El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba (CAC), Eduardo Bittar, reclamó una solución inmediata al conflicto salarial que mantiene paralizado el Poder Judicial provincial y advirtió sobre el riesgo inminente de colapso del sistema. “Esto no es un servicio público cualquiera, es una función estatal esencial que hoy está gravemente resentida”, sostuvo el abogado en declaraciones que marcaron un posicionamiento institucional firme.
"Es cierto que los trabajadores judiciales han visto deteriorados sus ingresos, el sistema de justicia es uno solo y debe funcionar de forma integral. La equiparación salarial que propuso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no alcanza", expresó el titular del CAC.
Bittar también se refirió al impacto real en el acceso a la justicia: "Algunos fueros, como el penal, ya se están viendo particularmente afectados, las medidas de fuerza también están afectando a toda la abogacía que ejerce la profesión".
Así mismo, insistió en la necesidad de conformar una mesa de negociación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y los gremios judiciales para destrabar un conflicto que ya lleva varios días. “Pedimos que se restablezca el servicio de justicia; ayer, 21 de mayo, lo solicitamos nuevamente. Sabemos que es un problema económico, pero las soluciones deben surgir del diálogo”, remarcó.
El Colegio de Abogados se sumó así al pedido unificado de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), sectores de Alternativa 16N y trabajadores autoconvocados, que reclaman la equiparación al 90% de los salarios federales, lo que implicaría un aumento promedio del 20% en todas las categorías.
Bittar reconoció el deterioro del poder adquisitivo del personal judicial, pero advirtió que el problema es sistémico: “La justicia debe funcionar de manera integral. Jueces, empleados y abogados tienen que tener condiciones dignas para ejercer”. Señaló además que ya hay fueros, como el penal, con fuerte afectación: “Las fiscalías, las unidades judiciales... esto impacta también en la abogacía que representa a los ciudadanos”.
Ante la falta de avances, el abogado fue categórico: “Esto sólo puede resolverse en una mesa de diálogo. Las partes deben sentarse y explorar salidas posibles. No podemos permitir que la justicia se detenga”.
Finalmente, descartó técnicamente la posibilidad de una conciliación obligatoria por tratarse de un poder del Estado sin convenio colectivo, pero instó a replicar experiencias previas de diálogo institucional. “Desde el Colegio de Abogados vamos a estar ahí, convocando a las partes. Lo que está en juego es la continuidad misma del servicio de justicia”, concluyó.
