Somos derechos y humanos

Si Javier Milei se convierte en presidente muchas cosas pueden cambiar en la Argentina. Y una de las transformaciones más abruptas podría producirse en la agenda de derechos humanos. Si Milei logra triunfar en estas elecciones podría romperse el consenso democrático iniciado tras la dictadura y continuado hasta la actualidad, con sus más y sus menos, por los distintos gobiernos constitucionales de un proceso democrático que, irónicamente, este año cumple cuatro décadas ininterrumpidas.

Se trata de un consenso que fue iniciado por Raúl Alfonsín –con gestas históricas como la presentación del Informe de la Conadep y la realización del Juicio a las Juntas–, y luego continuado por Néstor Kirchner –con la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia de Vida y el impulso a los juicios contra represores que continúan hasta el día de hoy–. Se trata también de un consenso que, a pesar de tener inocultables diferencias, ni siquiera fue alterado por Carlos Menem, Fernando de la Rúa ni Mauricio Macri. Ningún presidente surgido desde 1983 puso en duda que la condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fue el sustento en el que se asentó la democracia argentina. Pero eso puede cambiar porque Milei amenaza con romper el paradigma.

El candidato de La Libertad Avanza cuestiona la cifra de desaparecidos que se ha vuelto un emblema para los organismos de derechos humanos. “¿Me podés mostrar la lista completa de los 30 mil desaparecidos?”, gritó en San Miguel de Tucumán a fines del año pasado, cuando un periodista le pedía su opinión sobre el gobierno militar. Era el inicio de su campaña presidencial y el libertario estaba acompañado por su candidato en esa provincia, Ricardo Bussi, hijo del genocida que gobernó de facto en Tucumán. Ocurre que, a diferencia de lo que determinó la justicia argentina, Milei sostiene que hoy perdura una “visión tuerta de la historia” sobre lo acontecido tras el golpe del 24 de Marzo. Milei advierte que hubo “una guerra” y que los militares solo tuvieron “excesos”, por lo que exige igualar los crímenes perpetrados por la Junta Militar con los atentados producidos por las guerrillas armadas.  

Al concepto de “Memoria, Verdad y Justicia”, que representa el ápice de la lucha contra las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983, el libertario le contrapone una proclama revisada: propone una “Memoria Completa”, que intente equipar el terrorismo de Estado con los delitos de los grupos civiles.

Para Milei, entre 1976 y 1983 hubo “una guerra” y “excesos” de militares.

Victoria Villarruel es el mejor ejemplo de este fenómeno. La compañera de fórmula de Milei es la creadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización que pugna por la defensa de militares que sufrieron atentados civiles en la sangrienta década del setenta. Nieta e hija de militares, la diputada libertaria es autora de dos trabajos centrales sobre este debate: Los llaman jóvenes idealistas –donde plantea la tesis de que los militantes guerrilleros no eran jóvenes iluminados que luchaban contra la desigualdad social, sino que eran simples asesinos–, y Los otros muertos: víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70 –donde cuestiona la jurisprudencia internacional, que establece que los crímenes cometidos por civiles pueden prescribir, a diferencia de lo que ocurre con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, llevados a cabo por quienes detentan el poder del Estado–.

Esta semana Villarruel volvió a cuestionar la política de derechos humanos argentina de los últimos años. Para empezar, la candidata a la vicepresidencia por La Libertad Avanza puso en duda el trabajo de Abuelas y de Madres de Plaza de Mayo: “Yo he sido muy crítica de ambas organizaciones de derechos humanos parciales. Porque nunca tuvieron un repudio al terrorismo. Creo que en algún momento hay que pasar a vivir en el presente, pero eso implica hacerlo con verdad para todas aquellas víctimas que han sido ocultadas”. Acto seguido, Villarruel anunció que podría modificar el Parque de la Memoria si triunfa en las elecciones presidenciales junto a Milei: “Hay que hacer algo que sea integrador de todo el pueblo argentino, no solo de gente que está con subsidios, que sus organizaciones son bancadas, que tienen cargos públicos y que han manejado la historia como si fuera propiedad de ellos –aclaró–. Ahí debieran estar los nombres de las víctimas del terrorismo también”.

