En sintonía con las conquistas en materia de géneros y diversidades que se vienen desarrollando en Argentina y en todo el mundo en los últimos años, el kirchnerismo busca incorporar al Código Procesal Penal un artículo que permita la recusación de jueces y juezas por carecer de perspectiva de género. En términos concretos, quieren que se los pueda apartar si no deciden con ese requisito.
La iniciativa fue presentada por la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, y mañana martes 29 de noviembre será discutida en el ámbito de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
Se trata de cuatro artículos que no hacen más que incorporar incisos a los Códigos Procesales Penales nacional y federal, dentro de los artículos que prevén las causales de recusación de los jueces y juezas.
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El primero de ellos apunta a la Ley 23.984 (Código Procesal Penal de la Nación) y plantea que se incorpore como inciso 13 la nueva causal. "Si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio o no respecta y hace respetar la ley de identidad de género".
El segundo, en tanto, apunta al Código Procesal Penal Federal y prevé la incorporación del inciso H al artículo 60. En este caso, el texto planteado es el mismo que el detallado antes.
Mientras tanto, el tercer artículo busca ser incorporado como un nuevo inciso al artículo 16 de la ley 26.485 de Protección Integral contra la violencia a las mujeres. Ese artículo plantea los derechos y garantías mínimas que se le debe garantizar a las mujeres en cualquier procedimiento judicial o administrativo.
ASfl
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Sagasti busca incorporar entre ellos el derecho a "ser juzgadas con perspectiva de género y sin discriminación, contando con juzgadores y juzgadoras imparciales, siendo motivo judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género".
Los argumentos del proyecto
El proyecto arranca su fundamentación con la Ley Micaela de capacitación obligatoria en materia de género como contexto.
En esa línea, sostiene que "no podemos llegar a otra conclusión que, un juez o jueza que no lleva adelante capacitación en perspectiva de género, se manifiesta públicamente en contra de la aplicación de la perspectiva de género, o hace uso de discursos y prácticas de odio y prejuicio, es un juez que adelanta opinión respecto a esa materia".
En tanto, la senadora alegó que si los jueces y las juezas adoptan una posición parcial contraria a la valoración con perspectiva de género "en cumplimiento con la doctrina sobre recusación, corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones".
También opinó que ese tipo de posiciones van en contra "del avance de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTIQ+, y de la resolución de causas judiciales con perspectiva de género y sin discriminación".
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"En una sociedad democrática es necesario que en los casos concretos y ante los hechos que se investigan, les judiciables no alberguen temor de parcialidad mientras transcurren los procesos que les involucran", indica el proyecto.
La medida que tiene el apoyo del Frente de Todos probablemente baje al recinto para ser tratada y luego pase a Diputados también considera que "la falta de reconocimiento de la identidad de género de los y las justiciables constituye trato discriminatorio que se traduce en criminalización y acoso por parte de las autoridades".
Además, sostiene que "cuando no respetan y no hacen respetar la ley de identidad de género, los y las magistradas no se expresan como jueces imparciales, o jueces sin una opinión respecto de los derechos de las personas trans". Por el contrario, agrega, "esta práctica expresa la parcialidad en contra de los derechos consagrados legalmente". De aprobarse en el Senado, deberá pasar a Diputados, pero aún falta mucho camino por recorrer para que suceda.
