La Cooperativa Horizonte amplió su denuncia penal y demanda judicial contra la Municipalidad de Córdoba y la concesionaria Aguas Cordobesas por la falta de provisión de agua potable a nuevos barrios. El reclamo apunta al intendente Daniel Passerini por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “malversación de caudales públicos”, en perjuicio de más de 250 familias.
“Es obligación del municipio proveer el agua, no de Aguas Cordobesas. El intendente está incumpliendo la ley y no abre la boca. Es hora de la justicia”, afirmó el fundador de la cooperativa, Julián Benassi, quien recordó que la institución “jamás entregó una vivienda sin los servicios esenciales”.
Carlos Moro, presidente de la entidad, fue más tajante: “Si no me hacés mi obra, yo no te doy tu agua. Es una maniobra extorsiva, porque el vecino ya pagó por ese servicio. Nos quieren trasladar costos millonarios que son responsabilidad del Estado y que están cubiertos con el impuesto que todos pagamos en la boleta de agua”.
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Según la denuncia, el municipio exige que los adjudicatarios costeen obras de ampliación de red “fuera de las fracciones” a cambio del servicio, algo que califican como ilegal. “Es como si para tener luz tuvieras que pagar vos el cableado de todo el barrio. La ley no lo permite y, sin embargo, lo están haciendo”, advirtió Benassi.
La cooperativa también apuntó contra el manejo de la Contribución para la Financiación de la Infraestructura Sanitaria (CFIS), incluida en las boletas de agua, que este año recaudaría más de $16.800 millones. “Ese dinero debería ir a obras de expansión de redes, pero se destina a otras cosas. Es una malversación clara”, sostuvo Moro.
Para la entidad, la situación golpea especialmente a familias de sectores medios y bajos. “Nuestros adjudicatarios llegan arañando a pagar la cuota. No pueden hacerse cargo de una obra que es competencia del municipio”, remarcó el presidente.
Pese a la escalada judicial, la Cooperativa insiste en que "estuvo, está y estará siempre dispuesta al diálogo". Sin embargo, con Aguas Cordobesas se interrumpió porque la empresa "no está obligada a llevar adelante la ejecución de las redes de agua," siendo esta una responsabilidad de la Municipalidad desde la transferencia del servicio. Los acercamientos previos con la Municipalidad, según Benassi, terminaron en "pavadas" y una evasión de la ley.
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La cooperativa espera que tanto la justicia como las autoridades provinciales y municipales actúen para "encauzar este esta exigencia" y asegurar la continuidad de su labor en la provisión de vivienda social en Córdoba. Benassi, por su parte, lanzó una advertencia: “Si no hay una solución rápida, esto va a escalar. No queremos un conflicto social, pero sin agua no nos vamos a quedar. El agua es un derecho, no un privilegio”.
La cooperativa, con 43 años de trayectoria y más de 20.000 viviendas entregadas, asegura que seguirá la vía judicial y mediática para visibilizar el problema. “No buscamos pelear por pelear; buscamos que se cumpla la ley y que el vecino tenga el agua que le corresponde”, concluyó Moro.
