El viernes último se realizó la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitada por los abogados penalistas Jorge Cardozo y Francisco Lavisse para tratar el uso abusivo -según ellos- de la prisión preventiva en Córdoba. Sostuvieron que en las cárceles de Córdoba hay más procesados que condenados. El representante del TSJ rebatió la afirmación y refirió la última estadística: el 66% de la población carcelaria en Córdoba ya tiene sentencia.
El otro eje de los cuestionamientos fue la aplicación de la figura penal de asociación ilícita para justificar el encarcelamiento. El argumento de los letrados recibió la réplica de la fiscal general adjunta, Betina Croppi, presente en la audiencia, quien aseguró que en Córdoba la prisión preventiva se resuelve por riesgo procesal y no por la imputación de una figura delictiva.
Al mismo tiempo que ella pronunciaba esas palabras, resonaban con fuerza en los tribunales los dichos viralizados de su par, Alejandro Pérez Moreno -también fiscal general adjunto- quien cuestionó imputaciones por asociación ilícita e invitaba en una charla académica a modificar el criterio. La postura opuesta.
Los dos acontecimientos tuvieron un impacto enorme en los tribunales y en sectores de la cárcel de Bouwer. Perfil Córdoba constató, a través de mensajes recibidos, una gran preocupación en los fiscales y exultación entre algunos presos.
De qué trató la audiencia de la CIDH
La reunión presidida por el comisionado José Luis Caballero Ochoa duró una hora y media exacta. Expusieron los letrados que hicieron la presentación -Cardozo y Lavisse-, representantes del Estado argentino, el Ministerio de Justicia de Córdoba, del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El dato novedoso lo aportó el titular de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, Wilfrido Pérez. Señaló que, según el relevamiento del 30 de junio de 2025, en la provincia de Córdoba hay 15.600 detenidos, de los cuales solo el 44% está en calidad de procesado, mientras que el 66% ya tiene condena.
Los porcentajes son inversos a los que se tenían previamente, donde el 60%, -más de la mitad- estaba con prisión preventiva sin haber recibido sentencia en un juicio.
La mecánica de la audiencia consistió en la exposición de las partes, preguntas de comisionados y réplicas. VIDEO COMPLETO.
Fuertes cruces y acusaciones
El primero en hablar fue Jorge Cardozo, como miembro de la agrupación Pro Homine. Dijo que en Córdoba “hay miles de personas detenidas que padecen tortura por hacinamiento”. Atacó políticas judiciales como juicios abreviados a los que calificó de “extorsivos”, para “demostrar eficiencia en contra de las garantías de inocencia”.
“El principio de inocencia se revirtió, los acusados se enfrentan a decidir entre juicios abreviados o juicios orales con más condena; la inocencia no es una opción”, acusó.
Se preguntó si la detención anticipada condiciona a los jueces y sostuvo que los magistrados deben adecuar la condena a la situación de hecho; para el acusado aumenta la probabilidad de una pena que justifique la prisión preventiva.
También señaló que el Poder Judicial “entrega vehículos de alta gama antes de ser decomisados en un juicio justo a los fiscales, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo”.
Siguió el abogado Francisco Lavisse quien citó como ejemplo la causa de corrupción en la FPA donde -semanas atrás- fueron condenados policías de la fuerza especia en un juicio abreviado inicial. Sin medias tintas denunció que los imputados “fueron coaccionados”. Y que el agente que recibió mayor pena como jefe de la asociación ilícita “cometió el pecado de defenderse” y agregó: “La justicia odia que se defiendan. La forma más fácil es coaccionar para hacer abreviados”.
También acusó al Tribunal Superior de Justicia de postergar injustificadamente la reforma procesal aprobada en 2017 que establece que las prisiones preventivas deben resolverlas los jueces -no los fiscales- y en audiencias públicas.
Por su parte, Kevin Nielsen, del Comité Nacional para la prevención de la Tortura, ratificó los cuestionamientos sobre la cantidad de detenidos en proceso y señaló que Córdoba tiene la tasa más alta en el país: 375.3 cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 242.9.
Las respuestas llegaron en la voz del titular de la Oficina de Derechos Humanos que depende del TSJ, Wilfrido Pérez, y de la fiscal general adjunta, Betina Croppi.
La funcionaria de la Fiscalía General aseguró que en Córdoba no se justifica la prisión preventiva imputando el delito de asociación ilícita; sino que se dicta cuando hay riesgo procesal ocasionado por entorpecimiento de la investigación o riesgo de que el imputado se fugue.
Sobre los juicios abreviados, rechazó de plano que se presente como una extorsión. Explicó que “se tramita con el previo acuerdo firmado por el fiscal con el abogado defensor; cuando se acuerda la pena, se presenta ante el juez de garantías con presencia del imputado”. Y subrayó que “el juez le hace conocer los términos del acuerdo, las consecuencias y le consulta su consentimiento libre e informado; es llamativo que esto concluya en una decisión extorsiva” finalizó.
Como ya se dijo, Pérez aportó estadísticas sustancialmente diferentes a las planteadas en la presentación de los abogados. Además, retrucó la afirmación respecto a que los imputados terminan cediendo a la coacción de los fiscales. Indicó que no hay ningún planteo en el TSJ que aluda a la voluntad viciada de personas condenadas en abreviados.
Luego se explayó sobre los proyectos que procuran ampliar el abanico de soluciones a los conflictos penales, como el de Justicia Restaurativa, que procura la reparación del daño a las víctimas.
Funcionarios del Ministerio de Justicia de Córdoba se refirieron a la incorporación de tobilleras electrónicas como medidas alternativas al encierro.
El representante del Colegio de Abogados de Córdoba, José D´Antona, aclaró que la institución solo cedió el uso de instalaciones para realizar la conexión virtual, pero sin intervenir en el contenido de la presentación que hicieron los matriculados.
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Los comisionados plantearon sus dudas
De la audiencia participaron funcionarios de la CIDH Arif Bulkan, Edgar Stuardo Ralón Orellana y Roberta Clarke.
Tras escuchar la primera ronda de exposiciones dejaron planteados varios interrogantes:
¿Cuál es la tasa de hacinamiento en las cárceles de Córdoba?
¿Existe algún obstáculo jurídico o práctico para el empleo de medidas alternativas?
¿Cuáles son las medidas alternativas a la prisión preventiva y si los requisitos son de fácil cumplimiento?
A Bulkan le resultó llamativo que el Poder Judicial entregue vehículos judicializados a funcionarios, antes de ser confiscados. Wilfrido Pérez explicó que son autos que no pueden ser devueltos a sus dueños por diferentes motivos, como tener documentación apócrifa.
El comisionado expresó inquietud por la mención de que los jueces terminan confirmando las prisiones preventivas para salvaguardar al Estado de eventuales indemnizaciones por detenciones arbitrarias.
Clark profundizó sobre aspectos recursivos de las prisiones preventivas y preguntó si hay supervisión constitucional federal sobre la administración provincial de justicia. Pidió que las respuestas sean enviadas por escrito.
