Mientras la Casa Rosada prepara el botón rojo para detonar una batalla legal contra el Reino Unido por el petróleo de Malvinas, hay una mujer nacida en Santa Fe que espera del otro lado del Atlántico. Se trata de Frida María Armas Pfirter, la jurista argentina que ocupa una de las 21 codiciadas sillas del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Alemania. En medio del ultimátum que lanzó Javier Milei, su figura acaba de cobrar una relevancia absoluta: ella juega de local en el estrado que deberá definir si los ingleses pueden seguir operando en aguas en disputa.
Su llegada a la ciudad de Hamburgo no fue obra de ningún paracaídas político. Asumió su mandato en 2023 (con fecha de vencimiento recién en 2032) empujada por una chapa técnica que pocos en el mundo pueden igualar. Si el Gobierno nacional va a pedirle a ese tribunal que frene el proyecto hidrocarburífero "Sea Lion" (manejado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper), no hay nadie en esa sala que conozca mejor el lecho marino argentino que Armas Pfirter.
Esa ventaja tiene un porqué: durante más de un cuarto de siglo fue la jefa y coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). Es decir, fue la funcionaria que lideró al equipo de científicos y abogados que se encargó de medir, documentar y asegurar ante el mundo la soberanía de los más de 6,5 millones de kilómetros cuadrados de nuestra plataforma submarina. Ella ayudó a dibujar las fronteras acuáticas que el país busca defender.
El currículum de la magistrada es un verdadero peso pesado del derecho internacional. Abogada recibida en la UCA de Rosario y doctorada en la UBA, coleccionó becas y posgrados en los rincones más exigentes del planeta, desde La Haya hasta la OEA. En el plano local, llegó a caminar los pasillos de Tribunales como Secretaria Letrada de la Corte Suprema de Justicia, pero su verdadero terreno siempre fue el agua: desde 2001 mueve los hilos como experta en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, con sede en Jamaica.
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Cuando la Cancillería oficializó su candidatura, el pitch de venta para convencer a la ONU se centró en su "sólida experiencia técnica" y, sobre todo, en su "capacidad para generar consensos". En el paño diplomático, la versatilidad de la santafesina para tejer acuerdos es casi tan respetada como su memoria sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Ese prestigio es exactamente lo que la Argentina necesita exprimir hoy. El dato más picante de la coyuntura es que, mientras Armas Pfirter está en su puesto titular, los británicos enfrentan un escenario incomodísimo: actualmente no tienen a ningún juez de su nacionalidad entre los magistrados fijos del estrado. Todo un síntoma de desventaja para una potencia que se acostumbró a pisar fuerte en los tribunales globales.
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El choque que se viene y el factor inglés
Los expertos en derecho internacional aclaran que el partido en Hamburgo es muy específico. El tribunal no va a debatir la soberanía territorial de las islas. Lo que van a evaluar es si una de las partes puede sacar recursos no renovables de manera unilateral en un espacio marítimo que está en pleno litigio. Y es en ese tecnicismo legal donde la jugada argentina, anticipada por el canciller Pablo Quirno, busca clavar la cautelar.
La temperatura geopolítica ya venía subiendo en las últimas semanas con las chicanas diplomáticas y el rastreo de vuelos logísticos no autorizados. La mecha se encendió cuando el Gobierno apuntó contra la empresa Thales UK Limited por triangular viajes desde Chile hacia las islas evitando el espacio aéreo nacional. La escalada llegó a un pico de tensión el último lunes en la cena anual del CARI, cuando el embajador británico David Cairns se retiró masticando bronca al escuchar a Quirno celebrar que proveedoras como Haliburton ya estaban huyendo de Malvinas por miedo a las sanciones.
Mientras tanto, en los despachos porteños, la maquinaria legal ya está en marcha para enviar el expediente a Europa. La maniobra está siendo orquestada por la Consejería Legal de la Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzabal, y cuenta con el monitoreo de María Ibarzabal Murphy, la secretaria legal y técnica de la Presidencia que también viene piloteando proyectos en el Congreso.
TC/ML
