El pasado 27 de noviembre ordenaron la liberación de Gabriel Sebastián Gianoglio y Dahyana Magdalena Martínez, acusados de estafar a personas a través de la agencia de viajes En Ruta Viajes S.A.S. Sin embargo, el acta de recuperación de libertad revela que no existe ninguna restricción que les impida continuar operando en el rubro turístico o incluso reactivar la misma empresa que utilizaron para cometer los delitos.
La pareja, que enfrenta catorce hechos de estafa reiterada con perjuicios que superan los $120 millones y USD 23.000, quedó en libertad bajo caución de tres millones de pesos cada uno. Las condiciones impuestas incluyen fijar domicilio, comparecer mensualmente ante la Fiscalía, no obstruir la investigación y no salir del país sin autorización judicial. Pero ninguna de estas restricciones menciona su actividad comercial.
"Nos sentimos burlados", indicó uno de los denunciantes a PERFIL CÓRDOBA, quien advirtió que la cuenta de Instagram de En Ruta Viajes fue reactivada recientemente. Aunque esta acción no constituye una violación formal de las condiciones de libertad, alimenta el temor de que los imputados puedan captar nuevos clientes desprevenidos.
Una estafa millonaria con víctimas en toda la provincia
Según la investigación de la Fiscalía a cargo de Valeria Rissi, Gianoglio y Martínez habrían "ideado una maniobra para obtener un rédito económico indebido" durante al menos tres años, desde 2022 hasta agosto de 2025. La estrategia consistía en ofrecer paquetes turísticos "a sabiendas de que éstos no se prestarían o no se lo haría de la forma promocionada".
Entre las víctimas se encuentran familias enteras que pagaron viajes a destinos como Punta Cana, Disney, Brasil y Colombia. El caso más grave involucra a B.E.V.O., quien abonó más de USD 17.000 por un viaje familiar a Punta Cana. Aunque la familia logró viajar, el alojamiento contratado en Chile durante una escala nunca existió, lo que los obligó a pagar por su cuenta otro hospedaje por aproximadamente USD 13.000.
"Mañana en horario administrativo continuamos con los terrestres en destino", rezaba un correo enviado por la agencia a la familia V.O. mientras estaban en pleno vuelo, informándoles que su alojamiento había sido cancelado.
Otro caso dramático es el de B. S. y otros ciudadanos senegaleses, quienes abonaron más de $71 millones por pasajes aéreos desde Dakar a Nicaragua que nunca fueron emitidos. S., quien actuó como intermediario para amigos residentes en Senegal, sufrió además consecuencias familiares: "se interrumpió el contacto con su familia" y fue denunciado en su país de origen por sus allegados que desconocían los alcances del fraude.
Acuerdos extrajudiciales que atenuaron la medida
El fallo fundamenta la liberación en que "se ha llegado a un acuerdo con la mayoría de quienes resultaron víctimas de aquéllos hechos, lo cual necesariamente incidirá en la pena que se les imponga". Efectivamente, en ocho de los diez hechos investigados se alcanzaron conciliaciones económicas.
Sin embargo, estos acuerdos fueron posibles solo después de que las víctimas iniciaran denuncias penales, reclamos en Defensa del Consumidor y demandas civiles. El documento judicial describe que los pagos formaban parte de "un modus operandi que habían diseñado los imputados Gianoglio y Martínez frente a los deliberados incumplimientos como última instancia para aquellos clientes perjudicados que no abandonaran su reclamo".
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La resolución también considera que "no puede descartarse" que una eventual condena sea de ejecución condicional, dado que ambos imputados carecen de antecedentes penales y que la escala del delito de estafa parte de un mes de prisión.
Fuentes judiciales consultadas confirmaron que el trabajo investigativo no se detiene pese a la liberación de los imputados. Indicaron que investigación es exhaustiva, que hay muchísima prueba y que siguen recabando información.
Un vacío legal que preocupa a los damnificados
Especialistas consultados señalan que la ausencia de restricciones comerciales específicas responde a que las medidas cautelares deben ser "proporcionadas" y limitarse a garantizar la comparecencia del imputado y el desarrollo de la investigación. Sin embargo, esto contrasta con la naturaleza del delito investigado.
"La caución no es una retribución en razón del delito imputado, sino un resguardo o seguridad respecto del comportamiento del prevenido en lo que atañe a sus obligaciones como tal", sostiene el acta de libertad, citando jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia.
