Fue una decisión inédita y un gesto contundente de la Corte Suprema para los hombres y las mujeres de la Justicia de Rosario, que se enfrentan al cada vez más desafiante poder del narcotráfico. Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se presentaron esta semana en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para encabezar el foro titulado “El juzgamiento del narcotráfico”, que convocó a 122 jueces y fiscales de todo el país. La reunión, que posibilitó una impensada alianza en medio de la tensa interna desatada entre los cortesanos, había sido convocada por la Asociación de Juezas y Jueces Federales (Ajufe) y representó un enérgico respaldó a los funcionarios judiciales santafesinos, que intervienen en los casos de tráfico de drogas más complejos del país.
“Para enfrentar al narcotráfico con eficacia hay que hablar de algo más. Hay que hablar de la necesaria decisión política para enfrentarlo, la existencia de un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados y una sociedad comprometida”, señaló Rosatti. “La decisión política no debe limitarse a la etapa represiva del delito, es decir una vez que éste se ha consumado o cuando está consumándose. Tampoco debe circunscribirse a la etapa previa o anticipatoria del crimen. Todo ello es necesario pero insuficiente”, completó el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.
El crecimiento del narcotráfico obliga a repensar estrategias superadoras: Argentina ya no es solamente un país de tránsito de estupefacientes. Según el último informe elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas, que depende del Sedronar, se estima que en 2019 hubo en el país 13.182 muertes atribuibles, parcial o totalmente, al consumo de drogas. Esto representa el 16,3% de las muertes totales de personas de entre 15 y 64 años, lo que se traduce en una tasa bruta de 45,7 casos cada cien mil habitantes. Las muertes relacionadas al consumo de drogas son, en mayor proporción, causadas por enfermedades cardiovasculares (42% y 19,2 casos cada cien mil habitantes) y por neoplasias (38,8% con 17,7 casos cada cien mil habitantes), ambas de estimación indirecta.
La “decisión política” es fundamental para luchar contra el narcotráfico
La “decisión política” es la piedra angular para establecer un combate eficiente contra el narcotráfico, porque se trata de un desafío que va mucho más allá del enfrentamiento militar. En Qué hacer con las droga, Juan Gabriel Tokatlian logró demostrar que la “guerra contra las drogas” ha fracasado en todo el mundo, tal como lo demuestra la historia reciente de Estados Unidos: desde que Richard Nixon declaró su guerra al narcotráfico en los setenta, el flagelo aumentó en forma desproporcionada y se produjo un fenómeno criminal sin precedentes, hasta que se extendió internacionalmente, siguiendo las presiones e intervenciones diplomáticas y militares de los Estados Unidos.
Experto en teoría de las relaciones internacionales y vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Tokatlian sostiene que aunque haya sido fundamental, la defensa mundial del prohibicionismo estadounidense no representó simplemente una “imposición” de la “guerra contra las drogas” a los demás países, sino que se articuló con dinámicas regionales y nacionales de persecución de minorías, conflictos civiles y desigualdades sociales. Se trata, por lo tanto, de una dificultad que merece ser entendida desde un análisis que exige mayor responsabilidad.
Es que, como logró establecer Brígida Renoldi en Carne de carátula: experiencias etnográficas de investigación, juzgamiento y narcotráfico, el tráfico de drogas ilegales articula varios niveles, en tanto es mercadería en movimiento: el nivel local –que responde a la localización inmediata de las experiencias, donde se conducen actividades cotidianas en diferentes redes sociales e instituciones–; el nivel regional –que responde a la definición cultural y política que adquieren los habitantes dentro de un territorio–; y los niveles nacional, internacional y transnacional –que se refieren a la existencia de los Estados-naciones y a sus relaciones internas y externas–.
Doctora en Antropología, investigadora del Conicet y especialista en la relación que se establece entre funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad y narcotráfico, Renoldi sostiene que el problema de la droga recorre todos estos niveles de manera problemática, desde el momento en que es un mercado expandido cultural y territorialmente y en él intervienen distintas instituciones del Estado. La autora sostiene que el tráfico de drogas articula también dos dimensiones explícitas: enfermedad e ilegalidad, que imprimen “peligrosidad” al fenómeno, sobre todo cuando se lo piensa desde el centro político que promueve y legitima las medidas que se toman en su contra. Este sentido de peligrosidad social, construido en la historia occidental sobre las drogas, impacta en la base de la gestión de políticas públicas para enfrentar el tema, tanto jurídico-legales, como sanitarias y de seguridad.
La Corte Suprema advierte que el narcotráfico entró en una fase superior
Es por esa razón que los jueces de la Corte Suprema advierten que el narcotráfico entró en una fase superior en la Argentina. Ya no se refiere sólo a un enfoque de consumo o distribución, sino a un problema mayor, que incluye sicarios, homicidios, lavado de dinero, extorsiones, comerciantes presionados y secuestros extorsivos. En ese marco, Lorenzetti propuso crear una agencia especial dedicada al narcotráfico, integrada por representantes gubernamentales, fiscales judiciales y de lavado de dinero, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, junto a organismos como Aduana, AFIP y la UIF. “Una agencia que estaría por fuera de las urgencias y se dedicaría a erradicar el narcotráfico: un grupo que se reúna permanentemente todas las semanas y vaya solucionando los problemas”, explicó Lorenzetti en lo que sería el nacimiento de una DEA argentina, con sede en Rosario.
La ciudad santafesina representa el foco de este escenario. En Los Monos: Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno, los periodistas Germán De los Santos y Hernán Lascano documentaron cómo el ascenso de la familia Cantero en la ciudad de Santa Fe se convirtió en un caso único dentro del hampa: delincuentes comunes y marginales en sus orígenes que se enriquecieron en pocos años corrompiendo a funcionarios y asesinando a sus competidores. Los Monos constituye el caso paradigmático del avance narco en Argentina.
Por la impunidad con la que se mueven los jefes narcos, Rosario se ha convertido, según los fiscales, en la capital del narcotráfico local. “En otros lugares del país no sucede de la misma manera. ¿Vos pensás que en Córdoba no hay venta de drogas? Claro que las hay. Lo que pasa es que no hay una banda con estos rasgos que lucran con que los pibes se maten entre ellos. En Rosario alguien lo llama a Guille Cantero, el líder de Los Monos, y le dice: 'Me quiero quedar con el barrio'. Y él le responde: 'Listo, quedátelo. ¿Cuánto me pasás?'. Cantero le habilita el territorio y se queda con una cuota por permitirle hacer sus cosas en ese lugar”, le dijo al DiarioAR, Matías Edery, fiscal de Rosario adjunto en la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, y responsable de haber llevado a Cantero el año pasado a prisión.
El juicio contra el líder de Los Monos se inició el 20 de agosto de 2021. Y no comenzó de la mejor manera: dos personas, que se movilizaban en una moto dispararon contra el edificio del Centro de Justicia Penal (CJP) y se dieron a la fuga. Dos balas calibre 9 milímetros atravesaron el vidrio del CJP, que a esas horas estaba vacío. “A veces nos preguntan cómo hacemos para seguir”, le confesó Edery a Noticias.
Para respaldar a Edery y al resto de los fiscales y a los jueces que luchan contra los narcos, los miembros de la Corte Suprema llegaron al foro de fiscales de Rosario de una forma muy particular: tuvieron que ser transportados en autos blindados.
