Más que la compatibilización de tres proyectos, la sanción de la Ley Antibúnker expuso una negociación política que modificó la iniciativa original enviada por el gobierno de Martín Llaryora a partir de los aportes incorporados por la oposición. El resultado fue una fuerte señal de consenso en la Unicameral, donde la norma fue aprobada por unanimidad. La izquierda estuvo ausente.
El oficialismo consiguió preservar el núcleo central de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo: dotar al Estado de herramientas para intervenir sobre inmuebles utilizados por organizaciones criminales. Sin embargo, para alcanzar un despacho multipartidario incorporó buena parte de los planteos formulados por el radical Oscar Saliba, autor de la primera iniciativa "cajoneada", y el legislador del PRO Oscar Agost Carreño.
El resultado fue una ley que amplía el alcance de la intervención estatal y, al mismo tiempo, incorpora mayores garantías jurídicas y controles judiciales, uno de los principales reclamos de la oposición durante el debate en la Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas.
En términos legislativos, el PJ resignó parte de la arquitectura original del proyecto para garantizar un marco normativo con respaldo multipartidario. La apertura a los aportes del arco opositor terminó alumbrando una ley que obtuvo el voto afirmativo de todas las representaciones políticas presentes en el recinto.
Desde esa perspectiva, estas son las cinco claves políticas y jurídicas que deja la normativa sancionada este miércoles, en la última sesión antes del receso invernal.
De los búnkeres al control integral del territorio
Uno de los cambios más significativos es que la norma deja de concentrarse exclusivamente en los búnkeres de venta de droga.
El nuevo régimen alcanza también a aguantaderos, guaridas e incluso inmuebles abandonados o en estado de deterioro cuando funcionen como soporte de actividades delictivas o generen un riesgo para la seguridad pública.
El despacho incorpora además el concepto de "ordenamiento territorial de seguridad", que convierte la recuperación de esos espacios en una política pública permanente y no únicamente en una respuesta frente al narcomenudeo.
En términos políticos, el Gobierno logra ampliar el alcance de la ley y presentar la iniciativa como una herramienta integral para recuperar territorios dominados por organizaciones criminales.
Intervención rápida, pero con límites judiciales
La principal discusión durante la negociación pasó por las facultades del Poder Ejecutivo. El texto establece una doble vía de actuación. Por un lado, habilita medidas administrativas rápidas, como tapiados, clausuras, cerramientos, bloqueos de acceso o custodia preventiva cuando existan riesgos objetivos.
Sin embargo, fija un límite claro: cuando exista ocupación efectiva del inmueble, conflictos de derechos o se pretenda avanzar con una demolición, la decisión deberá quedar en manos de la Justicia.
La demolición, incluso, sólo podrá ordenarse mediante resolución judicial fundada, con audiencia previa, informes técnicos y posibilidad de apelación.
De esa manera, el despacho incorpora uno de los principales aportes impulsados por la oposición, que buscó reforzar las garantías constitucionales sin resignar herramientas para combatir el narcotráfico.
La recuperación del barrio también entra en la ley
Otra de las novedades es que la intervención estatal ya no concluye con el cierre o la clausura del inmueble. A partir de allí, incorpora acciones de recomposición urbana, coordinación con municipios y comunas, participación de instituciones barriales y planificación para evitar que esos espacios vuelvan a ser ocupados por organizaciones criminales.
Para ello crea una Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y un Registro Provincial que permitirá elaborar mapas de riesgo, priorizar intervenciones y realizar un seguimiento permanente de los inmuebles alcanzados por la norma.
Ese enfoque refleja buena parte del espíritu del proyecto presentado por Agost Carreño, que proponía avanzar sobre la recuperación social y territorial de los barrios.
Los bienes del narcotráfico financiarán la lucha contra el delito
El despacho también modifica la legislación vigente sobre narcomenudeo para establecer un destino específico para los bienes y recursos recuperados.
El 60% de esos fondos será destinado al fortalecimiento operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, tratamiento de consumos problemáticos y otras políticas públicas vinculadas con la lucha contra el narcotráfico.
Además, el nuevo régimen establece que los vehículos decomisados podrán ser utilizados por los organismos encargados de combatir el narcotráfico y deberán identificarse como bienes recuperados, salvo aquellos afectados a tareas de investigación.
Este punto, donde también afloró una puja política, recibió el voto en disidencia por parte del PRO, la UCR y el juecismo, que cuestionaron algunos aspectos del mecanismo previsto para la identificación y utilización de esos bienes.
Con cambios de la UCR y el PRO, Llaryora encamina la sanción de la Ley Antibúnker
Un acuerdo político
Más allá del contenido técnico, el despacho exhibió el resultado de una negociación política que el Ejecutivo, junto con su bloque legislativo encabezado por Facunto Torres, decidió abrir para garantizar la sanción de una ley con respaldo transversal.