El expediente revela que la pareja operaba indistintamente con dos empresas: En Ruta Viajes S.A.S. (constituida en 2020) y ERV Travel S.A.S. (creada en 2023), en la que hicieron figurar como administradoras a las medio hermanas de Martínez, S.B.L. y R.L., cuya intervención aún está siendo investigada.
La investigación continúa con el análisis de dispositivos móviles, computadoras y documentación secuestrada en diversos allanamientos. Mientras tanto, decenas de víctimas observan con inquietud que nada impide legalmente que Gianoglio y Martínez regresen al mismo negocio que les permitió defraudar a más de una decena de familias cordobesas.
*El texto a continuación fue redactado y suministrado por Damián Palavecino, abogado de los imputados, cuyo contenido corre por cuenta de su asesoría letrada:
Aclaración necesaria para salvaguardar el buen nombre de la agencia y brindar tranquilidad a pasajeros actuales y futuros
A fin de salvaguardar el buen nombre de la agencia En Ruta Viajes S.A.S., de quienes la integran, y de llevar tranquilidad a los pasajeros actuales y futuros, frente a la nota publicada, corresponde efectuar las siguientes aclaraciones relevantes, en resguardo del derecho a la información veraz y del principio constitucional de inocencia.
En primer lugar, debe señalarse que no existe sentencia penal ni civil alguna que declare la existencia de estafas. Se trata de una investigación penal en curso, en etapa preliminar, cuyo objeto se encuentra aún bajo análisis y esclarecimiento por parte de la Justicia.
Asimismo, se han celebrado y cumplido acuerdos civiles y extrajudiciales de reparación integral con la totalidad de los denunciantes, los cuales abarcan todos los tratos comerciales mantenidos entre las partes, incluso aquellos que no habían sido individualizados en las denuncias iniciales. Dichos acuerdos fueron voluntarios, aceptados y efectivamente cumplidos, y forman parte del proceso de resolución de los conflictos surgidos.
La propia investigación está acreditando -mediante documentación oficial ya incorporada al expediente- que En Ruta Viajes S.A.S. actuó como intermediaria entre los pasajeros y los operadores mayoristas, habiendo abonado los servicios contratados, sin que existan elementos que demuestren desvío de fondos, ocultamiento patrimonial ni maniobras fraudulentas atribuibles a la agencia.
Resulta además indispensable contextualizar los hechos: los reclamos se concentran en diciembre de 2023, período atravesado por una brusca devaluación de la moneda, junto con modificaciones unilaterales de condiciones por parte de operadores mayoristas, incluyendo cambios de alojamientos. Estas situaciones fueron comunicadas previamente a los pasajeros, quienes en varios casos optaron por no viajar por decisión propia. Lejos de existir un engaño deliberado, se trató de una coyuntura excepcional que impactó en gran parte del sector turístico.
Debe destacarse que En Ruta Viajes S.A.S. cuenta con más de diez años de trayectoria, con menos de veinte reclamos en total, sin antecedentes de sanciones administrativas ni sentencias civiles en su contra. No se trata de una “empresa fantasma” ni desfinanciada, sino de una agencia real, en funcionamiento, con estructura operativa, actividad continua y buena reputación comercial, fácilmente verificable en registros públicos y reseñas abiertas de usuarios.
En este marco, resulta importante aclarar expresamente que la agencia mantiene su nombre comercial -En Ruta Viajes S.A.S.- por una decisión consciente, transparente y responsable, precisamente porque no ha cometido ninguna estafa. Cambiar de nombre o de razón social, como lamentablemente ocurre en otros casos del rubro, habría sido lo más simple desde lo comercial; sin embargo, se optó por continuar operando bajo la misma denominación, dando la cara, cumpliendo los compromisos asumidos y reafirmando la convicción de haber actuado de buena fe en todo momento.
La continuidad operativa de la agencia no responde a un “vacío legal”, sino al hecho objetivo de que no existe prohibición judicial alguna, ni razones procesales que justifiquen impedir el ejercicio de una actividad lícita mientras se desarrolla una investigación en curso, conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia.
Este esclarecimiento resulta fundamental no solo para el correcto entendimiento del caso, sino también para brindar tranquilidad a los pasajeros actuales y futuros, en un contexto donde la información precisa, responsable y equilibrada es clave.
