Más que la compatibilización de tres proyectos, la sanción de la Ley Antibúnker expuso una negociación política que modificó la iniciativa original enviada por el gobierno de Martín Llaryora a partir de los aportes incorporados por la oposición. El resultado fue una fuerte señal de consenso en la Unicameral, donde la norma fue aprobada por unanimidad. La izquierda estuvo ausente.
El oficialismo consiguió preservar el núcleo central de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo: dotar al Estado de herramientas para intervenir sobre inmuebles utilizados por organizaciones criminales. Sin embargo, para alcanzar un despacho multipartidario incorporó buena parte de los planteos formulados por el radical Oscar Saliba, autor de la primera iniciativa "cajoneada", y el legislador del PRO Oscar Agost Carreño.
El resultado fue una ley que amplía el alcance de la intervención estatal y, al mismo tiempo, incorpora mayores garantías jurídicas y controles judiciales, uno de los principales reclamos de la oposición durante el debate en la Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas.
En términos legislativos, el PJ resignó parte de la arquitectura original del proyecto para garantizar un marco normativo con respaldo multipartidario. La apertura a los aportes del arco opositor terminó alumbrando una ley que obtuvo el voto afirmativo de todas las representaciones políticas presentes en el recinto.
Desde esa perspectiva, estas son las cinco claves políticas y jurídicas que deja la normativa sancionada este miércoles, en la última sesión antes del receso invernal.
De los búnkeres al control integral del territorio
Uno de los cambios más significativos es que la norma deja de concentrarse exclusivamente en los búnkeres de venta de droga.
El nuevo régimen alcanza también a aguantaderos, guaridas e incluso inmuebles abandonados o en estado de deterioro cuando funcionen como soporte de actividades delictivas o generen un riesgo para la seguridad pública.
El despacho incorpora además el concepto de "ordenamiento territorial de seguridad", que convierte la recuperación de esos espacios en una política pública permanente y no únicamente en una respuesta frente al narcomenudeo.
En términos políticos, el Gobierno logra ampliar el alcance de la ley y presentar la iniciativa como una herramienta integral para recuperar territorios dominados por organizaciones criminales.
Intervención rápida, pero con límites judiciales
La principal discusión durante la negociación pasó por las facultades del Poder Ejecutivo. El texto establece una doble vía de actuación. Por un lado, habilita medidas administrativas rápidas, como tapiados, clausuras, cerramientos, bloqueos de acceso o custodia preventiva cuando existan riesgos objetivos.
Sin embargo, fija un límite claro: cuando exista ocupación efectiva del inmueble, conflictos de derechos o se pretenda avanzar con una demolición, la decisión deberá quedar en manos de la Justicia.
La demolición, incluso, sólo podrá ordenarse mediante resolución judicial fundada, con audiencia previa, informes técnicos y posibilidad de apelación.
De esa manera, el despacho incorpora uno de los principales aportes impulsados por la oposición, que buscó reforzar las garantías constitucionales sin resignar herramientas para combatir el narcotráfico.
La recuperación del barrio también entra en la ley
Otra de las novedades es que la intervención estatal ya no concluye con el cierre o la clausura del inmueble. A partir de allí, incorpora acciones de recomposición urbana, coordinación con municipios y comunas, participación de instituciones barriales y planificación para evitar que esos espacios vuelvan a ser ocupados por organizaciones criminales.
Para ello crea una Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y un Registro Provincial que permitirá elaborar mapas de riesgo, priorizar intervenciones y realizar un seguimiento permanente de los inmuebles alcanzados por la norma.
Ese enfoque refleja buena parte del espíritu del proyecto presentado por Agost Carreño, que proponía avanzar sobre la recuperación social y territorial de los barrios.
Los bienes del narcotráfico financiarán la lucha contra el delito
El despacho también modifica la legislación vigente sobre narcomenudeo para establecer un destino específico para los bienes y recursos recuperados.
El 60% de esos fondos será destinado al fortalecimiento operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, tratamiento de consumos problemáticos y otras políticas públicas vinculadas con la lucha contra el narcotráfico.
Además, el nuevo régimen establece que los vehículos decomisados podrán ser utilizados por los organismos encargados de combatir el narcotráfico y deberán identificarse como bienes recuperados, salvo aquellos afectados a tareas de investigación.
Este punto, donde también afloró una puja política, recibió el voto en disidencia por parte del PRO, la UCR y el juecismo, que cuestionaron algunos aspectos del mecanismo previsto para la identificación y utilización de esos bienes.
Con cambios de la UCR y el PRO, Llaryora encamina la sanción de la Ley Antibúnker
Un acuerdo político
Más allá del contenido técnico, el despacho exhibió el resultado de una negociación política que el Ejecutivo, junto con su bloque legislativo encabezado por Facunto Torres, decidió abrir para garantizar la sanción de una ley con respaldo transversal.
La administración Llaryora mantuvo la estructura central de su iniciativa, pero aceptó incorporar herramientas reclamadas por la UCR y el PRO, entre ellas mayores controles judiciales, criterios de proporcionalidad, protección de terceros de buena fe, informes técnicos obligatorios, mecanismos de revisión y un reporte anual a la Legislatura sobre la implementación de la norma.
En términos políticos, el despacho representa un doble triunfo para el Panal: logró avanzar con una de las principales leyes de seguridad de la gestión y, al mismo tiempo, exhibir capacidad para construir consensos con una oposición que no se limitó a acompañar el proyecto, sino que consiguió imprimirle parte de su propia agenda al texto definitivo.
Sin embargo, el respaldo opositor no estuvo exento de advertencias. Los sectores más duros reclamaron al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros —cuya cartera será una de las autoridades de aplicación de la ley junto con el Ministerio de Justicia y Trabajo— que "no busque sacar rédito político" de la nueva herramienta.
"No es una ley para que el ministro de Seguridad se suba a los escombros y se saque una foto. No ha terminado la lucha contra el narcotráfico", remarcó la juecista Nancy Almada. También hubo cierto malestar de algunos radicales por el anuncio del gobierno de LLaryora horas antes de que se aprobara la ley.
Dante Rossi y Brenda Austin hablaron de "sobreactuación" del Panal por el mensaje en las redes. "Lo de LLaryora fue un mensaje para los propios", cruzó la radical al recordarle al oficialismo que "cajoneó" durante cinco meses la iniciativa de Saliba.
