El juez de Control Nº 5 de la ciudad de Córdoba, Carlos Lezcano, confirmó la prisión preventiva contra los integrantes de una banda que estafaba en la compra de motocicletas.
Los imputados ofrecían “motos 0 kilómetro en cuotas sin interés, con escasos requisitos, múltiples beneficios y bonificaciones, aunque sabían que la efectiva entrega del bien nunca se concretaría”, informó la Justicia de Córdoba.
Todos están imputados como presuntos integrantes de una “asociación ilícita” y supuestos autores de “estafas reiteradas”.
Así rechazó la impugnación planteada por la defensa de Dante Daniel Martino, David Ezequiel González, Dimas Leonardo Serrano, Cristian José Torres Taborda y Andrea Luque.
El magistrado sostuvo que “existían indicios suficientes para confirmar la prisión preventiva tales como peligro de fuga y alto riesgo de entorpecimiento del proceso, en el supuesto de recuperar la libertad”.
Además concluyó que “la prueba recolectada en la causa lleva a estimar que, si los imputados permanecen en libertad, probablemente procurarán entorpecer la investigación y podrían eludir la acción de la Justicia”.
De acuerdo a la argumentación, “dichas circunstancias tornaban ´proporcional la medida cautelar´ y no resultaba viable su reemplazo por otra de menor entidad”.
El juez consideró que el “´ropaje´de la compañía permitió provocar el error en varias personas y que los ´vendedores´ le hicieran firmar contratos engañosos a las víctimas para que hagan erogaciones perjudiciales para su patrimonio en pos de obtener una motocicleta, que no iban a conseguir, ´salvo en determinados casos, necesarios, para aparentar seriedad de la empresa´”.
Según la acusación, los acusados operaban bajo la pantalla societaria de la empresa Noah S. A. S., ubicada en calle Santa Fe al 200 de barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
“La empresa asumía el compromiso de entregar la motocicleta seleccionada en un plazo de tiempo escaso, una vez suscripto el plan y pagadas como mínimo tres cuotas. Sin embargo, cuando el cliente solicitaba la entrega del vehículo, le respondían que no había stock en la fábrica y, entonces, le ofrecían un modelo de valor superior o le exigían una nueva entrega de dinero. De esta manera, se aseguraban que los damnificados siguieran haciendo erogaciones perjudiciales para sí y beneficiosas para la ´empresa´”, indica un informe del sitio de la Justicia de Córdoba. La operación se concretaba sólo con la presentación del DNI.
