Ayer a la mañana, en medio del receso escolar, el presidente Alberto Fernández dejó de lado su traje de profesor y se sentó con los otros “alumnos” –ministros y ministras, secretarios y subsecretarios del gabinete nacional– a recibir una capacitación sobre género y violencias contra las mujeres y diversidades.
“Los tuvimos con atención plena durante una hora, y tratamos de cronometrar los contenidos para aprovecharlos al máximo”, contó a PERFIL la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, encargada de dar la “clase” junto a la titular del gabinete asesor de su ministerio, la socióloga Dora Barrancos.
La fecha elegida no fue al azar: “Se cumplió un año de la promulgación de la ley y pensamos de qué manera podíamos empezar a trabajar su implementación, aunque aún no esté regulada. Lo que más nos importaba era pensar cómo hacer para homogeneizar y universalizar su llegada: según lo que establece la norma, todos los empleados de estamentos oficiales –sin importar jerarquías, tipo de contratación ni ámbitos donde se desempeñen– tienen que recibir esa capacitación”, explicó Gómez Alcorta, responsable del estamento encargado de impartir esos contenidos.
Mauricio Macri había sido capacitado en septiembre del año pasado junto a la ministra Carolina Stanley y Fabiana Túñez, a cargo entonces del Instituto Nacional de las Mujeres –el organismo de aplicación para el cumplimiento de la Ley Micaela– antes de una de sus reuniones de gabinete. Esta vez, todos fueron “invitados” (así, entre comillas: el salón del CCK se veía lleno) a participar.
Contenidos. La capacitación empezó a cargo de Barrancos, “con un desarrollo del marco histórico del patriarcado, y el modo único y universal en que la historia de la humanidad ha asignado roles y estereotipos. También vinculó cómo el Estado interviene de un modo violento a partir de lo que implica vivir en una sociedad patriarcal, y cómo llegamos –más particularmente en Argentina– a ello a través de algunos ejemplos”, detalló la ministra. A su turno, contó “con algunos ejemplos qué es lo que encubren los estereotipos vinculados a lo masculino o femenino,y en los casos en que no patologizan a las diversidades; y trabajamos con normas e instrumentos que están vigentes, en clave no de derecho sino de las obligaciones que tienen que cumplimentar desde el Estado”, agregó.
A través de la capacitación en la temática de género y violencias contra las mujeres “se busca promover la transformación de valores culturales que naturalizan las desigualdades entre los géneros y promover espacios de intercambio y construcción de sujetos sociales, de ciudadanas y ciudadanos comprometidas y comprometidos en la transformación de la realidad, en la producción de procesos de inclusión y cohesión social con igualdad de oportunidades y libres de violencia”, asevera la normativa. De lo que se trata, entonces, es de reducir las brechas de desigualdad y erradicar las violencias por razones de género.
Pendientes. La ministra señaló que “desde que se promulgó la ley hasta ahora, la implementación ha tenido serios déficits: la falta de reglamentación; la falta de presupuesto; déficits en materia de federalización. Cada una de las provincias fue invitada a adherir y solo 21 lo hicieron, pero además, en muchas de ellas faltan las respectivas reglamentaciones o las autoridades de aplicación. También registramos una falta de sistematización y publicación integral de los datos estadísticos sobre las capacitaciones realizadas a la fecha. Desde el ministerio vamos a trabajar para revertir todos estos déficits, pero también en otra de las cuestiones que para nosotras es central: las certificaciones de la Ley Micaela. Hay que formar a las máximas autoridades de los tres poderes y coordinar para que cada uno de los ministerios y dependencias del Estado puedan dictar sus capacitaciones a partir de cursos certificados por nosotras”.
“Tenemos una legislación de avanzada en el mundo, pero la brecha de implementación era aún demasiado grande. Es la tarea que tenemos como funcionarios: para poder entender cómo achicar las brechas hay que trabajar transversalmente, y todos debemos entender que el trabajo en cualquier área debe incluir la mirada de género, y que cuando esa mirada empieza a ser incluida contribuimos a que la brecha se achique”, se sinceró Gómez Alcorta.
Y Fernández acató el mensaje: cuando terminó la capacitación, fue invitado a hablar sobre la experiencia. “Lo único que dijo es que venía a cumplir con lo que indicaba la ley”, contó la funcionaria.
El implementado a nivel nacional. Buenos Aires adhirió ayer al protocolo ILE
El miércoles fue Santa Fe, que adhirió por decreto. Y ayer, en Misiones, organizaciones sociales reclamaron al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se implemente en esa provincia, luego de que se conociera esta semana el caso de una niña de 10 años que fue víctima de abuso por parte de su hermano adolescente y dio a luz mediante una cesárea.
La provincia de Buenos Aires, que no había adherido hasta ahora, también lo hizo ayer: los ministerios de Salud y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerenses firmaron la resolución por la cual el distrito adopta el protocolo con las actualizaciones incorporadas por el ministerio nacional el 12 de diciembre. En la firma participaron la ministra Estela Díaz y el ministro Daniel Gollán. “Hoy estamos poniendo en marcha algo que tendría que ser una naturalidad, estamos hablando de aquello que en Argentina es legal, pero consideramos que a partir de contar con esta herramienta habrá gente de los equipos de salud que va a empezar a perder el miedo y a participar del acceso a este derecho de forma rutinaria”, señaló Gollán.
Por su parte, la ministra insistió en “la necesidad de aplicar el protocolo y no demorar los procedimientos”, porque para la salud de la mujer y para el sistema de salud público “es costosísimo cuando llegan mujeres con interrupciones del embarazo realizados en el circuito clandestino e inseguro; en cambio, la práctica del aborto en el primer trimestre de gestación es sencilla, medicamentosa y hasta se puede atender no solo en los hospitales sino en los centros de atención primaria de la salud”. Los hospitales “tienen los recursos y el personal idóneo”, agregó.
Lenguaje inclusivo en el PAMI
Ya es práctica común en la UBA y en algunas otras dependencias. Pero desde esta semana, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) resolvió que sus disposiciones se redacten en lenguaje inclusivo. La resolución, que lleva la firma de la directora del instituto, Luana Volnovich, determina en su artículo 3 “instruir a las distintas secretarías y gerencias a los efectos de que las futuras disposiciones, circulares y demás instrumentos normativos sean redactados en lenguaje inclusivo de género”.
El escrito, emitido el jueves, establece principalmente para todo el personal del PAMI la capacitación obligatoria en la Ley Micaela. Y en el artículo 2 de la disposición decide delegar en la Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado el diseño y la implementación de los programas específicos que tendrán el fin de brindar “conocimientos, información y herramientas para incorporar la perspectiva de género y propiciar espacios para erradicar prácticas estereotipadas”, sostiene.
