año pasado, se postergó tras el pedido de suspensión de su defensa que alegó cuestiones de salud, pero que no revisten gravedad o preocupación.

Sin embargo y por orden de la magistrada Capuchetti, el exministro de Salud fue sometido a una revisión de especialistas del Cuerpo Médico Forense de la Corte. El informe final concluyó que está en condiciones de declarar y por ende de ser citado. No obstante González García no pisará los tribunales de Comodoro Py, está previsto que el acto procesal sea a través de videoconferencia.

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La declaración del exfuncionario marca el cierre de la última tanda de indagatorias iniciadas en 2023 con la del exsecretario privado de González García, Marcelo Ariel Guille, seguida de la del antiguo director del Hospital Posadas, Alberto Maceira.

Después del fin de semana extralargo culminará la segunda ronda que incluye las declaraciones del exsubsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Salvador Costa, y María Elena Borda, junto a Graciela Torales, exjefas del Servicio de Medicina Preventiva y de Coordinación de Atención a Pacientes del Hospital Posadas respectivamente.

El exministro de Salud tendrá la oportunidad de contar su versión de los hechos por los delitos que se le endilgan, los mismos que al resto de los imputados, quienes en su mayoría presentaron escritos ante el juzgado y se abstuvieron de contestar preguntas.

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No se descarta que Gónzalez García sea consultado tras lo manifestado por los antiguos funcionarios de la cartera que tuvo a cargo durante el gobierno de Alberto Fernandez, así como también de los extrabajadores del Posadas y eventualmente revierta lo que hayan podido haber dicho sobre el procedimiento de aplicación de las vacunas contra el covid-19.

El inicio de la causa data de febrero del 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky contó el momento donde fue a darse la vacuna contra el covid-19 en la sede del ministerio luego de un llamado al exministro González García.

En aquel momento la vacuna aterrizaba en el país de forma escasa. Por los dichos de Verbitsky se inició una investigación penal para dilucidar si hubo personas que se dieron la dosis fuera de las que cumplían los requisitos de prioridad epidemiológica, en el ministerio y en el Hospital Posadas de Haedo y en domicilios privados, cuando no había convocatoria abierta para ello.

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Cabe destacar que Maceira pasó de testigo a imputado. Bajo juramento de decir la verdad dijo que “recibió instrucciones de los funcionarios de Salud para atender a algunos recomendados en el vacunatorio del Hospital Posadas” y que participó de un particular operativo de vacunación, donde además de Verbitsky, fueron vacunados Eduardo Valdés y Jorge Taiana, entre otros. Ginés, su sobrino Lisandro Bonelli y otras dos personas fueron imputadas.

Luego de analizar los hechos y la prueba, la jueza Capuchetti dispuso el archivado parcial de la causa. Dicha decisión se sustentó en la inexistencia de un tipo en el Código Penal “que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales” lo cual era objeto de la  investigación”. No obstante la Cámara Federal ordenó la reapertura del expediente.

Fue tras un planteo de la Procuración de Investigaciones Administrativas donde los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens determinaron que el orden prioritario de inoculación no se daba al mismo tiempo para personas mayores de 60 años, personal estratégico y de salud, al tiempo que era responsabilidad del Estado administrar las vacunas, que por entonces era un bien escaso.

Ante esto, la magistrada Capuchetti delegó la investigación en los fiscales Taiano y Rodríguez, quienes le requirieron las indagatorias.