Siguiendo con las derivaciones del femicidio de Agostina Vega, me he encontrado en estos días con numerosas intervenciones mediáticas del Ministro de Seguridad de la provincia, alguna del Fiscal de Instrucción interviniente y variadas de abogados defensores y querellantes. De todas pueden extraerse conclusiones útiles, aunque bien diferenciadas.
En relación al ministro de Seguridad, salir a dar explicaciones es su obligación. Parte de su función es precisamente esa: el femicidio de Agostina fue un hecho de inseguridad que impacta en su gestión y por el que debe responder. Quinteros tiene además facilidad para expresarse, lo que le juega a favor. Sin embargo, lo que me resulta increíble y al mismo tiempo triste es la curiosa pretensión de mostrar, con esa vehemencia, que una evidente derrota frente al delito puede servir para exhibir los supuestos éxitos de su gestión. Las constantes apariciones televisivas participando de labores policiales que no le son propias sino que resultan exclusivas de la fuerza —como el día del rastrillaje que derivó en el hallazgo del cuerpo de Agostina— revelan una intención de figurar que desprestigia la función, debilita su figura pública y coloca al funcionario en una primera línea que no debería ocupar.
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Luego, la participación mediática del Fiscal de Instrucción se tradujo exclusivamente en la conferencia de prensa posterior al hallazgo del cuerpo. Las buenas intenciones que rodearon la convocatoria periodística chocaron con una ejecución deficiente, apoyada en la falta de experiencia del magistrado y agravada por la avidez informativa de los periodistas presentes; el resultado fue que la repercusión hablara más de su performance que del caso y de su gravedad.
Pero aquí también la Fiscalía General debe hacer su propia autocrítica: el Fiscal de Instrucción es parte de una estructura funcional vertical que al mismo tiempo refleja la imagen del Ministerio Público Fiscal, y esa institución no puede dejar a uno de sus miembros sin la asistencia de la Oficina de Prensa con la que cuenta. No resulta respuesta razonable la que he escuchado en los pasillos de Tribunales II —que el fiscal decidió la conferencia sin consultar—, porque si eso fuera así, lo único que confirma es que esas estructuras no están coordinadas y eso, como ocurrió aquí, se paga con imagen y con prestigio de los actores que por acción u omisión, intervinieron.
Finalmente, los abogados particulares. La posibilidad de expresarnos ante los medios tiene fundamentos legítimos: opinar sobre los casos en que intervenimos, discutir la imagen pública que la prensa construye de los imputados y —por qué no decirlo— la publicidad profesional, que resulta absolutamente válida. Ahora bien, una cosa es la posibilidad y el derecho a intervenir y otra muy distinta es evaluar si esa intervención beneficia realmente al cliente.
En estos días, el abogado defensor de una imputada, Angelo Giorgetti se presentó en el programa de Moria Casán en El Trece. Allí, frente a una pregunta propuso el despliegue de una estrategia técnica clara: explicar que su clienta había concurrido a una ferretería a comprar materiales para refacciones del hogar, y que vincular esa visita con el femicidio era una especulación maliciosa de los medios.
El problema no estuvo en el abogado ni en su argumento: estuvo en el formato. Lo que ocurrió fue un cruce en el que la conductora interpelaba con gestos de incredulidad, muecas y miradas que el letrado sintió —con razón— como un juicio paralelo que hizo notar con firmeza pero con respeto, y que derivó con él mismo defendiéndose de una acusación de "patoteo" hecha por otra panelista y de otra de "intención de figurar" formulada por Moria en vivo. El resultado: se habló del gesto de Moria, de la reacción del abogado, del intercambio al aire. De la estrategia de defensa, nada. Del caso, lo justo para el entretenimiento.
Esa es la trampa que nos afecta a todos los que ejercemos la defensa. Esos programas no están diseñados para que un abogado explique nada; están diseñados para el espectáculo, y en ese terreno el profesional del derecho siempre pierde —incluso cuando tiene razón.
Distinta es la posición de los abogados querellantes. Así, en cualquier caso, pero sobre todo en los más graves los representantes de las víctimas y/o de sus familias sin dudas que corren con mejores perspectivas: representan a la parte débil del conflicto, a quienes el periodismo y la opinión pública ya reconocen como víctimas, y esa posición genera una empatía estructural que el medio les concede casi sin condiciones. En general no se los interpela con muecas ni se los acusa de buscar protagonismo; sino que, como debe ser, se los escucha. Y eso significa que el contexto trabaja a su favor y por tanto las posibilidades de aprovecharlo son mayores. Sin embargo, la misma intervención mediática que para un defensor es una trampa, para un querellante es, en general, terreno fértil. Y precisamente esa asimetría injusta y que todos sufrimos —los querellantes, en el próximo caso, seremos defensores— es el problema que quiero señalar.
Muchas veces la boca cerrada no es cobardía ni desinterés. Es la decisión más inteligente que un/a Ministro/a, un/a Fiscal/a y un/a abogado/a pueden tomar para proteger lo que a cada uno más les importa.
