Ajenas a los problemas reales que afectan a millones de argentinos, las primeras páginas de la agenda política 2023 siguen siendo ocupadas por temas supuestamente de preocupación institucional que en realidad buscan sacar tajadas partidarias en un año electoral. Con un agravante: sectores del oficialismo, de la oposición, de la justicia y de los medios se suben a este juego peligroso y desconsiderado para el interés general valiéndose de la doble vara y de la hipocresía, cuando no de la mentira lisa y llana o de prácticas cloacales reñidas con el estado de derecho que claman defender.
El mejor (o peor) ejemplo lo da el propio Presidente. Qué bella sonaba aquella promesa de que iba a poner fin a los sótanos de nuestra democracia, en referencia al pantanoso submundo donde los servicios de inteligencia oficiales y privados marcaban muchos pasos político-judiciales.
Sin embargo, ha decidido basarse en hackeos ilegales –que ventilan corruptelas o actitudes inapropiadas- para embestir contra la justicia en general y la Corte Suprema en particular, sobre la que impulsó el juicio político para removerla.
Alberto Fernández, que ni siquiera consiguió para esta ofensiva el apoyo de todos los gobernadores peronistas (por más que hayan metido de prepo en la lista de firmas a un par que no están), sabe que no conseguirá en el Congreso el respaldo necesario. Fuentes oficiales admiten que la idea es meterle presión a la Corte.
No hay que descartar que el jefe de Estado busque además levantar puntos con el kirchnerismo, bajo la quimera de una reelección que luce imposible. No le estaría dando los resultados esperados. Al vapuleo que el camporismo le dedicó por dar marcha atrás con su anuncio de que desobedecería el fallo de la Corte por el que se le reintegra a la Ciudad de Buenos Aires parte de la coparticipación recortada en la gestión del FdT, se suma el silencio total de Cristina Fernández de Kirchner ante el impulso del juicio político a los magistrados, pese a que los había criticado en su última aparición de 2022 en Avellaneda.
Gran parte de nuestra dirigencia apela a una doble vara en nombre del estado de derecho
De todas maneras, no habría que esperar sorpresas de la vicepresidenta en relación a un súbito síndrome de respeto a la división de poderes: entre el puñado de gobernadores que avalaron el pedido de juicio político al máximo tribunal figura Axel Kicillof. Nadie imagina que el mandatario bonaerense firmó sin consultar con su líder.
Quien sí está preocupado entre los oficialistas por este aumento de la tensión es Sergio Massa. El ministro de Economía es el único que no se pintó la cara para la batalla contra la Corte o la oposición. Es más, cuando salió la sentencia por la coparticipación le pidió a su equipo medidas de contingencia para recaudar más vía aumentos impositivos, y así equilibrar los fondos que Nación perdería por darle a Ciudad.
A sabiendas de que su frágil plan económico puede requerir de medidas legislativas (moratoria previsional, blanqueo, planta de GNL, etc.), Massa toma nota que cualquier acuerdo con opositores está detonado por una iniciativa oficial contra la Corte que está destinada al fracaso por la insuficiencia de votos en las dos cámaras.
Ese fiasco, sin embargo, no debería obturar que la Corte se maneje con transparencia en torno al escándalo de los chats hackeados del celular del licenciado ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
En la primera ola de filtración, la del viaje a Lago Escondido de jueces invitados por el Grupo Clarín, el tribunal no activó ninguna averiguación ni por la vía del Consejo de la Magistratura, que como se sabe tiene al frente al presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Alguna alerta debería haberse encendido ya, pues se expanden las sospechas de que hubo otros viajes similares con antelación. Según las fuentes, se repiten algunos nombres de magistrados (como el del Contencioso Administrativo que casualmente solía fallar a favor de Clarín) y se incorporan nuevos. Habrá que ver.
También sería deseable que se aclarara el intercambio de un funcionario de Rosatti con D’Alessandro, surgido de la segunda ola de supuestos chats obtenidos de manera ilegal, en relación a algunas sugerencias en la conformación del Consejo de la Magistratura. Fuentes de la Corte explican que en ningún caso el tribunal o alguno de sus miembros pueden ni deben accionar basados en pruebas al margen de la ley.
En este último caso, encima, la injerencia pública de un juez federal de Santiago del Estero y no tan pública de una ex vocera de la Corte contra el colaborador de Rosatti, reflejan las viscosidades en torno al tema, fuera y dentro del propio tribunal. Todos quieren llevar agua para su molino, no importa cómo.
Ese mismo espíritu expresan varias de las reacciones de JxC, en especial las de Horacio Rodríguez Larreta. Hace una semana, en el reportaje de Jorge Fontevecchia que se publicó en PERFIL, el jefe de Gobierno porteño no se movió de su postura de que el viaje de D’Alessandro a Lago Escondido fue privado, que no tenía nada que ver con su función y que se lo pagó él. En los chats filtrados todos los viajeros acuerdan pedir facturas cuando Página/12 y luego otros medios (entre ellos este diario) difunden el escándalo.
En la segunda ola de hackeos, D’Alessandro aparece además intercambiando favores con quien encabeza una de las empresas que tuvo el servicio de grúas en la Ciudad, en un contrato perjudicial para los contribuyentes y el Estado porteño. En relación a ello, Rodríguez Larreta y algún flamante defensor (como el ex bullrichista Waldo Wolf) debieron virar hacia el argumento que el chat era inventado, como intentó plantear D’Alessandro antes que le pidieran tomarse una licencia en su cargo.
Resulta también una curiosidad que otra interlocutora del ministro de Seguridad sea Silvia Majdalani, la número dos de la AFI macrista, desde donde se espió a connotados dirigentes propios (empezando por Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y sigue la lista), pasando por opositores, sindicalistas, periodistas y hasta los familiares del ARA San Juan. República y coso, como se suele decir en redes sociales.
Majdalani y Gustavo Arribas, el amigo de Mauricio Macri que estaba a cargo de la AFI, negaron siempre estar al tanto de esos espionajes y se los atribuyeron a “cuentapropistas”. Acaso en el mercado hayan florecido este tipo de emprendimientos “privados”, a los que se adjudica los hackeos recientes.
Por más que en público apuntó al kirchnerismo, D’Alessandro deja trascender en privado que también hay una mano negra de estos profesionales tan serviciales, que buscarían condicionar e incidir en la futura política de seguridad e inteligencia si Rodríguez Larreta llegara a la Casa Rosada. La mirada del ministro se dirige hacia Jaime Stiuso. Tal vez esto fuera parte de la conversación que mantuvieron días atrás en un café de la Recoleta el mismo Stiuso con el siempre intocable Sergio Szpolski. 2023 recién empieza.
