Durante dos noches, María Eugenia Díaz y su hija de 13 años durmieron en la Terminal de Ómnibus de Córdoba. La mujer de 55 años había perdido su empleo en una parrilla de la avenida 24 de Septiembre donde trabajó tres años en negro, cobrando 450 mil pesos. Complementaba ese ingreso vendiendo empanadas, productos de pastelería y haciendo trabajos de limpieza en casas particulares. Cuando el local y el dueño de su departamento en barrio Alberdi le aumentó el alquiler, los números dejaron de cerrar.
"Me cuesta creer lo que me está pasando, pero es muy difícil. Mi inquietud es la necesidad de un trabajo y conseguir algún lugar para estar con mi niña", relató la mujer en diálogo con el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba.
Su testimonio, difundido este lunes, expuso las consecuencias humanas de una crisis que golpea a millones: según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA publicados por el diario Clarín, la informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre del año, uno de los valores más elevados desde 2008.
Tres años sin registro y sin protección
María Eugenia explicó cómo funcionaba su relación laboral: "Yo trabajaba en negro, estuve tres años y, de un día para otro, el dueño supuestamente ya no podía sostener el negocio, le pidieron el local y ya no existe porque lo tiraron abajo".
El cierre repentino del local la dejó sin ninguna indemnización ni compensación. "Me costeaba mis gastos con lo que yo hacía extra para vender, pero ahora, al no tener un trabajo fijo, se me hizo insostenible", reconoció.
Su situación ilustra lo que revela el informe del IIEP, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria: aproximadamente 9 millones de personas en Argentina no cuentan con cobertura de la Seguridad Social, laboral o impositiva. Entre los asalariados, la tasa de informalidad fue del 37,7%, mientras que los trabajadores informales perciben en promedio un 44% menos que los registrados.
Del alquiler a la terminal
Tras perder su ingreso principal, María Eugenia -madre monoparental- no pudo afrontar el aumento del alquiler. "Tengo a mi hija a cargo, está con mi apellido", explicó sobre la adolescente de 13 años. Sin alternativas, pasaron dos noches en la terminal de ómnibus antes de que unos conocidos las alojaran temporalmente en una casa cerca de la Ruta 5, camino a Alta Gracia.
"Estoy por unos días nada más", aclaró sobre esa solución precaria. "Estamos en un lugar chiquito y ellos también tienen a sus hijos".
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La nueva ubicación generó otro problema: la adolescente asiste a la escuela IPEM 181 de barrio Juniors, que ahora le queda muy lejos. "Mi hija viene al colegio y no cuenta con transporte, además está bajo tratamiento psicológico afectada por la situación de calle en la que estamos", contó María Eugenia.
La alumna había empezado a faltar a clase, aunque mantenía buenas notas. "Ella tiene buenas calificaciones y no quisiera que pierda clases. Por eso el colegio me está ayudando, con las tareas y con los trabajos que tiene que presentar", señaló.
El costo del colectivo se convirtió en una barrera concreta. "No puedo venir todas las veces en colectivo, es un montón. Al transporte no lo puedo costear", explicó la mujer. Su hija no tiene boleto gratuito porque la situación habitacional es transitoria.
Para sobrevivir, la mujer hacía "cositas para vender" y trabajos de limpieza ocasionales, pero cada peso que conseguía debía destinarlo a gastos inmediatos. El tratamiento psicológico de su hija en el Hospital de Niños agregó otro desafío logístico y económico.
"Deplorable": rechazó el refugio municipal
Cuando María Eugenia solicitó ayuda al municipio de Córdoba, le ofrecieron alojamiento en un refugio. Sin embargo, prefirió la calle antes que exponer a su hija a esas condiciones. "En una pieza dormían en cuatro o cinco camas. Uno entra y siente el olor y la mugre. El lugar es deplorable", describió.
El responsable del lugar le advirtió que debía compartir habitación con otras personas, información que nadie le había anticipado. "Para poner a mi hija ahí expuesta, prefería estar en la calle", afirmó categóricamente.
Los días en la terminal fueron "muy feos", recordó. "Se ve de todo. Es chica, joven, lo malo siempre está", expresó sobre los peligros que enfrentaban. "Trato de estar con ella, no despegarme, pero no puedo", agregó.
Nueve millones en la misma situación
Santiago Saín, abogado especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, contextualizó el caso en la misma emisora radial: "Claramente hay una crisis. Los números tanto del INDEC como los números que ha revelado la UBA y el CONICET indican alrededor del 42% de trabajo no registrado. Eso, a números reales, son unos 9 millones de personas que están atravesando eso".
El especialista subrayó que la informalidad nunca estuvo tan alta: "Si nosotros tomamos el punto por separado de la informalidad, hay que decir que nunca ha estado la informalidad laboral tan alta como hoy".
Según el informe del IIEP-UBA, la tasa de informalidad asalariada alcanzó un valor idéntico al observado en el cuarto trimestre de 2008. "Es el valor más alto desde ese momento (o sea, de los últimos 17 años), con la única excepción del segundo trimestre de 2022. Por lo tanto, más allá de las fluctuaciones, la tasa de informalidad asalariada se ha mantenido en valores muy elevados desde hace 17 años", advirtió el documento.
Saín explicó que a la informalidad se sumaron otros factores críticos: "Los salarios de quienes están trabajando formalmente se han desplomado un 9,1% entre 2024 y 2025. Ni hablar las jubilaciones nacionales, llevan un retroceso del 15%".
El abogado destacó un dato especialmente preocupante sobre el endeudamiento: "Antes la gente se endeudaba para comprar un electrodoméstico, para adquirir algún otro tipo de bien. Hoy la gente se está endeudando para adquirir alimentos".
Los datos revelaron que, en el total del empleo informal, los asalariados representaron el 63%, seguidos por los trabajadores por cuenta propia (34%), los patrones (2%) y los trabajadores familiares sin remuneración. Los más afectados fueron los jóvenes: seis de cada diez trabajadores de entre 16 y 24 años resultaron ser informales, con una tasa del 63%.
