Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta parecen estar en veredas opuestas, pero tienen mucho en común. Además de ser economistas egresados de la UBA, les toca padecer el cortoplacismo institucional.
El 1° de enero pasado se cumplieron treinta años de la entrada en vigencia de la precariedad impositiva en el sistema federal fiscal argentino. Una precariedad que, como las que muchos dirigentes denuncian a diario entre los casi 6,7 millones de trabajadores informales (un 35% del total según estima el Indec), viola la letra, pero sobre todo el espíritu de la ley.
La norma burlada es la 23.548, que entró en vigor en enero de 1988 y que reglamenta el mecanismo de coparticipación federal de impuestos nacionales entre la Nación y las provincias que adhieran al mismo. Lo hacía en forma transitoria hasta el 31 de diciembre de 1989, hasta que se pudiera elaborar una norma definitiva que regulara en forma clara y precisa la distribución de fondos tan cara en un sistema federal como el argentino. Tanto que la reforma constitucional de 1994 estableció un plazo, 1996, para la formalización de un acuerdo que debía contar con la aprobación de todas las legislaturas provinciales.
En el medio, la endeblez institucional se agravó con los parches por la irrupción de dos nuevas provincias: Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resultado de esa otra deuda histórica queda a la vista: disputas, tironeos y algo que contraría lo que quería evitar dicha ley: un Poder Ejecutivo Nacional que terminara como juez y parte en la repartija. No solo por la discrecional distribución de los fondos mediante la utilización de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) sino por la capacidad para decidir cuáles impuestos son los que se coparticipan y cuáles no.
La virtual amenaza del Gobierno hacia la Ciudad de quitarle parte (si no todo) de lo que había logrado en 2016 cuando Mauricio Macri le había aumentado por decreto el porcentaje de coparticipación en casi dos puntos a 3,75%, se inscribe en el contexto de esta batalla por el control de los distritos más independientes y el financiamiento de las funciones que con el tiempo fue delegando la Nación a cada una de las jurisdicciones. La negociación está en marcha y probablemente el resultado no será del agrado de ninguna de las dos partes. Para el oficialismo porteño, en el poder desde 2007, es un intento disciplinador con el distrito más díscolo. Para el Frente de Todos, una bandera enarbolada ya desde la campaña: la fuerte desigualdad entre el Conurbano y la “opulencia” más allá del Riachuelo y la General Paz.
Casi en simultáneo, el gobernador de la provincia más grande y alguna vez la más rica del país protestaba por el resultado de su negociación. De los $ 30 mil millones que esperaba obtener de la reforma impositiva, Kicillof deberá conformarse con $ 20 mil millones, por lo que, decía, era un complot de las elites terratenientes y las clases acomodadas de Buenos Aires. El mismo sabe que la verdadera historia detrás de la necesidad de mendigar fondos en la Casa Rosada está en la perversa fórmula que se aplica para distribuir los fondos coparticipables. Su provincia tiene el 38% de la población del país, produce el 35% del PBI total, pero solo le devuelven el 21,3% de los impuestos que genera.
Una asimetría que fue originada para compensar décadas de atraso en las provincias más pobres pero que, luego de tres décadas, produjo dentro de su propio territorio enclaves de atraso y marginalidad como los que se quería obligar a ayudar. En la Cámara de Diputados está representada por solo el 27% de los legisladores (70 sobre 256), que muchas veces priorizan los intereses partidarios antes que los territoriales. Y en una composición que también está floja de papeles: de aplicarse la base del cálculo del censo de 2010 deberían subir a 112 diputados. ¿Se animarán a cortar con los parches?
