Hoy la salud preocupa a toda la ciudadanía, no solo a mujeres y niñas en toda su diversidad. La crisis económica y de comercio exterior provocó la falta de elementos para asegurar la atención de diversas patologías desnudando la crisis multicausal, por eso no se puede considerar solo un aspecto. Los insumos para la salud independientemente de su procedencia, nacional o extranjera, son un problema y los medicamentos, el principal, por el costo y el uso. Desde hace años, y especialmente después de la pandemia, su aumento es constante. El control estatal no sirvió para frenar esos aumentos; al contrario, los favoreció. La ley de medicamentos 16.462, sancionada en 1964 en el gobierno del presidente Illia, conocida como la ley Oñativia, por el ministro de Salud, para el control de la producción, comercialización e importación de medicamentos, permitió bajar el precio, reducir la gran cantidad y ordenar el manejo de las ganancias de los productores. La ley de patentes de 1995 del gobierno del presidente Menem afectó esto y se retomaron los aumentos persistentes. A esto se suma un exceso de su uso por la hipermedicalización de la atención de la salud, debida en parte a la facilidad del uso de la lapicera por parte de los profesionales de la salud y a la valoración de la calidad de la atención de la población, que aumenta en base a la cantidad de estudios y medicamentos que se le indican. Este es el resultado de múltiples factores, entre los cuales se encuentra el mayor uso de la indicación por parte de los profesionales, producto en parte de la propaganda directa e indirecta de las empresas farmacéuticas, ya sea a través de beneficios directos o indirectos, como el pago de viajes a congresos y otros. Además, la investigación de fármacos está viciada, porque en general es subsidiada por los propios productores.
Cabe preguntarse: ¿cómo interviene el sistema de salud? Un sistema de salud fragmentado por la diversidad de prestadores, que sumado a la jerarquización de la atención especializada con uso de tecnología está desplazando a la clínica general, que solo se vale del profesional y su conocimiento. La atención primaria de la salud es hoy la cenicienta del sistema que se expresa por el pago. Si la consulta de un médico generalista vale lo mismo que una de un especialista, que tiene el plus de estudios con tecnología, la desvalorización es clara. Si sumamos la preponderancia de la medicina curativa sobre la preventiva, también gana la especialización. Las enfermedades agudas y debidas a agentes infecciosos han disminuido, principalmente por efecto de las vacunas y los antibióticos. Ahora predominan las patologías crónicas degenerativas, vinculadas a formas de vida y hábitos más difíciles de prevenir y con tratamientos más caros. Los trastornos nutricionales son ahora frecuentes por los cambios en la dieta que implican aumento de alimentos procesados con excedentes de calorías que, sumados a la vida más sedentaria, producen malnutrición, no desnutrición, y afectan a todas las edades y todas las clases sociales. El costo de los alimentos no procesados, como frutas y verduras, impide a los sectores más pobres acceder.
Los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población, modifican el patrón epidemiológico con la mayor frecuencia de enfermedades degenerativas antes casi inexistentes, que requieren cuidados prolongados y costosos. Esta multiplicidad de elementos que ahora existen exige control mayor sobre el sistema de salud y las superposiciones y gastos duplicados que implican. Hay una desigualdad en la cobertura con superposición en unos y muchos otros que solo pueden usar los servicios públicos en general deteriorados por la falta reiterada de presupuesto. Por eso ha habido intentos, como el seguro nacional de salud, durante el gobierno de Alfonsín, pero no se logró implementar por la resistencia de quienes no se resignan a ceder privilegios. Tal vez ahora es momento para esos cambios.
