Tengo un mensaje para aquellos que observan o están involucrados en el enfrentamiento sobre el aumento del límite de la deuda federal de Estados Unidos: tengan miedo, mucho miedo. En este punto del ciclo financiero y económico, las consecuencias de no llegar a un acuerdo serían particularmente nefastas.
Los riesgos de que un impasse político obligue a EE.UU. a incumplir sus obligaciones siguen aumentando a medida que pasa el tiempo sin negociaciones ni avances. Lo que es peor aún, las posiciones de ambos lados parecen estar endureciéndose.
La capacidad del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para aprobar un proyecto de ley de presupuesto (por un margen muy pequeño) ha fortalecido la creencia de los republicanos de que pueden obtener concesiones del Gobierno de Biden, concesiones que en realidad son una condena para la Administración.
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Si fuera por los legisladores republicanos, desharían varias de las principales iniciativas políticas de Biden, incluida la condonación de préstamos estudiantiles y la financiación del servicio de impuestos internos para mejorar el cumplimiento tributario.
Agregarían nuevos requisitos laborales para programas como Medicaid y reducirían drásticamente el gasto gubernamental discrecional interno. A cambio, aumentarían el límite de la deuda en US$1,5 billones o hasta el 31 de marzo, lo que ocurra primero, lo que otorgaría a los republicanos la oportunidad de exigir más concesiones la próxima primavera.
Los demócratas no quieren negociar bajo coacción. La Administración Biden argumenta, razonablemente, que EE.UU. debe honrar sus obligaciones: si al Congreso no le gusta la forma en que sus políticas de impuestos y gastos aumentan el endeudamiento del país, debe abordarlo a través del proceso presupuestario anual. Es por ello que casi siempre se ha elevado el límite de endeudamiento (con la notable excepción de 2011) sin requerir concesiones presupuestarias, incluso en reiteradas ocasiones durante la Administración Trump.
En el juego de la gallina, la idea es aguantar todo lo que se pueda para asustar al oponente para que ceda. Por lo tanto, es casi seguro que el enfrentamiento se extenderá hasta el último momento, cuando el Tesoro se quede sin la capacidad de seguir pagando la totalidad de sus deudas. Es probable que esa fecha sea a principios de junio o en algún momento a finales de julio o principios de agosto.
El Gobierno federal recibe una cantidad considerable de ingresos a mediados de junio de los pagos de impuestos sobre la renta personal y corporativos, por lo que si el Tesoro logra llegar tan lejos, tendrá suficiente efectivo para alrededor de 6 semanas más.
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Es absolutamente posible que haya una colisión total, dada la distancia que mantienen las dos partes sobre cómo limitar los futuros déficits presupuestarios. Los demócratas están a favor de aumentar los impuestos a los ricos y mejorar el cumplimiento. Los republicanos están a favor de recortar drásticamente el gasto interno discrecional.
La única área de acuerdo es que el Seguro Social y Medicare están fuera de la negociación. Mientras tanto, McCarthy tiene un margen de maniobra inquietantemente pequeño: si presenta cualquier legislación al pleno de la Cámara que los demócratas en el Senado hayan acordado, podría perder su trabajo como presidente.
Si el límite de la deuda termina siendo vinculante, es muy poco probable que el Gobierno de Biden recurra a trucos como emitir una moneda de US$1 billón o evoque la Enmienda 14 (que establece que “la validez de la deuda pública de Estados Unidos... no será cuestionada”). En cambio, el Tesoro priorizaría las obligaciones: pondría en primer lugar el interés y el capital de los valores del Gobierno para evitar un default soberano y postergaría otros tipos de pagos (por ejemplo, a trabajadores y contratistas del Gobierno).
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Incluso si la priorización evitara un default inmediato de los instrumentos del Tesoro, el daño sería enorme. Los mercados, que aún se enfrentan a las consecuencias de una serie de quiebras bancarias, se sorprenderían, ya que esperan que se llegue al habitual acuerdo de última hora. Los precios de las acciones y bonos caerían violentamente, los instrumentos del Tesoro fluctuarían a medida que los inversionistas se preocupan respecto de cuánto tiempo los protegerá la priorización de pagos, y los fondos mutuos del mercado monetario podrían retirarse en masa de la deuda del Gobierno.
La suspensión repentina de los pagos también pesaría mucho en una economía que ya está al borde de la recesión. Si ocurriera a principios de junio, no sería tan malo porque habría un respiro temporal e inmediato a medida que llegan los pagos de impuestos a mediados de junio. Si ocurriera a fines de julio o principios de agosto, lo que parece más probable, el recorte de gastos sería enorme y sostenido.
En julio y agosto del año pasado, el déficit presupuestario mensual del Gobierno federal fue de más de US$200.000 millones. Recortar esa cantidad representaría un ajuste fiscal de alrededor de 10 puntos porcentuales del producto interno bruto.
Si los legisladores no ceden rápidamente, la combinación de pánico en el mercado y austeridad forzada enviaría a la economía hacia un precipicio.
Uno solo puede esperar que prevalezca la cordura. Pero dada la gran división política y los estrechos márgenes en la Cámara y el Senado, no es obvia la manera como esto ocurrirá.
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