Terminamos 2023 en compás de espera ante el futuro del decretazo y su impacto en la vida de toda la ciudadanía. ¿Por qué es útil aclarar si es posible esta conjunción? Se sabe que todos los derechos y avances logrados hacia la igualdad de género implican un cambio social y cultural importante, por eso las mujeres y niñas en toda nuestra diversidad, así como el movimiento Lgbtqi+ sabemos que no le tenemos miedo al cambio, al contrario, lo necesitamos y promovemos. Respecto a la libertad, es otro de los preceptos del movimiento feminista, la libertad para poder decidir en la sociedad acerca de nuestras opciones de vida. Nuestra lucha se nutrió siempre del pedido de libertad individual pero sin negar el derecho de la sociedad, no los consideramos opuestos sino complementarios. En cuanto a la igualdad, creemos que este es un objetivo indeclinable, y la igualdad de género es nuestro principal leitmotiv y fundamento de nuestra lucha. Para nosotras, la igualdad no es negociable y, al contrario, es el fundamento de nuestra lucha como siempre lo hemos dicho y repetido y no nos cansamos ni nos cansaremos de hacerlo.
Aclarado esto, retomo el análisis de la posición respecto al DNU. Primero, en general compartimos la necesidad de un cambio, el tema es un cambio para qué. ¿Es para la libertad y la igualdad? Es decir, no nos interesa ni apoyamos cualquier cambio si no reúne esas dos condiciones, que son imprescindibles. En el DNU enviado por el Presidente, no se ve nada respecto a la igualdad. Todas las menciones se refieren a la libertad individual, pero ninguna mención a lograr con eso la igualdad. Al contrario, en varios puntos se promueven desigualdades o normas que aumentarán la desigualdad, promoviendo el beneficio de alguno o algunos sobre el conjunto. Por ejemplo, sabemos que en salud hay desigualdades muy grandes y que las políticas de los últimos treinta años las ampliaron, lo que se visualizó con la pandemia. Por eso, cuando en beneficio de la libertad de elegir se promueve que los individuos puedan optar por la empresa de medicina prepaga o la obra social en la que están, no lo compartimos porque esa libertad está condicionada a la aceptación de la empresa prepaga que elija. Y como todas las empresas prepagas son lucrativas, es decir tienen el objetivo de obtener ganancias a través de las prestaciones que brindan, van a aceptar a aquellos trabajadores que tengan un aporte suficiente para cubrir los gastos, quedando excluidos los que tienen aportes menores que no cubren estos costos y los enfermos. El DNU quita la posibilidad del control de esto por parte del Estado para garantizarles a esas empresas su libertad de operar, entonces se empobrecen algunas obras sociales, que quedarán con la mayoría de afiliados de bajos recursos y enfermos, limitando el principio de solidaridad que la seguridad social implica. Esto no afecta a los sindicatos que manejan las obras sociales ya que ellos adecuarán los servicios a sus ingresos sin revisar su mecanismo de funcionamiento, por ende, los perjudicados son los beneficiarios. La mayoría de quienes trabajan en salud reconocen la necesidad de cambio pero no este, porque los profesionales y técnicos de salud que trabajen para las empresas prepagas quedan librados a cobrar lo que ellas decidan pagarles, sin la posibilidad de que las autoridades de salud controlen esto. Eso los deja a la intemperie. Entonces, ¿quién se beneficia con este cambio? Claramente, son las empresas prepagas y el sector de trabajadores con más altos ingresos y sanos, el resto se perjudica.
