La elección de la fórmula oficialista de unidad Sergio Massa-Agustín Rossi se corresponde bien con esta coyuntura en al menos tres dimensiones:
1. Dimensión orgánica: Se trata de una decisión que avala Cristina Kirchner, liderazgo central para un sector mayoritario de Unión por la Patria y estas decisiones en el peronismo no se deliberan.
2. Dimensión electoral: La fórmula Massa-Rossi atrapa bien los votos de espacio que hoy están en torno al 35%, como muestra la encuesta de la consultora Proyección de 1.410 casos efectivos a nivel nacional.
Adicionalmente, el actual candidato a presidente por UxP puede intervenir con eficacia en provincias hostiles a la oferta oficialista tradicional, como la provincia de Córdoba, el segundo distrito electoral del país –recordemos que Massa fue integrante de la Alianza UNA (junto al exgobernador De la Sota) y obtuvo el 20,4% de los votos en las elecciones de 2015.
Un buen punto de partida para combinar tres circunstancias claves:
A) La señalada eficacia de Massa para capturar votos en una provincia tan esquiva al kirchnerismo que en la reciente elección provincial logró apenas el 2,2% de los votos.
B) La incidencia que puede tener la candidatura de Schiaretti en la provincia, ya que a diferencia de De la Sota, llegará a disputar la primera vuelta restándole potenciales votos a Juntos por el Cambio.
C) Los votos que pudiera obtener Javier Milei en el distrito.
Se trata de una provincia que para la alianza Juntos por el Cambio es equivalente a la tercera sección electoral bonaerense para UP que le aportó 900 mil votos en las elecciones de 2015 que ganara Macri por 700 mil votos a nivel nacional. Cada voto que la fórmula de UP obtenga en Córdoba “vale doble” a nivel nacional.
3. Dimensión programática: Sergio Massa fue muy crítico del acuerdo delictivo Macri-FMI y su convalidación parlamentaria en tiempos del ministro Guzmán, impugnando junto con Máximo Kirchner –que incluso renunció a la jefatura de bloque– el tipo de acuerdo con el Fondo, el gran cerrojo que impulsa el proceso inflacionario, el deterioro de ingresos familiares y obstáculo para una política de crecimiento con distribución, marca distintiva del kirchnerismo bautismal de los años 2003 a 2015.
El mismo Massa señaló: “Una obsesión que tiene que tener el próximo presidente es pagarle al FMI, sacarlo de la Argentina para no volver”.
Desde luego, la eficacia electoral oficialista necesita complementarse en la coyuntura con una mejora en los niveles de ingresos populares, base electoral mayoritaria de Unión por la Patria.
Hoy las mejoras de ingresos, a pesar de la robusta generación de empleo, siguen pendientes.
Los últimos datos muestran que el promedio salarial registrado para el mes de mayo, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, asciende a $ 253.609 bruto, con descuentos a $ 210.496 (los salarios no registrados o autónomos reciben un 40% promedio menos), mientras una canasta de pobreza metropolitana para cuatro personas para ese mismo mes está valorizada por el INDEC en $ 217.916.
El renovador José Ignacio de Mendiguren advirtió sobre la crisis de ingresos: “Hay que dar el debate de la suma fija”, sostuvo el martes pasado.
Todo un desafío para el oficialismo, complementar la competitividad de la fórmula Unión por la Patria –hoy en empate técnico con la coalición neoliberal– con las mejoras de ingresos familiares.
Será decisivo, ya que aún permanece activa la memoria del gobierno de Juntos por el Cambio. El gobierno que duplicó el desempleo, la pobreza, hizo caer ocho puntos la participación de los trabajadores en el ingreso total y endeudó al país por generaciones restituyendo la tutela del FMI sobre la política socioeconómica del país, tutela nefasta de la que Néstor Kirchner nos libró en enero de 2006, pagando 9.800 millones de dólares al organismo. El peor gobierno de la democracia, solo comparable con el desgobierno de Fernando de la Rúa y su final sangriento, del que muchos dirigentes de Juntos por el Cambio formaron parte.
* Director Consultora Equis.
