Uno de los ejecutores de la Masacre de Trelew, quien se encuentra en la ciudad estadounidense de Miami, se presentará este 27 de junio ante un jurado de una corte federal del estado de Florida (EEUU) después de que familiares de cuatro de sus víctimas entablaran una demanda civil en su contra.
Se trata del ex teniente de la Marina Roberto Bravo, marcado como partícipe del fusilamiento y autor de varios disparos de "remate" sobre detenidos que estaban heridos.
El hombre fue ubicado y detenido en Estados Unidos hace una década, pero no se encuentra procesado ya que la justicia de aquel país negó la extradición del marino, quien es ciudadano estadounidense desde 1987 y donde dirige una empresa de seguridad.
En marzo de este año el fiscal de distrito de Miami, Jason Wu, se pronunció a favor de la extradición. El fiscal descartó que se haya tratado de la represión de una fuga, pero consideró que fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, "no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre Estados Unidos y la Argentina".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó que el fiscal "también destacó que los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew esperaron la mitad de su vida por justicia y que Bravo evadió a la Justicia por todo ese tiempo".
"Estados Unidos no es un refugio seguro para los acusados legalmente de asesinato en masa en el extranjero, y esta Corte no debe proteger a Bravo de responder a sus acusadores por más tiempo", subrayó Wu al anunciar su decisión decisión.
Según el CELS, la demanda presentada por Raquel Camps, Eduardo Capello, Alicia Krueger y Marcela Santucho se basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) y busca la rendición de cuentas y reparación.
"Es una de las tantas estrategias que han desplegado las víctimas desde 1972 para obtener verdad y justicia por estos graves delitos", dijo el centro, que explicó que todavía sigue en trámite otro pedido de extradición a la espera de la decisión del juez federal estadounidense Edwin G. Torres.
Durante el juicio, el equipo legal presentará prueba testimonial y documental del homicidio y tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos.
Además, se le pedirá a un jurado que halle a Bravo legalmente responsable y que otorgue daños compensatorios y punitivos, informó el CELS.
La Masacre de Trelew se desencadenó después de la fuga de la cárcel de Rawson de un grupo de dirigentes de organizaciones guerrilleras como FAR, ERP y Montoneros, en un hecho que muchos señalan como el antecedente más directo del terrorismo de estado antes de la dictadura militar.
Seis de los evadidos se fugaron hacia Chile en un avión que fue tomado en el viejo aeropuerto de Trelew y el resto quedó cercado en las instalaciones de la terminal aérea por tropas militares. Tras una entrega pactada, fueron trasladados a la base "Almirante Zar" y no a la unidad penitenciaria, como habían acordado en un principio.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, los 16 presos políticos que estaban detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron sacados de sus celdas, formados en fila y ametrallados por integrantes de la Armada Argentina.
Las víctimas eran Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey,Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli,umberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho.
Bravo recorrió los calabozos ejecutando con tiros de gracia a los que aún estaban vivos. María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar sobrevivieron, y revelaron los nombres de los militares que asesinaron a sus compañeros, entre ellos, el de Bravo.
En 1972, un tribunal militar exoneró a los militares por su participación en la masacre. Un año después, Bravo huyó a EEUU y obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1977. Desde entonces se desempeñó como presidente de RGB Group Inc., una empresa de servicios médicos que presta sus servicios a las fuerzas armadas.
Según una investigación del diario Clarín, la empresa del genocida firmó 460 contratos por más de cien millones de dólares, desde 1998 hasta 2008, con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y el cuerpo de Marines.
En 2006 se reabrió la investigación y los asesinatos fueron calificados como delitos de lesa humanidad, lo que llevó a la detención de seis de los acusados. Cuatro años después, la justicia argentina pidió la extradición de Bravo, quien fue detenido en febrero de 2010 durante cinco días.
Salió en libertad tras pagar una fianza de 1,2 millones de dólares, después de lo cual, un juez de Miami negó su extradición, alegando que "la extradición está legalmente prohibida" porque "los crímenes que se le imputan a Bravo constituyen ofensas políticas". Según el artículo 4 del Tratado de Extradición entre EE.UU. y la Argentina, la extradición está prohibida en esta clase de delitos.
En octubre de 2012, 40 años después de la masacre, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a cadena perpetua a tres autores directos de la masacre -los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino- y absolvió a otros dos acusados, pero en 2014, la justicia anuló estas absoluciones. El único que no fue juzgado es Bravo, que continua a salvo en Estados Unidos.
ds
