Este 12 de febrero, Valentino Blas Correas hubiera cumplido 23 años. En lugar de celebrar con su hijo, Soledad Laciar visitó el cementerio con un mensaje desgarrador que reabre las heridas de un caso que marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia institucional en Córdoba.
"Hoy 12 de febrero deberías estar acá con nosotros cumpliendo años... quizás recibido... quizás terminando la facu.... o quizás sin haberla empezado.... no lo se", escribió Laciar en sus redes sociales. El mensaje, cargado de dolor y determinación, contiene una acusación directa: "los autores intelectuales de tu muerte siguen riéndose en mi cara viviendo la vida como si nada hubiese pasado".
La madre de Blas, quien se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el abuso policial en Argentina, agregó: "No voy a bajar los brazos hasta que #justiciaporblas sea un #nuncamas. No voy a permitir que tu asesinato quede impune. Porque es cierto.... los que dispararon están presos. Pero los autores intelectuales de tu muerte siguen riéndose en mi cara".
La causa pendiente: los responsables políticos
La batalla judicial de Soledad Laciar no terminó con las condenas de los asesinos y cómplices del crimen. En junio de 2024, el fiscal de Instrucción Franco Mondino de la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba imputó al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y a otros 17 efectivos en una segunda causa que investiga las maniobras de encubrimiento y el manejo de recursos tras el crimen.
Entre los imputados están Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad de Córdoba; su mano derecha, Lucas Mezzano y jefes de la Policía, entre ellos Gonzalo Cumplido, ex subdirector de Seguridad Capital.
Imputaron a un hombre acusado de amenazar por Instagram a Soledad Laciar, madre de Blas Correas
Según la investigación, Mosquera está acusado del delito de presentación u ofrecimiento de dádiva, en calidad de autor. El caso gira en torno a un Toyota Corolla que el exministro habría entregado a Cumplido en el contexto de las derivaciones del caso de gatillo fácil.
Durante el juicio por el homicidio, emergieron testimonios explosivos. Soledad Laciar declaró que Cumplido le contó que Mosquera le dijo que preparara las vallas porque iban a tener problemas por haber matado a un joven de clase media, a un "rubito".
En diciembre de 2025, el fiscal Anticorrupción Franco Mondino pidió enviar a juicio a 11 funcionarios públicos por su rol en el supuesto encubrimiento y las maniobras posteriores al brutal crimen. Sin embargo, este juicio aún no tiene fecha confirmada.
El crimen que conmocionó a Córdoba
El 6 de agosto de 2020, Blas Correas viajaba en el asiento trasero de un Fiat Argo con cuatro amigos cuando se acercaron a un control policial en la zona sur de Córdoba. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, los jóvenes se asustaron al ver a policías con armas y no se detuvieron. Sin dar ningún aviso, los efectivos comenzaron a disparar hacia el auto.
De los cuatro disparos efectuados con el arma reglamentaria del cabo Lucas Damián Gómez, uno impactó en la espalda de Blas Correas provocándole la muerte. El joven tenía 17 años y cursaba el sexto año del secundario.
“El sistema cambió poco y nada, y en cualquier momento puede haber otro Blas”
Tras el ataque, los amigos de Blas lo trasladaron al Sanatorio Aconcagua, donde les negaron la atención médica. Fernando Casalino, empleado de la clínica que aquella madrugada se negó a que el menor ingresara al hospital para ser atendido por el tiro que recibió en la espalda, fue posteriormente condenado por este acto.
Pero el horror no terminó allí. La investigación reveló que los policías intentaron encubrir el crimen plantando un arma en el vehículo para simular un enfrentamiento.
Las condenas: justicia a medias
En marzo de 2023, la Cámara Octava del Crimen de Córdoba dictó una sentencia histórica. Los cabos primero Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón fueron condenados a prisión perpetua por homicidio calificado en abuso de su función y por tentativa de homicidio contra los otros cuatro jóvenes que iban en el auto.
Además, fueron condenados el subcomisario Sergio González (cuatro años y diez meses), el comisario inspector Walter Soria (cuatro años y nueve meses), el comisario inspector Jorge Galleguillo (cuatro años y ochos meses), el oficial ayudante Ezequiel Vélez (dos años y medio), el cabo Leonardo Quevedo (cuatro años) y el comisario inspector Juan Gatica (cuatro años).
El Tribunal Superior de Justicia confirmó que hubo violencia institucional por el abuso "intolerable" del propio Estado, ratificando todas las condenas y marcando un precedente en la jurisprudencia cordobesa.
