La Fiscalía de Fuero Múltiple N°2 de Villa María dispuso el cese de la prisión domiciliaria de Rodrigo Santi, el exinstructor de bomberos que confesó haber abusado sexualmente de menores durante prácticas en el cuartel de La Playosa. La medida se produjo tras constatar que el acusado incumplió las condiciones de su arresto al utilizar un teléfono celular, algo que tenía expresamente prohibido.
El operativo que derivó en la revocación del beneficio se concretó el martes en la vivienda de Santi, ubicada en la calle Mendoza al 400 en Villa María, tras un pedido de la querella ante la sospecha de que mantenía comunicaciones externas pese a las restricciones de la feria judicial. Durante el allanamiento, los efectivos policiales encontraron el dispositivo móvil y un chip ocultos dentro del depósito de polvo de una aspiradora.
El cura Cruz Viale obtuvo prisión domiciliaria y esperará el juicio por abuso fuera de la cárcel
La fiscal Juliana Companys confirmó que Santi volverá a prisión y se ordenó su traslado inmediato al Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María. También se dejó sin efecto el uso de la tobillera electrónica. Las autoridades dispusieron que el Servicio Penitenciario garantice la atención médica y psicológica necesaria para el detenido.
Gravedad de los cargos y polémica por la domiciliaria
Santi, quien estaba a cargo de una Escuela de Capacitación de Menores responsable de la formación de cadetes a nivel nacional, fue condenado en un juicio abreviado a ocho años de prisión. El acusado se declaró culpable de tres abusos sexuales simples, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores, todos ocurridos en La Playosa durante 2024.
Había accedido a la prisión domiciliaria el 25 de diciembre de 2025 luego de que su defensa argumentara que atravesaba un cuadro de "depresión mayor con ideación suicida". La decisión generó indignación y se tomó sin notificar a la querella, según denunció Alicia Peressutti, titular de la ONG Vínculos en Red.
"Esto es un horror. ¿Por qué protegerlo a él? Lo cuidan de la cárcel, lo cuidan de la gente", había expresado Peressutti en diálogo con Radio Universidad. La referente cuestionó el argumento de la salud mental: "Desde el momento que vos entras a un penal te agarra pánico, depresión... por eso en la cárcel te ponen tantos psicólogos. Hay gente que está en la cárcel que tiene cáncer... y está en la cárcel".
Vecinos del lugar habían relatado que no existía custodia policial visible en el departamento céntrico donde Santi cumplía la domiciliaria, ubicado cerca de dos escuelas. Medios locales verificaron que no había ningún tipo de consigna policial, ni personal uniformado ni de civil.
Cuestionamientos a la pena y al patrón de abusos
El abogado querellante, José Tomás Corigliano, calificó al acusado como un "abusador serial" y cuestionó el acuerdo de juicio abreviado por ocho años de prisión. "La pena debería oscilar entre los 12 y 14 años", sostuvo.
Según la investigación, los abusos seguían un patrón sistemático que incluía charlas y prácticas dentro del cuartel, aprovechando la autoridad que Santi ejercía sobre los adolescentes. La querella también denunció la falta de controles efectivos durante la domiciliaria y un conflicto ético por la participación de un exfuncionario judicial en la defensa del acusado.
