La reforma laboral está en el centro del debate nacional y se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Javier Milei, que busca avanzar con los cambios durante las sesiones extraordinarias. En este escenario, los principales actores del sector privado comenzaron a fijar posición.
Entre ellos se destaca Arcor, uno de los mayores empleadores del país, que dejó clara su postura: es necesario “actualizar el marco laboral” para acompañar la evolución del mercado de trabajo, mejorar la productividad y promover la generación de empleo formal.
La discusión toma impulso tras una semana marcada por tensiones económicas, despidos en grandes industrias y señales encontradas sobre la actividad, mientras el Gobierno busca acelerar consensos en el Consejo de Mayo, donde confluyen funcionarios, empresas, gremios y referentes legislativos.
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La posición estratégica de Arcor
En este clima de revisión profunda, la postura de Arcor, publicada por Revista Apertura, grupo que emplea a 20.000 trabajadores, aporta uno de los diagnósticos más nítidos. Desde la compañía remarcaron que es necesario avanzar hacia “un marco laboral actualizado y moderno” que permita acompañar los cambios tecnológicos, los desafíos empresariales y las nuevas dinámicas del mercado de trabajo.
La empresa que preside Alfredo Pagani destacó también que, junto con la reforma laboral, el país necesita una reforma tributaria que simplifique el sistema y reduzca la carga sobre la producción para promover inversiones estables. A esto sumó la necesidad de resolver pendientes estructurales como infraestructura, logística y litigiosidad, factores que siguen afectando la competitividad, un valor que
—recordaron— es “parte del ADN exportador de Arcor”.
Las grandes compañías fijan postura
En la mesa de debate aparecen firmas como Coto, Techint, Telecom, Swiss Medical, Mercado Libre, Grupo Pérez Companc, Changomás, Banco Macro y Newsan, que en conjunto emplean alrededor de 150.000 trabajadores. La expectativa común gira en torno a un esquema que permita reducir la informalidad, que según el Indec alcanza al 43,2% de los trabajadores en el país.
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Desde la UIA, su titular Martín Rappallini insistió en que una nueva legislación debe apuntar a “mejorar la competitividad”, reducir la litigiosidad, y garantizar la posibilidad de ordenar la operación de las fábricas “sin bloqueos ni riesgos para la producción”.
El peso de Techint se siente con fuerza en la discusión, especialmente en sectores como el acero. En paralelo, voces como las de Claudio Belocopitt (Swiss Medical) señalan que una reforma no debería “venderse” como pérdida de derechos, aunque advierten que la judicialización laboral se volvió “una estafa” que desincentiva la contratación.
