La abogada Fernanda Alanis, representante legal de Gabriel Vega, padre de Agostina, defendió el proyecto de Ley Agostina y aseguró que la iniciativa nació a partir de las falencias que, según la familia, quedaron al descubierto tras el femicidio de la adolescente.
En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), explicó que el proyecto complementa la Ley Lucio y busca establecer protocolos concretos de actuación para escuelas, clubes deportivos, organismos estatales y el Poder Judicial, además de fortalecer los mecanismos de escucha y detección temprana de situaciones de vulnerabilidad que involucren a niños, niñas y adolescentes. "Todo parte de las necesidades que Agostina tuvo y que nadie supo escuchar y detectar", afirmó al explicar el origen de la propuesta.
Según detalló, el texto contempla la creación de gabinetes de escucha y orientación en los establecimientos educativos, una línea gratuita disponible las 24 horas para que niños y adolescentes puedan denunciar situaciones de riesgo preservando su identidad y una mayor articulación entre las instituciones que intervienen en la protección de la infancia.
La letrada también sostuvo que uno de los principales problemas no es la falta de normas, sino la ausencia de controles sobre su cumplimiento.
"Leyes tenemos, pero ¿quién controla? Nadie está controlando nada. Estamos apuntando también a que haya controles para ver realmente si esto es efectivo", sostuvo.
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En ese sentido, remarcó que el proyecto incorpora mecanismos de seguimiento y evaluación para verificar la implementación de las medidas previstas y mejorar la coordinación entre el Estado, las escuelas y la Justicia cuando existan indicadores de riesgo.
"Queremos que los niños sean escuchados"
"Se trata de que los niños sean escuchados", señaló, y agregó que el objetivo es que tanto los establecimientos educativos como los clubes y demás espacios donde se desarrollan actividades con menores puedan detectar señales de alerta e intervenir antes de que los hechos escalen.
La abogada sostuvo que el proyecto busca avanzar hacia un sistema preventivo que permita actuar de manera temprana ante conflictos familiares, consumos problemáticos u otras situaciones que puedan poner en riesgo a niños y adolescentes.
