Nadie debería sorprenderse demasiado del video que apareció donde funcionarios vidalistas, jefes de la inteligencia macrista, un intendente capitalino y empresarios de la construcción coordinan cómo será la ofensiva judicial contra un sindicalista con prontuario. Que fuera esperable no quita la obscena gravedad de lo que se ve y se escucha, pero lo que tiene de novedoso es solo eso. No es poco. Tampoco da para rasgarse las vestiduras morales.
El fin justifica los medios es un concepto tan trillado como vigente. Entre las deudas que acumula la democracia argentina, a la que hay que defender y mejorar, figura la de la falta de transparencia y eficiencia de sus servicios de inteligencia, que se expandieron hacia sectores de la Justicia para armar una suerte de mafia que la política administra.
Alfonsín peleó con la SIDE heredada de la dictadura, con resultados contradictorios, como casi todo en su gestión. Menem metió mano y la transformó en un negocio, como casi todo en su gestión. Con ese objetivo dio el puntapié para la sociedad jueces-agentes, como lo comprueban los dos peores atentados terroristas de nuestra historia.
Casi sin excepciones (acaso la única sea la actual jefa de Inteligencia), quienes estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo en los últimos 38 años pusieron a cargo de los servicios a alguien de su íntima confianza. Para administrar, no para cambiar demasiado.
El kirchnerismo abrazó esa continuidad. Néstor echó a Beliz para proteger a Stiuso. Al fiscal Taiano le secuestraron un hijo el día que vencía el plazo para apelar un sobreseimiento exprés sobre el enriquecimiento K. Al radical Enrique Olivera le inventaron cuentas en el exterior y a Francisco De Narváez supuestos vínculos con el narcotráfico. No es un “Ah pero Kirchner”, sino apenas un recordatorio de dónde venimos para haber llegado hasta acá.
Macri y Cambiemos llegaron al poder (y se siguen promocionando así sin que el rostro se les enrojezca) flameando banderas de valores, República y coso. Hubo y hay demasiadas evidencias al respecto de un doble discurso. Ninguna como el video que apareció ahora.
PERFIL ha contado a lo largo de la gestión macrista varios de estos casos de espionaje ilegal a propios y extraños, como lo muestra la imagen que acompaña este texto. La connivencia anti K, como bien político superior, disolvió todo en un cuentapropismo inverosímil.
El ex presidente y sus fans (entre los cuales hay un sector del periodismo que, por ejemplo, gozó de difundir los audios de Cristina y Parrilli y se indigna por saber de dónde salió la grabación en el edificio porteño del Banco Provincia) deberían dar explicaciones sobre esto, en especial ante la Justicia. Ah, qué detalle: acá eso no da ninguna garantía.
También Vidal tendría que decir algo al respecto. Ella misma fue víctima de espionaje ilegal, que cuando se lo planteó a Macri se lo negó. La presencia en el Bapro de dos de sus ministros, uno de sus intendentes y la mención de la complicidad de su procurador Conte Grand (que se mantiene en el cargo y se mostró días atrás con el ex presidente) requiere del pronunciamiento de la ex gobernadora y actual diputada.
Los silencios e hipocresías de la política, sobre este tema, flaco favor le hacen a la democracia que dicen defender.
