Proponen crear una fiscalía especializada en siniestros viales en Córdoba: "El 93% no llega a juicio"

Las autoridades del Poder Judicial de Córdoba recibieron recientemente un proyecto para crear una Fiscalía Especializada en Accidentología Vial que concentre la investigación de todos los homicidios culposos en la provincia. Actualmente, estos casos se distribuyen entre las distintas fiscalías de instrucción con competencia general, lo que genera dispersión de criterios, demoras procesales y falta de especialización en una materia técnicamente compleja.

La propuesta, elaborada por el abogado Guillermo Pacharoni, representante de las fundaciones Visión Cero y Estrellas Amarillas, busca profesionalizar el tratamiento de los aproximadamente 400 homicidios viales que se registran cada año en Córdoba.

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"El proyecto propone al Poder Judicial que se cree una única fiscalía que intervenga en todos los siniestros viales y que tenga un único criterio de trabajo para todos los hechos que involucren homicidios en siniestros viales", explicó Pacharoni en una entrevista radial con Continental Córdoba.

El especialista alertó sobre un dato contundente: entre el 93 y 94% de los siniestros viales no se elevan a juicio en Argentina. La mayoría de estos casos termina resolviéndose únicamente en el ámbito civil, donde las aseguradoras indemnizan los daños económicos, pero no existe reproche penal a la conducta del responsable.

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"Los siniestros viales quedan impunes", afirmó Pacharoni. "La mayoría de los siniestros viales no se elevan a juicio y no tienen una condena en sede penal. Terminan resolviéndose prácticamente todos en sede civil con una indemnización económica", señaló en el programa Última Pregunta.

El proyecto plantea que la dispersión actual genera que los expedientes por siniestros viales se acumulen junto a otros delitos en fiscalías colapsadas. Los fiscales consultados por Pacharoni reconocen tener "cuatro homicidios, diez personas arrestadas, tres violadores", para ejemplificar, y carecer de recursos humanos suficientes para avanzar en las investigaciones viales.

Antecedentes en otras provincias

La iniciativa se inspira en experiencias de otras jurisdicciones argentinas, como la Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito de Mendoza, que comenzó a funcionar en marzo de 2018, y las unidades especializadas implementadas en Santa Fe, Buenos Aires y Salta.

El documento presentado ante las autoridades judiciales cordobesas fundamenta la necesidad de especialización por la complejidad técnica que caracteriza a los siniestros viales: pericias accidentológicas, reconstrucciones dinámicas, análisis toxicológicos, responsabilidad concurrente, intervención de aseguradoras y acompañamiento a víctimas.

La propuesta contempla la creación de un equipo interdisciplinario integrado por peritos en tránsito, especialistas en reconstrucción de siniestros, psicólogos y personal capacitado en atención a víctimas. También solicita la formación de una Agencia o Gabinete de Investigación Científica que brinde soporte técnico permanente a las investigaciones penales.

El proyecto de reforma del Código Penal

Paralelamente a la iniciativa provincial, Pacharoni impulsa a nivel nacional una modificación del Código Penal que fue tratada y aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación. El proyecto, que recibió media sanción en septiembre de 2025, eleva las penas para homicidio culposo de 2-5 años a 4-8 años, pudiendo llegar hasta 12 años en casos con agravantes.

"Prácticamente, este proyecto de ley va a derogar el llamado dolo eventual, o sea, no se va a abusar ni se va a requerir más la figura del dolo eventual porque los fiscales van a tener una legislación propia del Código Penal", explicó Pacharoni. El especialista se refirió así a la dificultad actual de aplicar la figura del dolo eventual, que requiere probar que el conductor se representó mentalmente la posibilidad de matar.

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El proyecto nacional establece que cuando se cometa un homicidio culposo vial con tres o más agravantes -como conducir alcoholizado, mirando el celular, en exceso de velocidad, inhabilitado o dándose a la fuga-, la pena mínima será de seis años y la máxima de doce.

"No da lo mismo que X mate a una persona porque se cruzó un peatón, pero X estaba circulando correctamente y se dio la tragedia de que se cruzó y fue una persona mayor, la atropelló; a que X mate habiendo consumido drogas, estando borracho en exceso de velocidad, haciendo una picada, o estando inhabilitado", ejemplificó.

El cambio de paradigma propuesto

Para Pacharoni, el objetivo central es modificar la percepción social sobre los siniestros viales. "No alcanza con que tu compañía de seguros pague los daños que vos hayas causado, sino que además es que exigimos que determinadas conductas socialmente empecemos a verlas como crímenes, no como accidente, no como algo que no se puede prevenir, sino realmente como delincuentes", sostuvo.

El especialista planteó que la imprudencia en sí misma debe ser sancionada, independientemente de si el conductor se representó o no las consecuencias de su accionar. "Es decir, te lo hayas representado o no te lo hayas representado, tu conducta fue imprudente y nos puso en riesgo a todos. Y si se generó el daño que el Código prevé, vas a tener la sanción más elevada", argumentó.

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La propuesta distingue entre factores de riesgo intrínsecos, que afectan solo al conductor -como no usar cinturón de seguridad o casco-, y factores extrínsecos, que ponen en peligro a terceros. "Cuando vos manejas en exceso de velocidad borracho o mirando el celular, el riesgo se lo generás a terceras personas. Entonces, sobre todo estas estos tipos de sanciones tienen que ser mucho más rigurosas", explicó Pacharoni.

Según el especialista, la tolerancia social hacia ciertas conductas de riesgo dificulta el cambio cultural necesario. "El exceso de velocidad, la ingesta de alcohol hoy es tolerable. O sea, a tu casa vos te juntás con amigos, toman bebidas alcohólicas y vos sabés que esos amigos después se van manejando", señaló.

La iniciativa fue recibida "con muy buen beneplácito" por el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de Córdoba, que convocaron a Pacharoni para analizar y debatir la propuesta. El proyecto contempla su implementación en una primera etapa para la circunscripción capital, con posibilidad de expansión a toda la provincia.