El Gobierno evalúa una ofensiva contra la Corte: pedido de juicio político y DNU

“Se lanzaron a un avasallamiento de poderes sin precedentes”, “armaron un plan de guerra”, “crearon un enchastre jurídico del cuál no pueden salir”, así describen los dirigentes más importantes del gobierno al accionar de la Corte Suprema de Justicia. Ante un tribunal que se quiere mostrar fuerte y que avanzó en distintas sentencias contra la gestión del Frente de Todos, el oficialismo evalúa cómo accionar para frenar lo que también consideran una “embestida contra el peronismo”. 

La disputa más dura tiene al Consejo de la Magistratura como protagonista. Alberto Fernández se remonta a fines del año pasado para explicar cómo nació el conflicto. “Hay que empezar por decir que la Corte declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura que se regía por una ley de 2006 y al hacerlo le dio vida a la vieja ley. Se apeló a la ultraactividad de una ley derogada, algo que está prohibido”, detalla en la intimidad como si estuviera al frente de sus alumnos en una clase de la Facultad de Derecho cada vez que le preguntan sobre la disputa que se abrió por el organismo encargado de la selección y remoción de los jueces federales y nacionales.

Los meses pasaron y la pelea se acrecentó. En abril, el titular de la Corte, Horacio Rosatti asumió también al frente del Consejo que desde entonces está paralizado y sin poder funcionar ya que los nombramientos de sus representantes del Poder Legislativo se encuentran judicializados. “El caos lo armó la Corte que dejó en una situación de limbo al Consejo interviniendo en las decisiones del Congreso porque no le gustan sus decisiones  y Rosatti metiéndose él mismo como presidente. No es un remedio fácil poner orden”, dicen desde el primer piso de la Casa Rosada. 

El Presidente cree que el máximo tribunal es quien paralizó el Consejo de la Magistratura

“Mientras tanto, no podemos resolver la integración de lugares tan importantes como la Cámara Federal, no tenemos números para definir las ternas de sus vacantes. Allí el radicalismo propuso a Pablo Yadarola ¿Lo sostendrá después del viaje a Lago Escondido? Está claro que no quieren que el Consejo funcione”, arremeten desde un importante despacho.

La contienda sumó un nuevo capítulo este jueves cuando el máximo tribunal ordenó que se tome juramento a los cuatro diputados nacionales designados para representar a la Cámara baja en organismo. Con esta resolución, la Corte descalificó la decisión de la presidenta de  Diputados, Cecilia Moreau, de suspender la designación de estos consejeros, ya que consideran que se trató de “una decisión tomada sin la propuesta de los respectivos bloques”. 

“Los meses pasaron, se fueron venciendo mandatos, se enviaron nuevos candidatos y se los empezó a cuestionar. Allí se genera un conflicto de poderes porque el tribunal le dice al Congreso que lo que está haciendo no le gusta”, repasan desde el entorno presidencial sobre el accionar de los jueces. 

Sobre esta última resolución, el jefe de Estado cree que la Corte no hizo otra cosa que preparar el terreno para desestimar el planteo del senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez. El tribunal había considerado que este legislador debió ser el representante por la segunda minoría del Senado en el Consejo en el período que terminó el 18 de noviembre, pero ahora debe resolver sobre el período 2022-2026. Con la designación del senador del Frente de Todos Martín Doñate por la segunda minoría (el oficialismo lo nombró después de dividir los bloques), Juez insistió con que el primer fallo siga vigente, algo que ahora vuelve a estar en manos de la Corte y es en esta instancia en la que el Presidente cree que va a fallar en contra del cordobés, por lo que asumiría Doñate. Algo que de todos modos, deja en minoría al gobierno. 

Sin embargo, no todos en el Frente de Todos hacen la misma evaluación. “Para que pase eso, debería resolver jurídicamente como corresponde, yo no sé por qué esperamos que resuelva así si viene demostrando que no lo está haciendo, la Corte no está haciendo nada jurídicamente respetable”, dice un importante funcionario. 

Cómo sigue. Además de la disputa por el Consejo de la Magistratura, los últimos dos fallos en contra del oficialismo tienen que ver con la reactivación de una demanda civil contra Cristina Kirchner por $ 22.300 millones ante una denuncia presentada en 2018 por Javier Iguacel cuando era administrador de Vialidad Nacional. Esta semana también se conoció la decisión de dejar firme la condena contra la dirigente social, Milagro Sala por la que deberá cumplir con 13 años de prisión. Lo próximo que el Gobierno espera es el fallo por la coparticipación que beneficiaría al gobierno de la Ciudad en detrimento del Estado nacional. 

Sin  los votos en el Congreso, hay quienes le proponen al jefe de Estado un decreto

Ante estos movimientos, el gobierno evalúa distintas respuestas. Una tiene que ver con el pedido de juicio político para los magistrados del máximo tribunal. El gobierno no cuenta con los votos para avanzar, pero hay quienes creen que, de todos modos, hay que hacerlo. “Hay que probar aunque perdamos, entiendo que muchos estén cansados de la épica del fracaso, pero no por no poder avanzar hay que quedarse sin hacer nada”, detalla un dirigente que responde a la vicepresidenta. El jefe de Estado admite que lo está evaluando pero duda sobre si corresponde o no. “A un juez no se lo puede echar por lo que dice en una sentencia”, dicen desde la intimidad presidencial. Quienes debaten esto con el mandatario y evalúan cómo seguir rebaten: “No podes juzgar por el contenido de una sentencia pero acá no hay sentencia, acá lo que se debe juzgar es el comportamiento político de los miembros del tribunal. Hay una conducta permanente de fallar con determinación política y eso sin dudas puede ser una causal”. Y vas más allá: “Yo incluso creo que están prevaricando porque están aplicando mal la ley a conciencia”. 

En esta fuerte disputa con la Corte sobre el control del Consejo de la Magistratura, el gobierno también evalúa la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia para definir una nueva integración del organismo. Alberto Fernández preferiría que esto se logre a través del Congreso, ya que la nueva ley que el máximo tribunal había pedido aprobar, tuvo media sanción en el Senado pero se trabó en Diputados. No pudieron cumplir ni con los 120 días que le dieron los jueces ni con el año parlamentario en el que debieron tratarlo ya que solo queda una semana para su cierre. “La Constitución dice que para reglamentar el Consejo debe hacer falta una ley con mayoría absoluta de sus miembros”, explica el jefe de Estado. Sin embargo, el oficialismo no tiene ni los números ni el diálogo necesario con la oposición para que el proyecto avance y es allí en donde algunos hablan de la posibilidad cierta de avanzar con una nueva conformación a través de un decreto. 

“El artículo 99 de la Constitución explica que lo único que no se puede hacer por DNU es regular en materia penal, tributaria, electoral o sobre el régimen de partidos políticos”, explica un funcionario que está convencido en que se debe avanzar en este sentido. “La Corte pidió que se hagamos una nueva reglamentación, si el Congreso no logró hacerlo, nosotros debemos cumplir con ese fallo”, ironiza sobre cómo explicar la medida en caso de avanzar. Lo cierto es que el gobierno no se quedará inmóvil ante el desafío del máximo tribunal y en las próximas semanas promete novedades.