El viernes último, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó la instrucción de un sumario administrativo al secretario penal del Juzgado Federal N°1, Facundo Troncoso. Designó para esa tarea al juez de Bell Ville, Sergio Pintos. Ambas decisiones fueron por mayoría.
El sumario tiene por objetivo deslindar la responsabilidad disciplinaria administrativa de Troncoso sobre hechos narrados por el fiscal Enrique Senestrari, patrocinado por los abogados Claudio Orosz y Ramiro Fresneda, en un proceso que garantice el derecho de defensa del funcionario que trabaja en el juzgado a cargo de Ricardo Bustos Fierro.
Los hechos denunciados, sobre los cuales PER FIL CÓRDOBA informó en exclusiva en la edición del 9 de octubre, refieren a supuestos dichos agraviantes en contra de Senestrari proferidos por Troncoso en el ascensor que usan las autoridades de los tribunales federales. También incluyen mensajes con tono de amenaza o advertencia que habría enviado el mismo funcionario al teléfono personal de Orosz, prometiendo una “lluvia de denuncias” porque tenía pruebas de “todas las cagadas” (sic) que habrían cometido a lo largo de los últimos años.
Además de la presentación efectuada ante la Cámara, el fiscal realizó una denuncia penal en el Juzgado Federal N°3, a cargo de Hugo Vaca Narvaja. La apertura del sumario fue una decisión de la Cámara Federal que no estuvo exenta de un fuerte debate. Del acta que contiene los posicionamientos de los vocales y sus argumentos se desprende que, para la mayoría de los jueces, es un caso “grave”, un tema “sensible” y “trascendente”.
Otro detalle que lo evidencia es la elección de un magistrado para ser el director del sumario. En un proceso administrativo abierto recientemente contra un escribiente que hurtó casi medio millón de pesos a una compañera a través de transferencias bancarias desde su teléfono celular, el instructor del sumario fue un secretario de la Cámara Federal.
En este caso será el juez federal de Bell Ville, Sergio Pintos, ya que la persona a investigar tiene rango de funcionario. Podrá designar secretario de actuaciones y tendrá un plazo de 60 días para elevar las conclusiones a la cámara. Será el tribunal el que adopte una resolución final.
Discusión. Un intenso cruce de posiciones precedió la resolución. La camarista Graciela Montesi rechazó la apertura del sumario porque consideró que debía efectuarse una “investigación preliminar”, para determinar la existencia de los hechos descriptos por el denunciante. La jueza relativizó la trascendencia de la situación señalando que “en ella solo se hacen consideraciones que refieren a dichos en un ascensor y mensajes telefónicos” y “que ello no resulta suficiente para ordenar instruir un sumario”.
La vocal Liliana Navarro, por su parte, sostuvo que “no puede desconocerse la investidura de quienes aparecen afectados por los hechos denunciados: un fiscal federal (Senestrari) y un reconocido abogado de la matrícula (Orosz)” y disintió con su colega al señalar que no “se tratan de ‘dimes y diretes’, pues los hechos relatados no aparecen como simples dichos del denunciante, sino que se le atribuyen al secretario Penal del Juzgado Federal N° 1, abogado Facundo Troncoso, manifestaciones amenazantes en un lugar determinado, una fecha determinada y en presencia de un juez y dos secretarios de estos tribunales federales. Por otra parte, se le endilga haber enviado mensajes con una finalidad en principio amenazante al doctor Orosz, adjuntando imágenes de expedientes al parecer archivados en el Juzgado Federal N° 1”.
“A mayor cargo mayor responsabilidad, por lo que corresponde investigar los hechos y el desempeño judicial”, subrayó Navarro.
En tonos similares se pronunciaron Ávalos y Vélez Funes.
Inicialmente el camarista Abel Sánchez Torres acompañó la posición de Montesi, pero a la hora de votar terminó haciéndolo con el resto de vocales, quienes fundamentaron desde el comienzo del debate que correspondía instruir el sumario administrativo para garantizar el derecho de defensa del funcionario Troncoso.
Es decir que se habilitó el proceso con los votos de Ávalos, Vélez Funes, Navarro y Sánchez Torres.
También hubo discrepancias en la designación del sumariante. Montesi y Sánchez Torres opinaron que “por una cuestión de transparencia y equidad”, se debía hacer un sorteo entre los jueces de primera instancia, pero quedaron en minoría.
Nueva mayoría. La votación de la cámara mostró una nueva correlación de fuerzas. En tiempos no tan lejanos trascendieron furiosos cuestionamientos –que hasta llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación– por el doble voto de la presidencia, mientras la ejerció Graciela Montesi. Había seis vocales y en decisiones de superintendencia, quedaban divididos en dos bloques de tres vocales cada uno. Por eso terminaba desempatando el o la presidenta.
A fines de 2019, cuando ejerció ese cargo Liliana Navarro, una de las primeras decisiones fue eliminar el doble voto y buscar siempre el consenso.
La vacancia de una vocalía, por el fallecimiento de Luis Rueda, modificó el escenario. Lo demuestra el desenlace del Acuerdo 289/2022 que abrió el sumario a Troncoso, con un bloque mayoritario integrado por Ávalos, Navarro y Vélez Funes; frente a los vocales Sánchez Torres y Montesi, en minoría.
