Este es un mes clave para Cuba. El 1 de enero fue el 62do aniversario del triunfo de la Revolución, el 3 se cumplieron 60 años de la ruptura con los Estados Unidos y el 8 más de seis décadas del famoso discurso de Fidel Castro a su entrada victoriosa a La Habana. Pero el 62mo. aniversario se ha visto signado asimismo por el anuncio del presidente Diaz-Canel de la puesta en marcha de la Tarea Ordenamiento que, entre otras medidas, ha unificado y puesto fin al sistema de doble moneda existente que demoró la “actualización” del modelo socioeconómico y provocó graves distorsiones económicas. Este anuncio se produce en el marco de una caída del PBI de la isla de un 11% por efectos de la drástica reducción del turismo, principal fuente de ingresos de divisas del país; de la progresiva dilución del apoyo financiero de Venezuela y de las presiones y sanciones económicas de la administración Trump, entre otros factores. Asimismo, constituye la culminación de un proceso de “actualización” del sistema cubano anunciado desde el 2011, a diferencia de las “reformas” que en su momento iniciaron China y Vietnam, o de la “transición” que aparejó la perestroika en la URSS.
El incremento de salarios y de subsidios que acompaña este anuncio no se desvincula, sin embargo, de un incremento de las tarifas y de los precios de los alimentos y otros bienes de consumo, en una coyuntura de creciente escasez. A tal punto que las dificultades actuales por las que atraviesa la población de la isla se equiparan con el Período Especial que afectó a la isla luego de la desaparición de la URSS, con un componente adicional: la amenaza de un creciente proceso inflacionario.
Sin embargo, quizás la diferencia fundamental con ese período no consiste en la mayor o menor escala de las dificultades actuales, sino en las transformaciones subterráneas que ha sufrido la sociedad cubana en los últimos años. La reducción del sector estatal volcó a más de 1.200.000 de asalariados al sector no estatal. Pero no todos ellos se pudieron incorporar a los emprendimientos y empresas que emergieron con la flexibilización del mercado, y una parte tuvo que volcarse al sector informal de la economía o, simplemente, quedó desempleada. En términos sociales, este proceso – a diferencia del Período Especial – ha agravado la desigualdad, particularmente entre los que pueden acceder a ingresos en dólares y los que siguen dependiendo de un salario estatal. Por otra parte, la introducción de la telefonía celular y de Internet ha dado lugar a la emergencia de una nueva generación que utiliza las redes para manifestar sus críticas o su descontento. La reacción frente al reciente aumento de las tarifas eléctricas que obligó al gobierno a retractarse y la represión al Movimiento San Isidro y a los jóvenes que lo apoyaron muestran incremento de las demandas y de las tensiones sociales en la isla.
Por otra parte, los cambios en curso - junto con la reticencia de sectores de la élite político-militar de profundizar en las reformas económicas -, complejizan la articulación de un consenso en torno a un nuevo contrato social que permita avanzar en las necesarias reformas estructurales. Al punto de que, como bien lo señala un economista cubano, la prioridad de impulsar el crecimiento económico hace perder de vista la necesidad de reformular el modelo instaurado hace más de seis décadas en un entorno global más amigable y con un capital político significativo en términos de la proyección internacional de Cuba para aquel entonces.
La combinación de las dificultades internas con un entorno internacional hostil y con el impacto económico de la pandemia, hace difícil prever hacia dónde se orientará Cuba en la séptima década desde el triunfo de la revolución.
*Analista internacional. Presidente de CRIES.
