La reforma previsional impulsada por el gobierno de Córdoba dejó algo más que cambios en los recibos de haberes. Un relevamiento ordenado por la provincia realizado entre 55.000 jubilados provinciales (la mitad del padrón) alcanzados por la Ley de Equidad permite observar con bastante nitidez cómo se reconfiguró el humor social del sector tras la medida y, sobre todo, cómo impactó en la imagen del gobernador Martín Llaryora.
El universo analizado se divide en dos grandes grupos: por un lado, quienes perciben el 82% y quienes lograron salir del esquema del 58%; por otro, los jubilados que cobran la mínima, que en diciembre recibieron un bono extraordinario de $100.000, llevando el haber de $700.000 a cerca de $800.000.
Los números muestran que el efecto político de la reforma no fue homogéneo y que el acompañamiento a la gestión provincial crece de manera significativa cuanto más directo es el impacto positivo en el ingreso.
Dos realidades, dos climas
Entre quienes reciben el 82% y aquellos que salieron del 58%, la evaluación general de la gestión del gobernador exhibe una mirada predominantemente crítica. En enero, solo el 8,5% calificó la gestión como “muy buena” y el 18,8% como “buena”, mientras que las opiniones “malas” y “muy malas” alcanzaron en conjunto el 69,5%. En diciembre, si bien se observa una leve mejora en los niveles positivos, la evaluación negativa sigue siendo mayoritaria.
En este segmento, la aprobación de la gestión alcanza el 58,5%, frente a un 41,5% de desaprobación, un dato que sugiere un acompañamiento más pragmático que entusiasta: se aprueba la gestión en términos generales, pero con una valoración crítica del rumbo y de la política previsional en particular.
De hecho, al consultar específicamente por la política del gobernador hacia los jubilados, casi la mitad de este grupo la califica como “mala” y otro 29% como “regular”. Solo un 18,5% la considera “muy buena” en la medición posterior a la reforma.
El 80% de aprobación en quienes cobra la mínima
El panorama cambia de manera contundente entre los jubilados que cobran la mínima y recibieron el bono de $100.000 en diciembre. Allí, el impacto en el humor social es evidente.
En este segmento, la evaluación positiva de la gestión se dispara: el 30% la califica como “muy buena” y el 45% como “buena”, mientras que las opiniones negativas caen al 20%. La aprobación de la gestión alcanza un contundente 80%, con apenas un 20% de desaprobación.
La valoración de la política hacia los jubilados también refleja ese cambio de ánimo. Tras la medida, el 45% la considera “muy buena” y otro 30% “buena”. Las evaluaciones negativas prácticamente desaparecen, consolidando un escenario de respaldo mayoritario.
El dato fino: quiénes mejoraron su situación
Dentro del universo analizado, hay un dato que explica parte del reacomodamiento del clima social. De los 9.000 jubilados que salieron del esquema del 58%, 7.000 accedieron a un doble beneficio, lo que permitió que 53.000 jubilados alcanzaran el 82% móvil. Solo 2.000 quedaron fuera de ese esquema, aunque igualmente mejoraron su situación al dejar el 58%.
Ese corrimiento explica por qué, aun en los segmentos más críticos, la desaprobación no se traduce en un rechazo absoluto a la gestión, sino en una mirada más exigente y condicionada.
Allí donde la reforma se tradujo en una mejora concreta y visible en el bolsillo del jubilado, la imagen de Llaryora se fortaleció de manera marcada. Donde el beneficio fue más limitado o percibido como insuficiente, persiste una evaluación crítica, aunque sin romper del todo el vínculo con la gestión.
