Desde que terminó la grave crisis de 2001, los isleños del Delta del Tigre y San Fernando llevan denunciando a ONG's, municipios y finalmente a la Justicia Federal la presencia de máquinas topadoras que han deforestado, desmalezado y desmontado 360 hectáreas de una isla situada en pleno Río Luján, la "avenida" principal del Delta, a pocos metros del continente. Sin embargo, el megaproyecto "La Isla" sigue en pie y ya se vendieron decenas de lotes de 300.000 dólares.
Colony Park y Fideicomiso Parque de La Isla, dueña de una pequeña parte, presentaron al municipio de Tigre el denominado "Estudio de impacto ambiental", por el que la comuna otorgó en 2006 un "permiso precario" (provisorio) para que trabajen sobre la privilegiada isla delimitada por el Río Luján, Canal Vinculación y tres pequeños arroyos. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Planificación para el dragado, rellenos y tratamiento de aguas. En tanto, San Fernando habría entregado un permiso precario para un transbordador pero desde el municipio enfatizaron que no lo hicieron a ninguna de las empresas vinculadas al proyecto.
Pero las firmas, en todo este tiempo, nunca obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) de la provincia de Buenos Aires, el órgano oficial habilitante, según pudo saber Perfil.com de fuentes judiciales.
Este portal pudo acceder a los últimos controles de la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial de la OPDS y en éstos se detectó una "etapa de construcción avanzada". El informe de este año señala que "se ha modificado el ecosistema" y la "geomorfología" de la flora y fauna autóctonas. Y lo más grave: la cota (altura) del terreno natural de 80 centímetros sobre el agua se elevó a entre tres y cuatro metros con tierra removida de las costas.
De esta manera, los peritos sugieren que la isla que está en la boca del Delta haría de "tapón" en lugar de drenar las crecidas del Río Paraná y el Río de La Plata, lo que agravaría las inundaciones en toda la zona.
La Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida logró que en los tribunales federales de San Isidro se abriera una causa por ese daño ecológico en diciembre de 2008. Recién en marzo de este año la Justicia ordenó un monitoreo en el transcurso de 10 meses, pero sin que cesaran las obras.
En paralelo, el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado (la que interviene en la causa Noble), investiga la denuncia penal realizada por el isleño Enrique Ferreccio por "usurpación de tierras", "usurpación de aguas de bien inmueble" y "daños por estrago". Es otra alternativa judicial que podría frenen los trabajos en la isla.
En la querella, el vecino Ferreccio relató cómo la constructora "expropió" con las topadoras las casas de aquellos vecinos que no aceptaron un resarcimiento económico de 30.000 pesos por su vivienda y por eso la fiscalía tuvo que ponerles custodia policial. Según la denuncia, Colony avanzó "violentamente" porque muchos isleños no poseían una escritura de la propiedad, pero llevaban viviendo allí desde los años '70.
En medio de la presión de ecologistas, el área de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental de Tigre, ya con Sergio Massa como intendente, interrumpió la obra en junio de 2008. Por no poseer la Declaración de impacto Ambiental y seguir los trabajos, Colony Park tuvo que pagar una multa de 100.000 pesos. Pero al poco tiempo, los inspectores municipales se marcharon y las topadoras volvieron a remover la tierra.
A todo esto, la constructora asegura en su web que "sus políticas en medio ambiente aseguran un proyecto urbanístico pensado primordialmente en el sustento de la diversidad biológica y el bienestar humano". Es que en el Delta existen otros dos barrios privados, Santa Mónica e Isla del Este, y si bien hubo reclamo de isleños, no han representado un daño ambiental similar, ubicado en un punto clave del Delta.
Perfil.com quiso conocer la versión de la constructora. El abogado, Agustín Rodríguez, confirmó que las pericias de impacto ambiental "siguen en estudio" en la OPDS y que la medida cautelar judicial, así como los viejos permisos provisorios de los municipios, habilitan a la firma a seguir adelante con el proyecto "La Isla". También reveló que aún no fue citada la parte por la querella de usurpación de los isleños.
El negocio de "La Isla". En 1989, la empresa uruguaya Better S.A. adquirió los terrenos al Estado frente al Yacht Club Argentino y muy cerca de la exclusiva Avenida Libertador de San Isidro. Según consta en el Registro de la Propiedad de la Provincia, en 1999 Better vendió a Colony Park las 360 hectáreas por un precio irrisorio: 30.000 pesos. Meses antes, la sociedad Colony Park S.A. se había constituido por los empresarios Adrián Gabriel Schwarz y Mónica Andrea Gramblicka con apenas 12.000 pesos.
La constructora accedió a créditos del Citibank y según estimó la fiscalía Nº1 de San Isidro, destinará un toral de 20 millones de dólares en la construcción de "La Isla". Ese monto está siendo recuperado rápidamente por Colony Park, que en su página anunció que, en la primera etapa de ventas, ya vendió el 65% de los lotes.
Si se comercializan los 900 unidades funcionales que preve, a un precio actual de 300.000 dólares el lote, la constructora obtendría 270 millones de dólares sólo en ventas. A eso habría que sumar la explotación de comercios, las 199 amarras y otros servicios de lujo del tercer country 'flotante' del Delta.
(*) de la redacción de Perfil.com.
