El discurso de Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, durante las intervenciones generales de todos los países que han participado en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de la ONU finalizada hoy en Ginebra, preguntó si Rusia “debía estar autorizada a permanecer en el seno del Consejo”, abriendo las puertas a un eventual procedimiento de expulsión, en el contexto de la guerra en Ucrania, motivo de un debate previsto para las próximas horas.
“Podemos razonablemente preguntarnos si un Estado miembro de la ONU, que intenta ampararse de otro Estado miembro de la ONU, cometiendo horribles violaciones de los derechos humanos y causando sufrimientos humanitarios enormes, debería estar autorizado a permanecer en el seno de este Consejo”, dijo Blinken, luego de reprochar a Rusia múltiples atrocidades cometidas actualmente en Ucrania, poco después que hablara su colega de Moscú, Sergei Lavrov.
Sin embargo, una eventual destitución de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, debería ser resuelta por el voto mayoritario de la Asamblea General de la ONU, el parlamento de Naciones Unidas, donde participan la totalidad de los 193 Estados miembros, los únicos facultados para nombrar o revocar a los 47 integrantes del Consejo, que se van renovando anualmente según una repartición pactada entre los 5 grupos regionales que constituyen la organización supranacional.
Blinken definió la conducta de Moscú en Ucrania como “un ataque premeditado, no provocado e injustificado, creando una grave crisis humanitaria y de derechos humanos”. Afirmó que estuvo precedida por la intensificación de la represión a la disidencia interna dentro de Rusia contraria a la guerra, “incluso antes de la invasión, acosando oenegés, envenenando y encarcelando opositores políticos y militantes anticorrupción, que protestaban pacíficamente”.
Sostuvo que hay “numerosos civiles muertos y más de un medio millón de personas que se han fugado del país para escapar de la invasión” a Ucrania. Recordó la ocupación rusa precedente a la península de Crimea en 2014, seguida de “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, persecución de minorías étnicas y religiosas y represión brutal de la disidencia”. Exigió el retiro de las tropas rusas de Ucrania y una “rendición de cuentas”.
Sergei Lavrov reprochó con antelación a los Estados Unidos y sus aliados seguir “imponiendo agresivamente … un orden mundial basado en reglas”, llevando desde el 2014 a que “el régimen de Kiev ha desatado una guerra contra su propio pueblo”, en perjuicio de quienes “no están de acuerdo con los valores del Maidan neonazi”, la insurrección europeista de 2013, que volteó al gobierno pro-ruso de de Viktor Yanukóvich, originando la antes citada ocupación de Crimea al año siguiente.
Resaltó “la terrible tragedia de Odessa del 2 de mayo de 2014”, cuando manifestantes pacíficos contra los “ultranacionalistas y neonazis que tomaron el poder en Kiev, fueron “quemados vivos en la Casa de los Sindicatos”, sabiendo que “los criminales que cometieron esta atrocidad son notorios por su nombre” y “posaron para cámaras de video, pero aún no han sido castigados”.
En cuanto a lo entonces sucedido en la región de Donbas, a causa “del bombardeo masivo de bienes civiles”, resulta “una prueba irrefutable… las fosas comunes encontradas allí”, descubriéndose “que la mayoría de los muertos son mujeres y ancianos”, supuesto objetivo atribuido por Lavrov a “una política de des-rusificación agresiva y asimilación forzada” de Kiev, contra “personas que se consideran rusas y les gustaría preservar su identidad, idioma y cultura”.
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Al respecto, el responsable de la política exterior de Moscú, acusó al ahora presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, de proseguir con la política discriminatoria contra los pro-rusos, apoyándose en “una ley sobre los pueblos indígenas”, donde no habría “lugar para los rusos que llevan siglos viviendo en esas tierras, muy en el espíritu de la legislación de la Alemania nazi”, desterrando el idioma ruso “de las escuelas, universidades, esfera pública y vida cotidiana”.
A su vez Lavrov resaltó “el proceso de limpieza” que apunta a “empleados indeseables y desleales”, con la “ayuda” de un ley de “depuración”. Añadió que “se producen otros actos legislativos que permiten a los organismos de seguridad del régimen reprimir la disidencia y perseguir a la oposición”, a su vez prohibiendo “canales de televisión y otros medios de comunicación”, reprimiendo personas, “incluidos los miembros del parlamento”.
A las precedentes transgresiones a la “libertad de expresión” y “los derechos de las minorías”, Lavrov agregó el socavamiento de la libertad de religión, mediante el “cisma de la iglesia” tradicional “Canónica del Patriarcado de Moscú”, reemplazándola por “la Iglesia Ortodoxa de Ucrania”. Denunció la confiscación de templos, y la persecución a “millones de filigreses y a la espiritualidad”, objetivos contra “todo lo ruso”, especialmente “en Crimea”, apuntalados por “militantes armados”.
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“Esta claro que, en estas condiciones, los residentes de Crimea y Donbas simplemente no tenían otra opción”, que apelar al separatismo, parafraseando a Lavrov, quien invocó el derecho de los pueblos a la autodeterminación, consagrado por los Pactos de los Derechos Civiles y Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, “para proteger su derecho a la vida, al libre uso de la lengua materna, a sus tradiciones, a su historia, cultura y acceso al agua potable”.
En cuanto a los mentados “Acuerdos de Minsk” de febrero de 2015, con el apoyo de Alemania y Francia, refrendados por Rusia, que alcanzaron la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objeto de promover un dialogo entre Kiev y los residentes de Donets y Lugansk, Lavrov defendió a estos últimos, que habrían cumplido con sus obligaciones, siendo no obstante saboteados “abiertamente con el apoyo directo de Occidente, continuando las provocaciones armadas”.
Ahora, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, va a discutir el proyecto de resolución presentado por Ucrania, que preconiza la constitución de una Comisión Investigadora internacional formada por 3 expertos independientes, que elegirá el Presidente del Consejo, el embajador argentino Federico Villegas, la cual en un año tendrá por misión establecer una rendición de cuentas de la tragedia ucraniana, haciendo hincapié en lo acontecido desde el 2014, en Crimea, Donetsk y Luhansk.
En Ginebra, Juan Gasparini.
