La mimetización del PJ bonaerense con posiciones de Cristina Fernández de Kirchner tiene una razón más sensible que la campaña electoral que se avecina. Además de la necesidad de hacer a un lado el aborrecimiento recíproco en esa instancia, los intendentes del Conurbano comienzan a compartir con la ex presidenta una percepción subjetiva: la investigación de la Justicia a sus gestiones es una maniobra de acoso para encarcelar opositores a Cambiemos.
El fortalecimiento de candidaturas propias y la ubicación de aliados en los lugares que los organismos de control reservan a la oposición es la única vía de escape a lo que imaginan como un laberinto de apariencia asfixiante. Una respuesta a esa sensación de ahogo se desprende del repudio al procesamiento de 92 intendentes por administración fraudulenta. Presidido por Fernando Gray, gracias al respaldo de Martín Insaurralde, el PJ tildó de “amenaza extorsiva” la medida de Claudio Bonadio.
Más que el término “carpetazos” utilizado por el intendente de Esteban Echeverría al descalificar la medida, el pedido para que cesen las acciones de ese tipo es lo que llama la atención en el comunicado del 7 de febrero. Oculta en una prosa de confrontación, se le atribuye esa sutileza al de Lomas de Zamora. Insaurralde aspira a confirmar en las elecciones el rol de negociador por la oposición.
Aunque lo parezca, el mensaje no está dirigido a Comodoro Py: el gobierno de María Eugenia Vidal es el verdadero destinatario. Y la Justicia bonaerense por su intermedio. Teme que pueda ser un obstáculo para concretar esa meta, si es que antes consigue superar otros dos. Lucir fortalecido ante Cristina para incluir delegados propios en la lista de legisladores provinciales y mostrarse exitoso en las gestiones con el oficialismo para justificar esa exigencia. Para eso depende de Cambiemos.
Incompatibles. Lo que inquieta a Insaurralde es la incompatibilidad de urgencias que debe atender en esas agendas. Esta semana, Juan Pablo Peredo nombró a Claudio Raggio como relator mayor del Tribunal de Cuentas. Fue el primer acuerdo desde la incorporación de los cuatro vocales designados por el Senado bonaerense a fin de año. Raggio iba a ser uno de ellos. Pero sorpresivamente lo sustituyó el ex director de Codere, la compañía de bingos en el Conurbano.
Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes por supuesto fraude con fondos públicos
Peredo es amigo de Mauricio D’Alessandro, asesor legal con Antonio Mura del sindicato del Juego (Aleara) conducido por Daniel Amoroso. En 2012, el gremialista honró su apellido: cedió sin cargo a Peredo un vehículo oficial de Aleara cuando Codere lo despidió y le quitó el que le proveía. D’Alessandro patrocinó a Peredo en el juicio contra Codere. El abogado mantiene un vínculo aceitado con Insaurralde, quien propuso a Peredo al Tribunal de Cuentas.
Insaurralde se inició de asistente de Jorge Rossi en el Instituto Nacional de Loterías y Casinos. Lo sucedió en 2009, cuando decidió abandonar la intendencia de Lomas de Zamora. En 2003, Rossi incorporó a su gestión a Raggio y Hernán Rosín, asociados en un estudio contable. Raggio renunció a la Secretaría de Hacienda un día antes de que el PJ criticase a Bonadio. El de relator mayor es el cargo más alto en la planta política del Tribunal de Cuentas. Tiene a cargo toda la tarea de auditoría del vocal.
Peredo no dudó en reclamar la denominada A: controla las cuentas de todos los municipios de la Tercera Sección Electoral, excepto Quilmes y Berazategui. La lista incluye Florencio Varela, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. Raggio se sintió defraudado cuando Insaurralde no lo impulsó de vocal. Confesó a sus íntimos el interés por la frustrada expectativa: “Por ahí pasa el poder”. A diferencia de Peredo, Raggio no tendrá los fueros de un juez.
Los representantes del Frente Renovador (Daniel Chillo) y de Cambiemos (Gustavo Diez y Ariel Pietronave) en el Tribunal de Cuentas prestaron acuerdo por Raggio para facilitar la designación de sus propios relatores y limitar el poder de Eduardo Grinberg, que preside el organismo desde 1987. Sería el inicio de una serie de acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Grinberg estaría dispuesto a jubilarse si hay garantías de retirarse por una puerta grande.
Problema. Puede ser un problema: la política suele relativizar los sistemas de medida. Insaurralde está convencido de eso. Cree que el oficialismo no dimensiona la ayuda que le presta y que es víctima de un supuesto conflicto entre Federico Salvai y Julio Conte Grand. El jefe de todos los ministros de Vidal y el de todos los fiscales y defensores de la provincia de Buenos Aires. Es probable que tomar la división de poderes por una abstracción sea inconveniente para Insaurralde.
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Conte Grand le dio a Pablo Rossi la investigación de delitos complejos en Lomas de Zamora. El fiscal de la UFI N° 8 tiene la causa contra Rosín por administración fraudulenta. En ella interviene el juez de garantías Gabriel Vitale. Rossi allanó las oficinas de Rosín en Bernal para establecer si firmas asesoradas o de su propiedad eran proveedoras del municipio de Lomas de Zamora. Rosín fue su contador general hasta diciembre de 2017. Raggio disolvió la sociedad con Rosín meses antes del allanamiento.
El hallazgo de documentación por una funcionaria de la delegación local del Tribunal de Cuentas activó la denuncia judicial. Raggio teme quedar comprometido por haber sido el superior de Rosín. Si resulta el criterio aplicado para definir responsabilidades, Insaurralde también podría verse involucrado.
Jonathan Emanuel Romero fue detenido esta semana por la Policía Federal en Ingeniero Budge. Apodado “Cabe”, es sindicado como el cerebro para el secuestro de Fernando Scalera y su pareja el 4 de mayo de 2016. Scalera es fiscal general adjunto en Lomas de Zamora y pagó 20 mil dólares para ser liberado. El suyo fue el primero de una serie contra personalidades locales en la zona residencial Las Lomitas. Romero era el único prófugo de los cinco que participaron.
Scalera es el jefe de Rossi. Igual que Vitale, investigó la feria La Salada. Trabajaba con autoridades provinciales para allanarla cuando fue secuestrado: el operativo se pospuso un año. Es lo que demoró la Justicia en saldar cuentas pendientes con un foco de irregularidades y evasión impositiva. Pudo cuando el predio perdió la protección del kirchnerismo.
