A un mes de comenzado el mandato de Alberto Fernández, sería aventurado extraer conclusiones definitivas, aun si ya están trazadas algunas de las líneas directrices del nuevo gobierno. Por ejemplo, sabemos que la agenda de género jugará un rol importante e innovador, pero también quedan a la vista ciertos puntos ciegos del pasado. Es aquí donde entra a tallar la megaminería, que desde diciembre volvió a estar presente en la agenda política.
Durante la campaña electoral, el ahora presidente no solo habló en favor de esta actividad extractiva, sino que apenas asumido, en una charla con empresarios, dio por sentado que esta se extendería incluso en aquellas provincias, como Mendoza y Chubut, donde existen leyes que la prohíben.
Las masivas movilizaciones en defensa del agua ocurridas en Mendoza por la no modificación de la Ley 7.722, que prohíbe la megaminería con sustancias tóxicas, mostraron que el camino originalmente trazado por el Presidente era inviable. Lo vivió en carne propia el gobernador Suárez, de Cambiemos, quien creyó que la población le había otorgado un cheque en blanco y, en acuerdo con la bancada del Frente de Todos, con una Legislatura vallada, modificó la ley para habilitar la megaminería, cuando ya había cortes masivos de calles y rutas en toda la provincia. En apenas una semana todo estalló por los aires y Suárez tuvo que retroceder y llamar a sesiones extraordinarias, para poner en pie nuevamente la Ley 7.722.
En Mendoza, el agua es un bien tan escaso como determinante
Esta semana fue el turno de Chubut, donde también hubo movilizaciones masivas y, pese al empecinamiento del gobernador Arcioni por imponer la megaminería, importantes referentes del oficialismo, el vicegobernador, varios legisladores provinciales e intendentes se manifestaron en contra o salieron a fotografiarse con carteles diciendo “No a la megaminería”.
Historia. Es importante reconocer que las luchas contra la megaminería en Argentina no son recientes, tienen casi veinte años. Existe una acumulación, una experiencia, que para el caso de Mendoza data de 2005 (aunque la Ley 7.722 se sancionó en 2007); mientras que la Ley 5.001, en Chubut, la primera en el país, es de 2003.
Estas luchas expresan con claridad que no hay licencia social para esta actividad, tan contaminante e inherentemente insustentable, que utiliza millones de litros de agua y solo deja a la población local enormes pasivos ambientales. Actualmente, siete provincias prohíben la megaminería en Argentina. Desde 2010 existe también una ley nacional de protección de los glaciares que prohíbe la actividad minera y petrolera en glaciares y área periglacial.
Diez claves de la grieta entre minería y desarrollo tras la polémica en Mendoza
A nivel nacional, Alberto Fernández bajó las retenciones al sector minero y nombró a quien fue secretario de Minería en San Juan, Luis Hensel, quien ya prometió más megaminería a lo largo de la cordillera. Esta semana, el Presidente hizo declaraciones muy controversiales, no solo porque buscó provincializar la problemática, algo muy discutible, sino porque sostuvo también que, a diferencia de Mendoza y de Chubut, en otras provincias donde hay minería no hay conflicto y colocó a San Juan como “modelo”.
Nada más equivocado. Lejos de cualquier modelo de “buen gobierno”, en algunas provincias se consolidó un “mineralo-Estado”. Según el investigador William Sacher, el mineralo-Estado define una matriz estatal colonizada por la minería. En San Juan y Catamarca, esto se tradujo en la conformación de espacios gubernamentales vinculados con la minería y la participación de funcionarios de gobierno en empresas de servicios ligadas al sector. La yuxtaposición entre lo público y lo privado en un esquema de contubernio y corrupción incluye también el aparato de difusión y propaganda, puesto al servicio de la megaminería, así como la censura y la persecución frente a cualquier disidencia respecto del “destino minero”. El cierre de lo público y las alianzas non sanctas aplican también para Santa Cruz, Jujuy y Salta.
El pueblo que dio vuelta la taba
Por otro lado, nada más errado que colocar como “modelo de control de la minería” a San Juan. Desde 2015, en dicha provincia hubo tres derrames de solución cianurada en la mina Veladero –dos de ellos bajo la gestión de Hensel– que, según informes de universidades públicas, contaminaron cinco ríos. La compañía Barrick Gold garantizó su impunidad gracias a la complicidad de la Justicia provincial (y un oportuno fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y solo pagó una multa, mientras sigue violando la ley de glaciares. No es cierto tampoco que no haya conflicto. Pese al cierre represivo del espacio público, en San Juan la Asamblea de Jáchal mantiene un acampe local desde 2015 y junto con otras organizaciones sociales viene realizando acciones por la vía legal. Por otro lado, en Catamarca, la minera La Alumbrera consolidó una economía de enclave, que nada tiene que ver con el “desarrollo provincial”. Los datos no mienten. Después de 23 años de megaminería, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres, y hasta hace poco tenía la mayor cantidad de empleados públicos y beneficiarios de la AUH del país. Desde hace años también hay conflictos y resistencias, como en Andalgalá.
Macri intentó dar vía libre a la megaminería en territorios prohibidos, pero no lo logró. Tuvo un secretario de Ambiente, el rabino Bergman, quien devino virtual embajador de la minería. Sin agenda de derechos, la gestión anterior solo estaba interesada en fomentar la expansión del capital, de la mano de la criminalización de las resistencias. Pero la crisis económica y el desgobierno le quitaron el oxígeno que necesitaba para completar su embestida sobre los territorios.
Luego de lo ocurrido en Mendoza y Chubut, dentro del campo del nuevo oficialismo hay quienes entendieron que las luchas ecoterritoriales o contra el terricidio (como dice Moira Millán) no se pueden subestimar, tienen historia y un lenguaje de derechos. En esa línea, sería un error por parte del actual gobierno insistir en una política en favor de la megaminería. En vez de repetir un punto ciego que ilustra una figura extrema del extractivismo, sería mejor que el Ministerio de Ambiente trabajara en una agenda de derechos en estos grandes temas.
En suma, las luchas en defensa del planeta tienen aquí su carnadura local y territorial, y reflejan grandes cambios culturales que ya no pueden ser ignorados. Llegó la hora de escuchar el mensaje ampliado de la población mendocina y chubutense y también de los más jóvenes, hoy protagonistas, que nos dicen que la búsqueda desesperada de dólares no se puede hacer en detrimento del derecho de los pueblos, del agua, de los territorios, de los bienes comunes.
*Socióloga.
