El próximo 5 de febrero se cumplen dos años de la tragedia de Barracas, en la que diez personas –nueve bomberos y un oficial de Defensa Civil– perdieron la vida, en el incendio del depósito de Iron Mountain, que luego se comprobó fue intencional.
Ese día, los familiares de las víctimas realizarán un acto-homenaje a las 9.15 de la mañana, en la calle Azara 1245, donde se produjo el incendio. El predio quedó vacío, y en el último tiempo, a pedido del gobierno porteño, la empresa construyó una pared para impedir el ingreso de cualquier persona, por cuestiones de seguridad, dijeron fuentes de la empresa. Allí, además, hay un altar con un monumento y fotos de los caídos, y flores que los vecinos dejan cada aniversario.
A dos años del hecho, la causa avanza, pero a paso lento. La investigación la lleva adelante la Fiscalía de Instrucción Nº 37, a cargo actualmente de la fiscal Romina Monteleone (que reemplazó a la fiscal Marcela Sánchez), y lo último fue la comprobación por pericias de la División Siniestros de la Policía Federal, e informes presentados por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de que el fuego fue intencional. Se determinó que hubo más de un foco ígneo, es decir, que el fuego empezó en varios lugares a la vez; y se encontraron rastros de material combustible y dispositivos colocados para producirlo.
“La causa está, pero sabemos poco. Sí sabemos que los extinguidores no funcionaron, la bomba eléctrica tampoco, ni los detectores de humo”, dice Sandra Barícola, hermana de Pedro, una de las diez víctimas. “Yo quiero que alguien se haga cargo de estas muertes, eran servidores públicos, murieron injustamente, por salvar papeles”, agrega.
En ese contexto, la causa tomó una nueva carátula, estrago doloso seguido de muerte, y se admitieron más querellantes: a fines del año pasado, la Justicia hizo lugar al pedido de los abogados Miguel Arce Aggeo y Javier Moral, para que nueve de las diez familias conformen una querella. Según Arce Aggeo, este año buscarán que se llame a indagatoria a los funcionarios del gobierno porteño que estaban en la Agencia Gubernamental de Control, entonces a cargo de Juan José Gómez Centurión. En mayo del año pasado, Gómez Centurión participó de una audiencia de la Legislatura porteña, donde diputados de distintos bloques le preguntaron por la pérdida del expediente de habilitación del depósito, y la falta de clausura pese a los informes que desaprobaban su plan de evacuación. La muerte de los bomberos, de hecho, no se dio por el fuego, sino por el derrumbe de una de las paredes.
Sospechas. Además de la intencionalidad del incendio, se supo también que entre los papeles que se guardaban en el depósito, había de empresas sospechadas de los delitos de lavado de dinero y evasión impositiva. Sumado a que Iron Mountain tenía antecedentes de incendios en sus depósitos en otras ciudades, como Londres, Milán y Nueva Jersey.
Desde la oposición porteña, en tanto, hubo pedidos de informes y otro de expropiación del predio para convertirlo en un centro comunitario. Ahora piden la colaboración del Ejecutivo en la investigación con aportes de documentación que aporten a la causa. El legislador del Frente para la Victoria (FpV) Gabriel Fuks le envió también una carta al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, para que reglamente la ley que establece la creación de una “Base de Datos de información contra incendios de la CABA”; y se revise la política de exenciones impositivas a empresas que, como Iron Mountain, se instalan en los distintos distritos, en este caso el tecnológico.