En la entrevista concedida a A24, Villarruel también describió al Museo de la Memoria que funciona en la ex Esma como “el museo de la desmemoria” o un “museo donde la memoria perdió la memoria” y anunció que, de llegar al poder, intentará clausurar este espacio histórico que, por caso, está siendo evaluado por el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco para ser incorporado a la nómina de Patrimonio Mundial. “Eso era para instituciones de la Armada, no era para armar un museo. Por lo tanto, ese bien debiera volver a la familia Raggio”, enfatizó Villarruel. El predio de 17 hectáreas fue cedido por esa familia para que fuera utilizado como centro de instrucción militar y el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires lo transfirió al Ministerio de Marina por un decreto del año 1924. Pero en 1976 la Junta Militar designó a la ESMA como uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes de la última dictadura. Sin perder su funcionamiento como escuela, fue un eslabón clave del plan sistemático de secuestro, tortura, exterminio y robo de niños y bienes. Se calcula que allí murieron 4.500 personas. “Es un lugar donde se cuenta la mitad de la historia”, opinó Villarruel.

Casi sin darse cuenta, Milei y Villarruel emulan la estrategia militar en 1979.

Con la relectura de la cuestión de los derechos humanos, casi sin darse cuenta, Milei y Villarruel emulan la estrategia militar de 1979, cuando la dictadura argentina recibió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y buscó desviar la atención de lo que se estaba poniendo en discusión en ese momento. Entonces, la Junta Militar contrarrestó la condena que los diplomáticos de la OEA iban a emprender por los delitos de lesa humanidad, advirtiendo que, en realidad, se trataba de una campaña antiargentina implementada desde el exterior. Y se dio inicio a una acción de marketing ideada y puesta en escena por la consultora Burson-Masteller. “Los argentinos somos derechos y humanos”, fue la consigna que se repitió en la prensa amordazada por la censura y fue también la proclama que se imprimió en calcomanías para ser adheridas en las ventanas de los autos y de las casas argentinas.

La iniciativa mediática se realizó en medio del Campeonato Mundial Juvenil de Japón 1979, que consagraría a un genial Diego Maradona para sumar más efervescencia mundialista a la Copa del Mundo de 1978, que había sido organizada y ganada por la Argentina. “Vayamos todos a la Avenida de Mayo, entremos a las oficinas de la OEA, y demostremos a los señores de la Comisión que la Argentina no tiene nada que ocultar”, gritaba eufórico José María Muñoz en Radio Rivadavia. El Relator de América ya se había convertido entonces un ferviente defensor de la dictadura.

En Derechos humanos, política y fútbol, Marina Franco dio cuenta de este plan orquestado por los militares para rediscutir en la agenda internacional la política de derechos humanos argentina. Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Conicet en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), donde coordina el Programa de Estudios de Historia Reciente, Franco es una de las principales investigadoras sobre pasado reciente y en ese ensayo sostiene que la visita de la CIDH y la denuncia de una supuesta “campaña antiargentina” desde el exterior fueron dos operaciones de prensa destinadas a construir cierta legitimidad política interna en el momento mismo en que se hacía más fuerte la presión externa por las denuncias sobre los desaparecidos y sobre las torturas en los centros de detención clandestinos. En particular, la voz oficial sostenía la existencia de un “ataque” contra Argentina que había sido montado por los exiliados en base a mentiras, según la Junta Militar. En cambio, en el frente interno, el régimen advertía que los argentinos eran derechos, humanos y que no tienen nada que esconder.

Como lo hizo antes la dictadura, Milei y Villarruel proponen ahora cambiar el eje de debate en materia de derechos humanos. Los libertarios evitan así referirse a la cuestión central: no hacen mención al terrorismo de Estado y prefieren no referirse a las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983. De eso no se habla. En nombre de la libertad.