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SENADO DE LA NACIÓN

Alejandra Vigo y un grupo de senadores pidieron una sesión especial para debatir el DNU

La senadora por Córdoba fue una de las firmantes de la carta que le pide a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial para el debate del DNU de Javier Milei.

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Alejandra Vigo, senadora nacional por Córdoba. | CEDOC

Un grupo de senadores pertenecientes a diversos bloques provinciales, entre ellos la cordobesa Alejandra Vigo, dirigió una solicitud a la vicepresidenta Victoria Villarruel, pidiendo la convocatoria de una sesión especial para abordar el decreto de necesidad y urgencia 70/23, emitido por el presidente Javier Milei poco después de asumir su cargo en diciembre del año pasado.

La petición, que fue enviada el viernes pasado y presentada formalmente este lunes en la Cámara alta, hace referencia a los artículos 19 y 20 del Reglamento, que otorgan a la vicepresidenta la facultad de convocar a una sesión especial.

La mayoría de los firmantes representan a provincias patagónicas, con la excepción de dos senadores misioneros y tres peronistas disidentes.

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Entre ellos se encuentran Natalia Gadano y José María Carambia, por Santa Cruz; Pablo Blanco, por Tierra del Fuego; Mónica Silva, por Juntos Somos Río Negro; y los peronistas disidentes de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba).

También han firmado la solicitud los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia. No obstante, algunos senadores provinciales como Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (UCR) de Chubut, no se sumaron a la solicitud.

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La decisión de convocar la sesión especial recae en la vicepresidenta, quien preside el Senado, y ha sido objeto de discusión previa con respecto a los reclamos anteriores del Frente de Todos.

Por otro lado, la Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, establecida la semana pasada, iniciará formalmente este jueves el debate sobre la legalidad del DNU de Milei, así como de numerosas normativas similares enviadas por el gobierno de Alberto Fernández.

La carta presentada:

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