Ayer la policía bonaerense desalojó con topadoras una gran cantidad de puestos ilegales que se instalaron desde noviembre en el Camino de la Ribera, en el partido de Lomas de Zamora, al costado del predio ferial La Salada, pero no tardaron en aparecer las acusaciones sobre la cadena de responsabilidad.
Según fuentes judiciales explicaron a la agencia de noticias DyN, el desalojo respondió a una sentencia por la ocupación de la vía pública y que se hizo en colaboración con la municipalidad de Lomas de Zamora. Participaron cerca de 600 policías, entre efectivos de la Caballería y la Infantería, apoyados con máquinas viales, los cuales levantaron y destruyeron cerca de 5.000 puestos ilegales dispuestos a lo largo de unas 20 cuadras junto al Riachuelo.
Sin embargo, el legislador porteño y titular de La Alameda, Gustavo Vera, criticó en diálogo con Perfil.com, el histórico rol de los intendentes de Lomas de Zamora, en el incluyó al precandidato a gobernador bonaerense Martín Insaurralde.
"Se trata de una recaudación mafiosa estructural usada para encubrir el emporio delictivo de todo el país. No está sólo enfocado en La Salada, va desde la frontera hasta responsabilidades nacionales, provinciales y municipales. Involucran talleres clandestinos, empresas de micros, gendarmería. Hay una multiplicidad de delitos que tienen una amplia protección", analizó Vera.
Y puntualizó: "Insaurralde debe estar recaudando su alícuota de coima. Él participaría de este modelo de recaudación mafiosa. Pero Insaurralde lo que hizo fue sólo continuar con la complicidad del gobierno municipal. Esto es una cosa muy grande, que sirve para financiar hasta campañas electorales".
El legislador apuntó sus críticas además contra Castillo, administrador de unos de los sectores en los que está dividido el complejo cerrado de La Salada. "Castillo es uno de los garantes de todo esto. Fue parte de la delegación presidencial en el viaje a Angola. Hizo además tentativas para abrir una sede en Miami de la feria. Castillo explota todo ese negocio delictual a través de precios astronómicos y le aporta el perfil inmobiliario".
Y concluyó: "Castillo tiene propiedades en Puerto Madero, tiene bailantas, tiene campos. Hace poco el preguntaron en una entrevista televisiva si 'acaso no estaba flojo de papeles' y él respondió que 'las facturas se van a pedir a la panadería'".
Denuncia judicial. La Alameda con Gustavo Vera junto a la CGT a través de Julio Piumato denunció 40 talleres que proveen a La Salada. La denuncia se radicó primero en AFIP y luego se abrió una causa penal en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº4, a cargo de Ariel Lijo. El expediente judicial es el Nº 1827/13. "De estos talleres se registró con cámara oculta tres de ellos en la Ciudad de Bs. As.: Emilio Lamarca 2266, Miralla 2938 y Cervantes 2227. En julio de 2013 el juez Lijo incautó la maquinaria de algunos de los talleres que conformaron la primer textil Q’om en Formosa, la comunidad La Primavera", consignaron desde la fundación.