La administración Llaryora mantuvo la estructura central de su iniciativa, pero aceptó incorporar herramientas reclamadas por la UCR y el PRO, entre ellas mayores controles judiciales, criterios de proporcionalidad, protección de terceros de buena fe, informes técnicos obligatorios, mecanismos de revisión y un reporte anual a la Legislatura sobre la implementación de la norma.
En términos políticos, el despacho representa un doble triunfo para el Panal: logró avanzar con una de las principales leyes de seguridad de la gestión y, al mismo tiempo, exhibir capacidad para construir consensos con una oposición que no se limitó a acompañar el proyecto, sino que consiguió imprimirle parte de su propia agenda al texto definitivo.
Sin embargo, hubo un punto de disidencia (artículo 31 de la ley) planteado por Agost Carreño y acompañada por la UCR y el juecismo ante la decisión del PJ de incorporar una modificación al régimen de secuestro de automotores y otros bienes registrables que toca la ley 8.550.
Al respecto, la oposición exigió la inscripción formal de los vehículos bajo custodia en el registro jurídico correspondiente para garantizar seguridad a los ciudadanos. Al igual que el legislador del PRO, la radical Brenda Austin destacó que “la existencia de un registro en manos del Tribunal Superior de Justicia para acreditar cuáles son los bienes que están en depósito no puede hacerse en desmedro de la obligación de inscribir esos automóviles en el registro jurídico del automotor".
Definiciones políticas
El radical Saliba calificó como “un paso importante” la ley sancionada para la lucha contra el avance del narcomenudeo y los denominados búnkeres. “Persigue un objetivo concreto: quitarle al narcotráfico los espacios fisícos desde donde organiza y desarrolla su actividad”, subrayó.
Sobre el esquema de coordinación interagencial destacó que “ese trabajo articulado puede constituir una herramienta valiosa, siempre que cada organismo ejerza las competencias que la ley le asigna y se preserve la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal”.
El amarillo Agost Carreño habló de la complementariedad de los tres proyectos “sólidos” que dio pasó a un solo texto. “Fue fácil hacer esta tarea porque todos apuntaban a distintas cosas, pero ninguno se contradecía en el corazón del proyecto”, aportó.
“La UCR planteaba acciones concretas, controles y garantías. El proyecto del Ejecutivo, una buena herramienta para intervenir inmuebles utilizados por el delito. Y el aporte nuestro lo que daba es la mirada de la recuperación territorial. Con esto de que no alcanzaba con cerrar y tapear, sino que hacemos después de ese proceso. El Estado tiene que impedir que vuelva el búnker a ser un territorio perdido y eso es lo que proponíamos”, ahondó.
“Detrás de cada búnker hay mucho más que una actividad ilegal”, advirtió LLamosas y agregó: “Hay una disputa por el territorio. Hay una disputa por la convivencia. Hay una disputa por la tranquilidad de nuestras comunidades. Y frente a eso, el Estado tiene una obligación indelegable: estar presente”.
En su intervención, el oficialista afirmó que “el narcotráfico no admite ningún tipo de tolerancia”, al tiempo que remarcó que “esta ley no es una medida aislada”, al defender las gestiones del PJ en el poder. “Forma parte de una estrategia integral que Córdoba viene construyendo desde hace años. La nueva ley de narcomenudeo. La creación y jerarquización de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Las nuevas fiscalías especializadas. La decisión de exigir narcotest obligatorios a los funcionarios públicos. Y ahora esta nueva herramienta”, detalló.
“Seguimos ampliando capacidades, incorporando instrumentos y fortaleciendo al Estado para enfrentar un fenómeno cada vez más complejo”, resaltó LLamosas, quien viene desempeñando un rol clave de diálogo y apertura en la comisión de Seguridad, que es destacado por las palomas y los halcones de la oposición.
Sin embargo, el respaldo opositor no estuvo exento de advertencias. Los sectores más duros reclamaron al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros —cuya cartera será una de las autoridades de aplicación de la ley junto con el Ministerio de Justicia y Trabajo— que "no busque sacar rédito político" de la nueva herramienta.
"No es una ley para que el ministro de Seguridad se suba a los escombros y se saque una foto. No ha terminado la lucha contra el narcotráfico", remarcó la juecista Nancy Almada. También hubo cierto malestar de algunos radicales por el anuncio del gobierno de LLaryora horas antes de que se aprobara la ley.
Dante Rossi y Austin hablaron de "sobreactuación" del Panal por el mensaje en las redes. "Lo de LLaryora fue un mensaje para los propios", cruzó la radical al recordarle al oficialismo que "cajoneó" durante cinco meses la iniciativa de Saliba.
