Alberto Fernández es el cuadragésimo segundo presidente constitucional de la Argentina. Será recordado, probablemente, como uno de los peores, no solo por su paupérrima gestión de gobierno, sino además por embestir reiteradamente contra el Poder Judicial de la Nación y, por lo tanto, contra el sistema republicano de gobierno.
El juicio político que ha promovido contra los cuatro jueces que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sumado a los improperios permanentes vertidos contra los jueces en general, y al intento de incumplir con la medida cautelar dispuesta por la Corte, en el marco del juicio con la Ciudad de Buenos Aires y el recorte a los fondos que recibe por vía de coparticipación federal, constituyen ejemplos claros del desprecio que este presidente tiene por el funcionamiento de la Justicia.
Es ésta la tercera vez en la historia de nuestro país, en la que un gobierno intenta un desplazamiento global contra miembros del Máximo Tribunal. En efecto, cuando Juan Domingo Perón asumió su primera presidencia, en 1946, embistió contra el Máximo Tribunal, tal como ocurre ahora, promoviendo la destitución de cuatro de los cinco jueces que, por entonces, tenía la Corte (Tomás Casares quedó fuera de la ira del General, por cuanto había sido designado en la Corte un par de años antes, cuando Perón era vicepresidente de la Nación). En esa embestida renunció Roberto Repetto, pero fueron destituidos Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Antonio Sagarna.
Cuando en el año 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner, también se promovió un proceso similar contra la Corte, pero acotado a cinco de los nueve jueces que el máximo tribunal tenía en ese momento, resultando la remoción de Eduardo Moliné O’Connor y de Antonio Boggiano, mientras que López, Nazareno y Vázquez prefirieron renunciar.
El imperio de la irracionalidad
Transcurridos casi veinte años desde entonces, en los cuales gobernó el kirchnerismo durante dieciséis, un nuevo, absurdo e infundado ataque se perpetra contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en esta oportunidad, con dos grandes diferencias respecto de los procesos anteriores: la primera es que esta embestida alcanza a la totalidad de los miembros del Tribunal, y la segunda es que se desarrolla en el ocaso del Gobierno, y no en el inicio, como ocurrió con Perón y Kirchner.
En efecto, tanto el presidente formal de la República (Fernández Alberto), como la presidenta real (Fernández Cristina), se niegan a reconocer que han iniciado su largo velatorio institucional de poco más de trescientos días, y en consecuencia, intentan dar señales desesperadas de vida, promoviendo un proceso constitucionalmente previsto para la remoción de jueces de la Corte, pero fundado en argumentos impropios e inconsistentes.
Las causas previstas en la Ley Suprema para someter a juicio político a un funcionario son mal desempeño o comisión de delitos. Pues, en la coyuntura, la inconsistencia de este proceso es alarmante, ya que se pretende enjuiciar a los actuales cuatro jueces del Máximo Tribunal, por el contenido de una sentencia (aquella por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley que regulaba, hasta 2016, al Consejo de la Magistratura), de una medida cautelar (concedida en favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual se ordenó al gobierno nacional que no continúe efectuando el recorte que venía haciendo, desde 2020, en los fondos que aquella recibe en concepto de coparticipación federal), y por el contenido de chats obtenidos de forma ilegal entre un empleado del presidente de la Corte y un funcionario del Gobierno porteño.
Es exactamente todo lo que, quienes enseñamos derecho constitucional, explicamos a los estudiantes que no se debe hacer en materia de juicio político; pero si bien al “profesor” ninguna vergüenza republicana le produce este desatino, deberá encontrar una muy buena justificación, no solo para poder explicar a sus alumnos por qué, habiendo jurado “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”, ha promovido semejante dislate jurídico contra los jueces de la Corte, sino también para evitar que Dios y la Patria le demanden la incompetencia demostrada en una gestión de gobierno que, literalmente, duele.
*Abogado constitucionalista y profesor derecho constitucional UBA.
