La luna de miel de los flamantes gobernantes dura cada vez menos. La volatilidad de la opinión pública hace que el entusiasmo militante se esfume ante las dificultades lógicas de la realidad contante y sonante. El acuciante panorama económico argentino con el que le tocó enfrentarse al Gobierno encierra dilemas en la toma de decisiones que ya está operando sobre el humor y los intereses de los actores económicos.
Todavía seguían los coletazos de los festejos de la vuelta al poder luego de cuatro años de hibernación, cuando el presidente Alberto Fernández tomó decisiones alineadas con sus promesas electorales y las expectativas de los integrantes de la coalición triunfante. En cada una de ellas necesariamente deja heridos y produce efectos encontrados. Sobre todo, en tres de ellas en las que tuvo que tomar un camino alternativo a lo que otros podían esperar.
La primera fue la configuración de una estrategia de negociación del pago de la deuda. Descartó la opción del default unilateral y también la del maquillaje para continuar con el ajuste para cumplir con el agobio dolarizado. Eso se verificó en el discurso del ministro de Economía, Martín Guzmán, que explicó la razón por la cual no elegía los caminos alternativos (el disruptivo y el ortodoxo).
Y en la conformación de un equipo de negociadores con muchas horas de vuelo. En efecto, Daniel Marx sabe lo que es la lucha cuerpo a cuerpo en los centros financieros internacionales desde 1989. Adrián Cosentino ya transitó por tres administraciones: la de Néstor Kirchner, las de Cristina y en el Ministerio de Hacienda en la reciente gestión de Mauricio Macri. Además, se puso la presión de llegar pronto a resultados al menos satisfactorios para las partes, en una carrera contra el reloj dada la conformación variopinta de los bonistas privados.
La segunda decisión que no por previsible deja de marcar una frontera entre amigos y adversarios es la de aumentar las retenciones retrotrayendo el cronograma de bajas. Todas las entidades agropecuarias lógicamente protestaron, pero sobre todo advirtieron que no están dispuestos a ser la variable de ajuste preferida del nuevo gobierno. Es que la combinación entre una devaluación del 200% y una recuperación en la producción este año los convirtió en el blanco ideal para una colaboración involuntaria en la inminente ley de solidaridad y emergencia económica en la que también se implementará un aumento en las alícuotas de los impuestos sobre Bienes Personales y Ganancias.
La última decisión fue la tomada el viernes a última hora con un decreto de necesidad y urgencia que restaura por los 180 días de rigor de cada medida “de emergencia” la doble indemnización para los despidos sin causa. También anticipada por las exigencias de los sindicatos y otros componentes de la coalición para dar una respuesta a la creciente tasa de desocupación, que pasó el 10,6% en su última medición (segundo trimestre de este año). Acá también los empresarios pusieron el grito en el cielo. Pero en este caso el mensaje es ambiguo: por un lado, “poner a la Argentina de pie” y por otro, establecer un paraguas protector al empleo registrado privado, entendiendo que lo que viene será un tiempo duro para la demanda de mano de obra.
Esta contradicción no es novedosa pero no por ello menos angustiante: la de dar un alivio en el corto plazo, al menos, para contener el drenaje de puestos de trabajo (en leve baja desde hace un lustro, al menos) contra la señal inequívoca de alentar a crear más fuentes laborales en el mediano plazo.
Luego de tres décadas de fracaso en las políticas de contención de la pobreza, si algo quedó claro, fue que la baja calidad del empleo es la causal que más gravita en la pluralidad de variables que sumerge hoy al 40% de los argentinos. La reversión de este flagelo debería trascender su arsenal creativo a la doble indemnización.
Sin un horizonte de crecimiento, un marco jurídico previsible y una estructura tributaria que no cargue con más impuestos al trabajo, la creación de más empleo y sobre todo en el segmento de las pymes será una utopía en lugar de una política de Estado.
