El legislador oficialista Leonardo Limia presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de Córdoba para solicitar que Alejandra Ferrero mantenga su apartamiento de la actividad parlamentaria hasta que se esclarezcan las circunstancias institucionales vinculadas con Omar Manuel Ludueña, empleado de planta permanente que estaba asignado a su despacho y se encuentra involucrado en una investigación judicial por presuntos delitos contra la integridad sexual.
La iniciativa expresa en el artículo primero que: se le solicita "a la Legisladora Provincial Alejandra Ferrero que mantenga su apartamiento de la actividad parlamentaria hasta tanto sean suficientemente esclarecidas las circunstancias institucionales vinculadas con el agente Omar Manuel Ludueña, quien se encontraba afectado a su despacho legislativo al momento de tomar estado público la investigación judicial seguida en su contra".
También plantea que Ferrero informe ante la Cámara cuándo tomó conocimiento de la denuncia contra Ludueña, qué actuaciones dispuso a partir de ese momento y cuáles fueron las circunstancias relacionadas con la licencia que presentó el 19 de agosto de 2026.
El proyecto solicita que va en contra de la legisladora deloreista establece que, antes de una eventual reasunción de su banca, la legisladora deberá informar ante el cuerpo legislativo la fecha precisa en que tomó conocimiento de la denuncia y las medidas que adoptó a partir de ese momento.
También pide que explique las circunstancias vinculadas con la solicitud de licencia presentada el 19 de agosto de 2026. Por último, Limia propone remitir las actuaciones a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para su conocimiento y consideración dentro de sus atribuciones.
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El argumento político
En los fundamentos, Limia sostiene que el pedido busca preservar un criterio uniforme de responsabilidad política dentro de la Legislatura. Para construir ese argumento, el legislador toma como antecedente el caso del entonces legislador Ernesto Ramón Flores, frente al cual, según plantea el proyecto, la oposición había reclamado su exclusión definitiva por la causal constitucional de indignidad.
En aquel caso la Unión Cívica Radical había defendido un estándar de responsabilidad política amplio frente a hechos graves relacionados con personas vinculadas al ámbito de trabajo de un legislador. En ese marco, Limia recupera expresiones públicas atribuidas a Ferrero durante el caso Flores y sostiene que la legisladora había considerado que, ante una situación similar dentro de su propio bloque, correspondía reclamar una respuesta institucional.
Para el oficialista, ese antecedente debe ser tenido en cuenta ahora al analizar la situación de Ferrero. El proyecto plantea que el criterio político utilizado frente a otro legislador debería conservarse cuando una situación de gravedad alcanza al propio espacio.
Los fundamentos también hacen referencia al vínculo laboral de Ludueña con la Legislatura. El proyecto señala que se trata de un empleado de planta permanente y que Ferrero explicó públicamente que no era un asesor contratado directamente por ella.
Sin embargo, Limia sostiene que el empleado estaba asignado al despacho de Ferrero y cumplía funciones vinculadas con su actividad legislativa. A partir de esa circunstancia, plantea que el análisis institucional no debería limitarse a la naturaleza administrativa de su vínculo.
El antecedente de Flores
Una parte central de los fundamentos está vinculada con el caso del exlegislador Ernesto Ramón Flores. Limia sostiene que en aquella oportunidad se reclamó una respuesta institucional severa y que los argumentos utilizados entonces deben ser considerados como antecedente para el caso actual.
El legislador plantea que la responsabilidad política no debería depender de la pertenencia partidaria de la persona involucrada y que la Legislatura debería aplicar criterios uniformes ante situaciones que comprometan su consideración pública. Por eso, el proyecto propone que Ferrero continúe apartada de su banca mientras se esclarecen las circunstancias institucionales vinculadas con Ludueña y hasta que brinde las explicaciones que Limia considera necesarias.
