El Gobierno salió debilitado del primer intento por hacer tambalear la posición del camarista Eduardo Freiler ante el Consejo de la Magistratura. Varios consejeros, incluso cercanos a la Casa Rosada, dijeron a PERFIL que hubo incongruencias en la presentación de algunos cargos contra el magistrado, y que él se agarró de eso para defenderse cuando expuso ante los consejeros. Sin embargo, el oficialismo asegura que, llegado el momento, tendrá los votos para enviarlo a juicio político, por las inconsistencias en su patrimonio.
Uno de los que puede inclinar la balanza, el consejero Jorge Candis, se niega a acompañar el pedido del PRO, porque considera que la acusación se hizo a las apuradas, pero eso puede cambiar si Freiler no logra explicar las aparentes contradicciones que hay en su crecimiento patrimonial. El presidente de la Comisión de Acusación, Pablo Tonelli, le garantizó al Poder Ejecutivo que tendrá el respaldo suficiente cuando se someta a votación la discusión en el plenario de la Magistratura.
“Estamos peleando voto a voto”, confió una fuente del oficialismo a este diario. Uno de los miembros del Consejo, aliado a Cambiemos, contó a PERFIL que efectivamente hubo errores en el texto que criticaba las licencias de Freiler y algunos de sus gastos, como las facturas telefónicas que pagaba. Pero aclaró que su crecimiento patrimonial “parece no estar justificado. Las contradicciones ahí son evidentes”. Si terminan por probarlas, es posible que el Gobierno gane la pulseada.
Contexto. La disputa es política. El camarista siempre fue cercano al kirchnerismo. Desde el entorno del juez, sin embargo, atribuyen la embestida a un fallo vinculado a Papel Prensa, que afectó, según su entorno, “intereses económicos muy poderosos”. El Gobierno tiene dudas respecto a lo que puede pasar durante el juicio político en sí. Otro consejero le recordó a PERFIL que durante la era K, el Gobierno intentó remover a varios jueces y no pudo. Y que incluso hubo casos en los que la jugada les salió mal en el juicio político: puso de ejemplo el caso de Axel López, que fue enviado a un jury, pero la votación final lo favoreció. Una alternativa podría ser una sanción administrativa, como una reducción en sus haberes, pero para el Gobierno eso sería visto como una derrota política. Por lo tanto, procura conseguir los votos para desplazarlo.
